Comisarías bonaerenses: de la “ola de suicidios” de Walsh a los ahorcados cuyos casos mueren en la versión policial

José Camili tenía 19 años. En agosto de 1967, lo encontraron ahorcado en una comisaría de San Justo, provincia de Buenos Aires. El periodista y escritor Rodolfo Walsh narró brevemente su historia en la emblemática crónica “La secta del gatillo alegre”, publicada por entregas en el Semanario CGT de los argentinos, en 1968. “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomentan negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que contribuye a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados. San Justo, en ese sentido, es un lugar inconveniente cuya frondosa historia puede remontarse a 1957, con el picaneo de los gremialistas Mitjans, Ramos, Rodríguez y Amoroso”, escribió Walsh, en una investigación que reveló el accionar ilegal de la policía bonaerense en distintas localidades.

Aquella “ola de suicidios” en los calabazos que detalló el escritor de Operación Masacre hace 56 años volvió a golpear con fuerza en 2022. Durante ese periodo, como refleja esta investigación de la Unidad De Investigación (UDI) de elDiarioAR, trece detenidos fueron hallados ahorcados en diferentes comisarías de Buenos Aires, la cifra más alta de los últimos diez años. La mayoría de esas dependencias no estaban habilitadas para alojar personas. Además, la investigación judicial de muchos de esos supuestos suicidios ─confirman abogados de derechos humanos y peritos forenses que hablaron con este medio─ estuvieron plagadas de “irregularidades”. 

Entre los ahorcamientos de 2022 se encuentra el de Daiana Abregú, una madre de 26 años que el 5 de junio de ese año fue encontrada muerta en una celda de la comisaría de la localidad de Laprida. Como refleja su historia, la detención de Daiana, tras salir de un boliche, fue “arbitraria”. “No había razones para apresarla. Estaba caminando sola por la vía pública”, señaló Augusto Infante, director de litigio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Tras su muerte, distintos departamentos de la policía bonaerense participaron de la investigación del caso, violando así la Resolución 1.390 del Ministerio Público provincial. El dictamen exige, entre otras medidas, apartar a la fuerza de seguridad sospechada del crimen. 

El cuerpo de la joven, además, se preservó en una morgue de la policía provincial y los exámenes de su primera autopsia ─denunció la CPM─, no respetaron el Protocolo de Minnesota para muertes bajo custodia estatal.  Daiana era la única detenida aquella mañana en la dependencia cuando, horas después de su aprehensión, tres policías la encontraron “ahorcada” con las mangas de su campera de jean. Cuatro de los cinco oficiales implicados en su muerte volvieron a trabajar en la fuerza bonaerense. Sólo una efectiva será juzgada por “incumplimiento del deber” en el cuidado de Daiana. 

En 1968, Walsh no solo contó la presunta “ola de suicidios” en las dependencias bonaerenses, sino también describió las torturas y vejaciones que se realizaban dentro. Desde el uso de picanas eléctricas hasta los manejos espurios de los comisarios a cargo. La UDI de elDiarioAR reveló algo similar en la comisaría de Laprida. Dos vecinos que prefirieron no dar sus nombres contaron a este medio que fueron torturados por personal policial con la metodología del “submarino seco”, una modalidad de sumisión que consiste en la asfixia con una bolsa plástica en la cabeza. 

Juan Pablo Guzmán, vecino lapridense, también denunció que en 2020 fue torturado dentro de la dependencia con golpes y tormentos. “Les sacaron la tapa a sus linternas y me quemaron con el foco prendido”, narró Guzmán, cuyo testimonio fue presentado ante la fiscalía de la ciudad. Uno de los oficiales señalados en su denuncia fue imputado dos años después por el caso de Abregú. Además, en 2003, la dirección de Asuntos Internos de la provincia tenía previsto llegar a la ciudad para revisar una serie de expedientes y documentación sensible guardada en el destacamento. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto de 2003, el peritaje de esa investigación determinó que el fuego se originó de forma “intencional”. En la noticia figura que el excomisario de la estación separado por el caso de Daiana estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

El pasado 5 de junio, la familia de la joven hizo una marcha por el segundo aniversario de su muerte en Laprida en las inmediaciones del destacamento. Su hermana, Nahiara Abregú, de 19 años, le contó al elDiarioAR que distintos oficiales reprimieron a su familia durante esa jornada. Nahiara, sin embargo, sueña con entrar a la fuerza bonaerense para que no se repita lo de su hermana. “No la cuidaron como deberían. Lo dice hasta la justicia”, contó la joven 

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la CPM ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad ─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.

A nivel provincial, este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no hubo ninguna respuesta. Un vocero de ese organismo, sin embargó, ofreció una respuesta institucional frente a este reportaje: “Tu investigación no tiene sostén para la Justicia. Podes escribir como se hace casi siempre de todo y sin problemas para nosotros”.

Desde el  Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio. En ese sentido, el ministerio de Seguridad es quien se encarga de financiar a los abogados de los oficiales inicialmente imputados. El organismo también ofrece peritos forenses de parte para su defensa. elDiarioAR comprobó que un mismo médico ─empleado del ministerio de Seguridad provincial─ participó como perito de parte en al menos cuatro casos de ahorcamientos en comisarías que presentan irregularidades. El mismo médico sostuvo en diferentes instancias periciales que Alejandro Martínez (2021), Daiana Abregú (2022), Nahuel Tasori (2023) y Sofía Fernández (2023) se quitaron la vida mientras estaban detenidos.

Los casos de ahorcamientos en dependencias provinciales relevados por este medio coinciden en su escena inicial: los arrestos de los fallecidos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte.

De José Camili a Marcos Portela

Así como Walsh relató el ahorcamiento de José Camili de 19 años en 1967 en una comisaría de San Justo, la UDI investigó el caso de Marcos Portela, de 18 años, en Moreno.  Según la versión policial, Marcos fue hallado colgado del tragaluz de su celda el lunes 5 de febrero en el destacamento N°8 del barrio de Las Catonas. El joven había salido de un boliche el sábado por la mañana junto a sus amigos cuando fue detenido por el supuesto robo de un celular. Lo alojaron en una celda de la dependencia. La misma estaba inhabilitada: no debió ser apresado allí.

Ana Córdoba, mamá de Marcos, contó que el mismo sábado, tras enterarse de la detención de su hijo y llegar al destacamento, un policía “vestido de civil” le pidió dinero para liberarlo antes de que lo “empapelen”. Es decir, antes de blanquear su ingreso en la comisaría a través de la fiscalía de turno. “Me pidió $150.000 para largarlo”, precisó la madre. “Pero llegué a juntar solo $115.000”, aseguró. En un cuarto privado de la comisaría, Ana le entregó el dinero, pero el supuesto policía no liberó a Marcos. “Me dijo que yo no le di nada y que me iba a hacer una denuncia por extorsión”, relató la madre.

Florencia Brandan, de 36 años, apresada un día después que Marcos en otra celda de la dependencia, fue la última persona en verlo con vida. “Me dijo que lo rociaban con un matafuego”, contó Florencia, quien también señaló que le vio “marcas de golpes en la espalda”. La exdetenida, además, denunció apremios ilegales contra su persona. “Me molieron a golpes adentro”, confesó. El policía que encontró al joven declaró que ese lunes había llegado “tarde” a la estación “por problemas familiares”.

Entre las pertenencias de Marcos que la policía le devolvió a su mamá estaba el supuesto celular robado. Era de una amiga de su hijo, pero los oficiales nunca le creyeron al momento de arrestarlo. “Parecía un chiste”, recuerda Ana. 

elDiarioAR intentó consultar a Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno, por las denuncias contra la comisaría N°8, pero no obtuvo respuesta. También contactó al fiscal Jonatan Lay de la UFI N°7 de Moreno, a cargo del caso de Marcos, pero se negó a hacer declaraciones sobre su hipótesis de investigación. Asimismo, este medio intentó nuevamente hablar con el ministerio de Seguridad de la provincia por el caso del joven de 18 años, pero no obtuvo respuesta. 

Las mismas comisarías

La localidad de Lomas del Mirador también forma parte de la crónica de Walsh. El 15 de septiembre de 1967 ─narra el periodista del Semanario CGT de los argentinos─ dos oficiales de esa jurisdicción hirieron de gravedad a una mujer que pasaba junto a ellos, luego de que se les “escapara” una ráfaga de disparos. 

Un domingo 17 de abril de 2023 en la misma localidad, Mauricio Castillo salió de su casa por la mañana a comprar facturas cuando fue detenido por un patrullero. Lo acusaban de un presunto robo que nunca se comprobó. Al día siguiente, en la celda de la comisaría N°2 de Lomas del Mirador, un oficial lo encontró ahorcado con su propio buzo. Esa misma jornada, mientras su cuerpo era trasladado a la morgue de Lomas de Zamora, la ambulancia agarró un supuesto “bache” que hizo que la cabeza del cuerpo de Mauricio se golpeara contra los fierros de la camilla. La UDI comprobó que la testigo de “oído” que confirmó esa situación en las actas policiales es una oficial bonaerense. Además, la ambulancia iba escoltada por un móvil bonaerense con dos efectivos de la misma localidad, algo prohibido por el Protocolo de Minnesota. 

La primera autopsia se hizo finalmente en la morgue de Lomas de Zamora. Los resultados, señala el abogado de la familia Gabriel González Craham, fueron “muy escuetos” y no describieron con exactitud algunos de los exámenes realizados.

“El informe exigía inferir muchas cosas y no llega a ninguna conclusión”, explicó el abogado. Además, destacó que “no se tomaron muestras de la herida en la cabeza”, dando por hecho que ocurrió luego de la muerte de Castillo. Con este escenario, el abogado solicitó una nueva autopsia con un perito de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. La misma se hizo el 9 de junio de 2023 en la Asesoría Pericial de La Plata, donde sí se puso el foco en analizar el golpe en la cabeza, a fin de comprobar si la herida fue causada antes o después de la muerte de Castillo.

Entre las medidas que impulsó en su momento la fiscal del caso, Karina Licalzi, se encontraba el pedido del celular de la víctima a fin de construir un “perfil psicológico” de Castillo. “Siempre quieren buscar que la víctima es un suicida en potencia”, afirmó Craham.

El escritor de El caso Satanowsky y ¿Quién mató a Rosendo? finalizó la entrega de su último reportaje en el semanario con un listado de las últimas muertes y torturas causadas por la policía bonaerense durante los primeros meses de 1969. 

Actualmente, podría repetirse ese escenario: el 8 de febrero de 2024, tres días después del caso de Marcos Portela en Moreno, Donato Antonio de Gregorio, de 55 años, fue hallado colgado en la comisaría N°1 de Merlo. El 23 de marzo, Jorge Guana, un albañil de 41 años, fue detenido y alojado por un supuesto robo en una comisaría de Bernal Oeste. A las pocas horas, lo encontraron ahorcado en su celda. Su familia niega la versión de un suicidio. El 22 de junio, según informaron medios locales, un joven de 36 años apareció con un lazo anudado a su cuello en la celda de una dependencia de la localidad de 9 de Julio.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED