Las organizaciones sociales quieren forzar el veto para la ley de megaminería como ocurrió en Mendoza en 2019

Entre gallos y medianoche, en una sesión ordinaria sorpresa y a espaldas de la sociedad. Así se aprobó anoche la megaminería en ciertas zonas del Chubut, donde la actividad estaba prohibida desde 2003. Aun antes de que se contaran los votos (14 a favor, 11 en contra, dos ausencias), había manifestantes en las calles, frente a la Legislatura, en distintas ciudades, insistiendo —como lo hacen desde hace casi dos décadas— con que “No es No”. 

La política hizo oídos sordos. Más que eso: rifó el agua de la provincia, un recurso ya escaso, posiblemente sentenciando a áreas enteras a convertirse en zonas de sacrificio en algunos años.

Chubut viene atravesando una emergencia hídrica. Tan extrema es la situación que hay poblaciones, como Yala Laubat, Cruz Epuyén, Cruz Comodoro y Cruz Pirámides, que están —en algunos casos, desde hace meses— sin agua. El fuego ya está arrasando nuevamente los bosques. Y, a futuro, el cambio climático no hará sino profundizar estos problemas. Sin embargo, el tema ni se mencionó en el debate de la nueva ley. Aun cuando lo que se aprobó es una actividad que usa millones de litros de agua por día y entra en competencia directa con el abastecimiento de la sociedad.

Las asambleas intentaron sumar su voz al proceso y arrojar luz sobre esta situación. Lo hicieron no solo en las calles, sino también a través de una Iniciativa Popular que buscaba incluir etapas y procesos no contemplados en la ley actual. Estaba avalada por 30.196 firmas, más del 7% del padrón electoral. Fue rechazada en una sesión exprés por la Legislatura en mayo. Pero ayer volvió a la sesión. Ahora buscan forzar un veto como sucedió en Mendoza en 2019.

No es difícil entender el porqué y para qué de la iniciativa oficial chubutense. Esta fue impulsada por el gobernador Mariano Arcioni, mismo funcionario que llegó al poder en 2017 apalancado, irónicamente, por una campaña en contra de la megaminería. Y tiene por detrás a la empresa canadiense Pan American Silver, que lleva 11 años empujando su Proyecto Navidad, un yacimiento de plata, cobre y plomo ubicado a 35 kilómetros de Gastre que la firma compró en 2009 (cuando la prohibición de la minería a gran escala y a cielo abierto estaba en plena vigencia). La política chubutense le entregó, ahora, una ley hecha a su medida, que habilita la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre. ¿Casual o causal?

Tal es la irregularidad del proceso que, entre quienes votaron afirmativamente, se incluye el diputado Sebastián López, quien hace un año fue expulsado del PRO después de que una cámara oculta revelara que había pedido $100.000 para votar a favor de la minería.

Así, hoy, la minería tiene luz verde oficial en el Chubut. Pero, no, licencia social. Tampoco el apoyo de sectores académicos y científicos como la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Chubut y representantes del Conicet. Desde Chubut, gran parte de la sociedad insisnte en que no bajarán los brazos: sigue en las calles, todavía resistiendo la iniciativa, afirman. Su lema es “No es No”, defendiendo su recurso más vital, el agua. Y lo van a seguir haciendo, por más de que desde la política sólo respondan con silencio, violencia y represión.

PA