En estos días hemos leído noticias y escuchado reflexiones de personas muy diversas en torno a la muerte del Papa Francisco. Entre ellas, las que más me interpelaron son las que sin provenir de personas necesariamente cercanas a la fe católica, compartieron su emoción frente a la figura de un líder social, espiritual, político (en el sentido más interesante de la palabra) que promovía el diálogo fraterno y el entendimiento entre seres humanos. Especialmente entre personas distintas o, más aún, personas que podrían considerarse distantes de las ideas morales de unos y otros. Las muestras de esa capacidad para acercarse en el sentido profundo de la humanidad fueron especialmente destacadas al recordar sus reflexiones en entrevistas, encuentros con jóvenes, activistas, feministas, personas trans. Tal vez es en los pasajes del documental Amén: Francisco responde donde se concentran muchas de las expresiones que ilustran ese interés por acercarse a otros con empatía, recibir sus interpelaciones, inquietudes y dolerse en el dolor de otros.
Esto me recordó un concepto que muchas veces aplicaba mi padre, Carlos Gherardi, que ejerciendo la medicina desde la especialidad de terapia intensiva se acercó a las reflexiones de la bioética del final de la vida. Citando a Engelhardt, sostenía que la ética pública de una sociedad plural se basa en la búsqueda de consensos que incluya no solo a los “amigos morales”, sino especialmente a los “extraños morales”.
¿Cuáles son las bases para ese consenso con los que parecen ser nuestros extraños morales? ¿Cómo volvemos a buscar oportunidades para la coincidencia en estos tiempos en que los consensos parecen tan esquivos?
La política se organiza alrededor de conflictos, acuerdos, desacuerdos, valores, en ocasiones tensionados por figuras que ocupan un rol preponderante en la discusión pública. Entre la polarización que exacerban los liderazgos autoritarios, sorprende la capacidad de otras sociedades para gestionar de manera civilizada sus diferencias con líderes políticos que se reconocen como adversarios y que aún así (o por eso mismo) administran sus disputas en el terreno de los argumentos.
La fuerza actualmente gobernante fue capaz de atraer votantes con la promesa central de ordenar las cuentas públicas, poner fin a la inflación y deshacerse de lo que describió como la “casta de políticos”. Amparado en un fuerte desencanto social frente a una gestión estatal deficiente y una pobre gestión de las políticas públicas, pudo avanzar en un feroz recorte del gasto público en particular atacando las prestaciones sociales destinadas a personas con discapacidad, atacando a las mujeres y recortando las políticas para protegerlas frente a la violencia de género, demonizando a ciertos colectivos como las personas migrantes y dejando desprotegidas a las personas LGBT tanto en términos de reconocimiento de su identidad como en la atención de su salud.
En los últimos meses, distintos estudios mostraron que el apoyo a las políticas de Milei durante su primer año en el cargo se basa en la expectativa positiva de recuperación económica, más que una mayoría que apoye toda la “batalla cultural” que el gobierno se empeña en liderar contra las mujeres, la igualdad de género y los derechos del colectivo LGBT.
Si esto es asi, entonces, como sociedad no hemos cambiado tanto. Y eso puede ser una buena noticia en la dirección hacia algun espacio en común para la conversación posible.
En una investigación que llevamos adelante de manera conjunta entre CEDES y ELA, relevamos los puntos de vista de varones y mujeres de Argentina en relación con la valoración de la intervención estatal, el rol del Estado en asegurar ciertos derechos a la población, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, la generación de condiciones para promover una vida libre y autónoma.
El estudio muestra que cuando las personas se toman tiempo para expresar su individualidad bajo premisas específicas, es decir, cuando piensan en sus experiencias, lo que saben o conocen de manera cercana, cuando se reflexiona en base a cada una de sus propias historias y trayectorias, podemos encontrar los detalles y matices ausentes del debate político generalmente marcado por grandes consignas.
Los cambios culturales no sólo se producen en el debate público, sino también en las actitudes de las personas en situaciones concretas de la vida cotidiana, donde los problemas y las soluciones muestran sus efectos positivos o negativos más de cerca. Estas experiencias particulares construyen visiones y valores sobre los problemas sociales y hacen que las personas estén más o menos en sintonía con la conversación propuesta en la agenda pública.
Los resultados de este estudio muestran que la sociedad argentina aún tiene una apreciación positiva de los derechos e igualdad de género como centrales para el bienestar de las personas y de la comunidad en su conjunto. Muestra que se aprecia un sendero de progreso que hemos recorrido en la última década, aunque todavía haya temas importantes que abordar.
Pese a los discursos descalificadores, la población mantiene niveles significativos de apoyo frente a las agendas de género que promueven la igualdad de oportunidades para mujeres, niñas y adolescentes. Casi 6 de cada 10 personas percibe que existen desigualdades grandes o muy grandes entre varones y mujeres, aunque la mitad también cree que estas desigualdades son menores que hace 10 años. Ocho de cada diez personas entrevistadas considera que todavía es necesario “hacer mucho” para garantizar la igualdad de derechos en el país. Incluso es posible pensar el Estado como un inversor en desarrollo social, ya que una amplia mayoría (más del 80%) cree que el Estado debería “invertir mucho” o “bastante” en “aumentar salarios en salud y educación”. Más del 70% considera lo mismo respecto de “distribuir alimentos a comedores”, y un 70% en lo relativo a “facilitar métodos de prevención de embarazos” especialmente para adolescentes.
La “violencia por motivos de género en la pareja” es considerada el principal problema que enfrentan las mujeres, seguido de “exposición a abusos y a violencia sexual”. Y sin embargo, la actual gestión del gobierno nacional apeló la decisión de un juez que a ordenó frenar el vaciamiento de los programas para acompañar a víctimas de violencia, sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas y no despedir personal, ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Las personas encuestadas creen también que la mayoría de la sociedad argentina está de acuerdo con distintas intervenciones, políticas o campañas que fomenten la igualdad de género. El estudio nos muestra un camino para el encuentro de una sociedad que se ve en muchos sentidos fracturada. Pero lo cierto es que hay espacio para la conversación y la construcción de consensos con personas con las que podemos disentir en muchos temas, pero con quienes compartimos aspiraciones comunes en torno a la no discriminación, la protección de personas en situación de vulnerabilidad y el rol del Estado en ese trabajo. Hablemos sobre cómo hacerlo.
Para eso, las instituciones y el respeto por los valores democráticos son fundamentales. La experiencia de los últimos meses fue de un enorme desgaste cuando se tensó la interpretación de la Constitución Nacional para promover una aplicación amañada de la posibilidad de nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, mientras los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo estaban en el Senado sin lograr consenso y acumulando cuestionamientos de todos los sectores. Quienes desde distintos roles y funciones nos opusimos a convalidar esos nombramientos, sentimos alivio por la contundente respuesta del Senado de la Nación que el jueves 3 de abril tomó la única decisión correcta: al rechazar los pliegos de ambos candidatos tomó una de las definiciones más trascendentales para nuestra República y nuestro Estado de Derecho dando un claro mensaje para evitar que este tipo de designaciones se repitan en el futuro.
La Constitución, sobre todo a partir de su reforma en 1994, promueve justamente aquello que hoy necesitamos: promover el encuentro a partir de la generación de consensos. La Constitución Nacional establece que los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema, quienes decidirán sobre nuestros derechos y tendrán la última palabra sobre la legalidad de los actos estatales, deben ser designados con el acuerdo de una amplia mayoría de integrantes del Senado de modo que cargos de semejante trascendencia sean ocupados por personas que debido a sus méritos profesionales e intachables trayectorias personales, logren un consenso amplio y transversal.
Los cargos aún vacantes en la Corte deberían ser ocupados por personas que crean firmemente y defiendan aquello que tenemos en común: la defensa de los derechos y la igualdad de género como centrales para el bienestar de las personas y de la comunidad en su conjunto. Juezas mujeres, para reparar ese déficit democrático de instituciones que no reflejan la diversidad de nuestra sociedad, donde podamos vernos reflejadas todas las personas, tanto amigos como extraños morales.
NG/DTC
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