No son “VIP” ni de “máxima seguridad”, las dudas sobre dónde alojar a los condenados por el crimen de Báez Sosa

Los ocho condenados el lunes por el crimen de Fernando Báez Sosa permanecen en la Alcaidía del penal de Melchor Romero a la espera de ser trasladados a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), informaron fuentes de la investigación. La de Melchor Romero debería ser sólo un lugar de paso hasta que los presos son derivados a un pabellón, pero los responsables de la muerte de Báez Sosa cumplieron la prisión preventiva hasta el inicio en ese lugar: casi tres años. La incertidumbre acerca de su nuevo destino, explicó una fuente a Télam, es el hacinamiento en los penales.

Según está nota publicada en Clarín, Ayrton Viollaz (23) y Enzo Comelli (22) regresaron a la celda número 6. Máximo Thomsen (23) y Luciano Pertossi (21) volvieron a la 7; Lucas Pertossi (23) y Blas Cinalli (21) se ubicaron en la 8 y Ciro Pertossi (22) volvió a compartir con Matías Benicelli (23) la número 9. Tienen permiso para salir al patio en un horario a contraturno del resto de la población carcelaria y ninguno pidió asistencia psicológica. Fuentes judiciales aseguraron que una de las posibilidades es que la defensa pida el traslado de los ocho condenados al penal de Campana, ya que estarían cerca de sus familias, en la ciudad de Zárate. Pero el SPB debe analizarlo por el hacinamiento que existe en mucho de los penales: la situación en Campana no es diferente.

El complejo penitenciario de Campana tiene tres unidades: la 21, con población carcelaria de máxima seguridad; la 41, de máxima seguridad pero de presos “menos complicados”; y la 57, destinada a jóvenes adultos que cometieron delitos menores. También hay una alcaidía que depende del Ministerio de Justicia bonaerense y cuyo jefe es un civil. Mientras las partes preparan las apelaciones, la jueza María Claudia Castro debe resolver cualquier cuestión que afecte a los condenados. Recién con sentencia firme, el juez de Ejecución penal de Dolores deberá supervisarlos.

La mañana del 18 de enero de 2020, horas después del crimen, el grupo de amigos fue detenido en el chalet que alquilaban, sobre la calle Alameda, en Villa Gesell. Eran diez en total, los que habitaban la casa. Entre ese día y el 29 de enero pasaron por las seccionales de Gesell y Pinamar; luego los trasladaron a la Unidad 6 de Dolores -la más antigua de la Provincia y la más poblada- hasta el 13 de marzo. En medio, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino fueron sobreseídos en la causa. El resto estuvo alojado en la alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, hasta el 1° de enero, cuando volvieron al penal de Dolores para presenciar el juicio en su contra, que terminó con una sentencia el lunes, día en que regresaron a Melchor Romero.

“En el Servicio Penitenciario Bonaerense el hacinamiento y la sobrepoblación responden a que los egresos del sistema nunca logran superar a los ingresos, que se encuentran en alza desde el año 2012. La prisión preventiva es la medida de coerción que sostiene la mayor cantidad de personas privadas de su libertad dentro del sistema: en enero de 2022 el 54% de las personas alojadas en cárceles y comisarías se encontraba sin condena”, indica el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hecho en conjunto con cinco organizaciones civiles con sedes en el interior del país.

VDM/MG