No es solo cosa de mujeres: ¿qué piensan los candidatos a la Corte sobre nuestros derechos?

En las últimas semanas se llevaron adelante audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos del Senado en el marco del proceso de designación de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A lo largo de varias horas los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla repasaron sus antecedentes personales y profesionales, expusieron sus puntos de vista y respondieron preguntas de senadoras y senadores.

Entre las observaciones más recurrentes se les consultó, en su carácter de varones, si estaban de acuerdo en que la Corte debería estar integrada por alguna mujer. La respuesta de ambos fue positiva, sin que eso implicara para ellos contradicción alguna con el proceso que están transitando. 

Esto no es novedad: no hay candidatas mujeres propuestas por el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema, la única de toda la región de América Latina sin mujeres y aún cuando hay muchísimas juristas con la experiencia y la trayectoria para merecer ese lugar. La inconstitucionalidad de esa omisión ya fue señalada por distintos sectores y recalcar esto a los candidatos (que gustosamente aceptaron la postulación del Ejecutivo) no parece muy conducente. En todo caso, lo que los senadores y senadoras pueden hacer es no votarlos haciendo públicas las razones para ese rechazo. Ese es su derecho constitucional: otorgar o denegar el acuerdo para los candidatos que propuso el Presidente. Sin el dictamen positivo de la Comisión de Acuerdos los candidatos no pueden ser considerados por el pleno del Senado que, a su vez, sin el voto positivo de dos tercios de sus integrantes presentes, no podrán acceder a integrar la máxima instancia del Poder Judicial. 

Ahora, aún para quienes planteamos los cuestionamientos desde una perspectiva de género y poniendo el foco en el derecho de las mujeres a participar de los espacios de poder, nuestras observaciones fueron mucho más profundas y documentadas. No nos hemos limitado a observar que se trata de candidatos del sexo masculino sino que, además, planteamos que a juzgar por los antecedentes y presentaciones de los candidatos en las audiencias, parecen tener poco para ofrecer para defender con convicción a las mujeres y nuestros derechos.

Si bien se leyó en las audiencias una síntesis de las observaciones y preguntas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil, instituciones profesionales y académicas para cada uno de los candidatos, estas preguntas no fueron respondidas. Tampoco, en su mayoría, fueron retomadas por los senadores y senadoras, aunque algunos de ellos sí protagonizaron interesantes intercambios en los que urgieron a los candidatos dando lugar a algunas definiciones curiosas.

Por mencionar algunos ejemplos: la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló al juez Lijo que su currículum no precisaba si había completado la capacitación obligatoria en prevención de violencias como establece la Ley Micaela. La pregunta es muy pertinente ya que no solo se trata de una instancia de capacitación obligatoria sino que además tuvo su origen precisamente en la deficiente atención de una situación de violencia de género por un integrante del sistema de administración de justicia que derivó en el femicidio de la joven Micaela García. El juez Lijo respondió: “Sí, es una omisión en mi currículum solamente, lo relativo al curso de la Ley Micaela. Aparte, le agradezco que me lo señale.” No afirmó expresamente haber completado el curso, ni cuándo ni en qué circunstancias. Solo se manifestó extrañado por la omisión porque “lo revisé”. 

Luego, sin que nadie hubiera formulado expresamente la pregunta sino como parte de su introducción inicial, el Lijo hizo referencia a las medidas que se deben tomar para facilitar el acceso a la justicia y en ese contexto hizo referencia a la Oficina de Violencia Doméstica que funciona en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una pena, sin embargo, que nadie le pidiera una aclaración respecto de su propuesta de descentralizar esa oficina a través de convenios con “iglesias de cualquier credo y otros actores de la sociedad civil”, ya que muestra un claro desconocimiento de qué hace y cómo trabaja la OVD desde hace 18 años.

Por su parte, probablemente el senador que más en apuros puso al candidato García Mansilla fue Martín Lousteau, que insistió en sus preguntas sobre la interpretación de la ley 27.610 que resolvió la legalización y despenalización del aborto luego de un amplísimo proceso de debate que había iniciado en el ámbito parlamentario en 2018 y del que García Mansilla fue parte manifestándose en contra. Las respuestas del ahora candidato a juez sobre estas cuestiones fueron evasivas generales, insinuando que las organizaciones de la sociedad civil hacíamos una lectura equivocada de sus expresiones académicas (que presumiblemente no sostendría en caso de ser elegido para integrar la Corte) y además que la Corte Suprema de Argentina dificilmente tendría que resolver casos sobre la constitucionalidad de la ley de aborto. Es una pena que no se haya seguido esa línea de intercambios, porque hay efectivamente varios casos impulsados desde distintos sectores en contra de la constitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, uno de ellos impulsado con el patrocinio jurídico del ahora Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra. 

Justamente, hay dos casos en los que apenas asumido el nuevo gobierno se conocieron los dictámenes de la Procuración General de la Nación en los que admiten la legitimación de dos grupos en representación del “colectivo de personas por nacer” en contra del Constitución, leyes nacionales y acordadas de la Corte. Con su opinión, la Procuración General allanó la vía judicial para arremeter contra el derecho a la interrupción del embarazo. Entonces no es que las organizaciones o los senadores desconozcan que la situación jurídica de la legalización del aborto es distinta a la situación de Estados Unidos donde la legalización fue resuelta por la Corte Suprema en el famoso caso Roe v. Wade (1973), limitado de manera reciente por un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de ese país. Hacia ese lugar fue la respuesta de García Mansilla. Es que conocemos a los actores locales, sus estrategias y miradas. Por eso es tan relevante considerar quiénes integrarán nuestro máximo tribunal y cuáles son sus miradas sobre la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y nuestros derechos.

El procedimiento vigente para la evaluación de candidatos a la magistratura no contempla y la Comisión de Acuerdos no facilitó un espacio de intercambio directo entre la sociedad civil e instituciones especializadas y los candidatos. De esa manera se perdieron oportunidades de repreguntar o confrontar más directamente sobre algunas de las cuestiones observadas a lo largo del proceso.

Para ELA y para varias de las organizaciones que presentamos observaciones a ambos candidatos no se trata solo de que no sean mujeres. Ese reclamo está claro y se dirige más a la constatación de que para una buena parte de la clase política el género es accesorio y no centralmente constitutivo de una forma de comprender la democracia y la conformación de sus instituciones.  

Se trata también de una falta de consideración y respeto por temas que son centrales para la dignidad y el bienestar de las mujeres. Si García Mansilla considera, como escribió en sus contribuciones académicas, que los tribunales deben interpretar el derecho a través de una postura originalista: “...los jueces tienen que aplicar el derecho tal cual es, mirando para atrás no para adelante, y respetando el texto, la estructura y la historia de la Constitución…” (El Dial, 2020) una pregunta importante es cómo se aborda el riesgo de ignorar y minimizar la evolución de la sociedad y, en particular, las nuevas demandas respecto a la igualdad de género, la igualdad racial, entre otras. Cómo sería interpretar la Constitución para el mundo de hoy y para el mundo que anhelamos para los próximos 20 años, para nosotras, nuestras hijas, para nuestra comunidad, anclados en una etapa en la que las mujeres no tenían siquiera derechos de ciudadanía.

Ante la falta de espacios que permitan una efectiva participación de la ciudadanía en el marco del proceso de designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 22 de agosto organizaciones de la sociedad civil convocamos una audiencia pública ciudadana en la Cámara de Diputados para expresar nuestras preocupaciones en torno a los candidatos. El video completo del evento se encuentra disponible en este link.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en justicia y derechos humanos, de la academia y del periodismo expusieron sus posturas sobre las candidaturas.  La audiencia fue convocada por ACIJ, Amnistía Internacional, CELS, ELA, INECIP, Poder Ciudadano y Human Rights Watch. Además, adhirieron a la iniciativa otras 20 agrupaciones de distintas provincias del país y participaron los diputados Fernando Carbajal, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Juan Manuel López y las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Fein y Lionella Cattalini.

En este evento, a lo largo de más de tres horas se compartieron todas las razones por las cuales en nuestra opinión los candidatos propuestos no deben ser designados. Los senadores y senadoras están a tiempo de mostrar su compromiso con la calidad de nuestras instituciones y honrando el mandato que la ciudadanía les confirió, generar un nuevo espacio de participación para que en el diálogo se puedan dar las razones públicas para acompañar o no, la propuesta del Poder Ejecutivo. 

Hace algunas semanas me preguntaba desde este  mismo espacio en qué medida ésta es una preocupación que trasciende el mundillo jurídico y de nuestras organizaciones, y cómo podría eventualmente mostrar su impacto en la comunidad de manera más amplia. Bien sabemos que las decisiones de la Corte afectan nuestros derechos y el rumbo que marcan moldea las decisiones de otros tribunales de todo el país, en todas las instancias, en todas las materias. Pero esto parece muy alejado de la ciudadanía. En todo caso, parte del ejercicio democrático debe ser mostrar a la comunidad las razones públicas en las que basan las decisiones de las instituciones, luego de tomarse muy en serio las críticas de las posiciones contrapuestas.

Justamente, esa es la participación ciudadana que quedaría restringida con una postura que, como sostiene García Mansilla, niega la posibilidad de interpretación dinámica de nuestra Constitución y de la influencia ciudadana en el proceso democrático. 

NG/DTC