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Opinión
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El campo, motor exportador en una hora crítica, ruega a Milei que le corresponda su amor

El presidente Javier Milei junto al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, durante la muestra anual de la entidad en 2024.
17 de enero de 2025 11:39 h

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“Las bases están calientes”, repiten unos y otros en el llamado campo, los grandes y medianos productores de soja y maíz –los dos mayores cultivos argentinos– desde el norte del país hasta La Pampa. En las últimas tres semanas comenzó una nueva sequía que amenaza la cosecha gruesa –la del segundo trimestre– y no hay pronósticos de reversión. Las cotizaciones internacionales de la oleaginosa y el cereal se encuentran en el peor nivel desde la pandemia, por buenas previsiones de producción en EE.UU. y Brasil, y no se predicen recuperaciones. Javier Milei, de quien se habían enamorado en campaña con sus promesas de liberación inmediata del cepo, las retenciones y los mercados, sólo quitó regulaciones, pero mantiene por ahora los impuestos a la exportación y los controles cambiarios, aunque jura que los eliminará en algún momento de 2025. Mientras, el peso se fortalece frente al dólar, lo que encarece los insumos medidos en divisas, y se perjudica esta y otras producciones de bienes y servicios, desde la industria al turismo, el software y lo audiovisual.

Pero en el campo nadie se queja de forma explícita del tipo de cambio. Nadie habla de piquetes como en 2008 contra el kirchnerismo ni tractorazos al costado de la ruta como intentaron con poca convocatoria en el anterior gobierno. No creen en esas metodologías desgastadas. Menos con un Milei al que le gusta crearse enemigos y al que aman por su ideología. Sólo le piden una prueba de que les corresponde su amor.

Por eso, este jueves en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en el centro porteño, ni el anfitrión, Carlos Castagnani, quizá el más iracundo de la Mesa de Enlace, menos el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, amigo del presidente, ni los representantes de los más chicos, Andrea Sarnari, de Federación Agraria, ni Lucas Magnano, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), discutieron ninguna idea de protesta sino una invitación al diálogo, eso sí, urgente, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el pasivo secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que la semana pasado escuchó por zoom y sin respuestas a un grupejo de autoconvocados. Los de la Mesa de Enlace les piden que eliminen ya las retenciones.

Quizás la única disidencia entre los cuatro de la Mesa de Enlace esté vinculada a las palabras “eliminación” e “inmediata”, que aparecieron en el comunicado conjunto. Pino y Castagnani fueron los que impusieron esa exigencia de máxima y apurada. Van por todo. Sostienen que la seca de las últimas semanas, aunque no sea tan grave como la de 2023, provocará fuertes pérdidas y no podrán pagar impuestos por exportar en rojo. Por tanto, alegan que no pueden esperar a que la rebaja tributaria ocurra después de la cosecha gruesa, como pretendía el Gobierno.

Milei y Caputo preveían primero profundizar la motosierra fiscal y consolidar el déficit cero por segundo año consecutivo antes de suprimir el gravamen que recauda el 6% del total de los ingresos estatales. En cambio, Sarnari y Magnano se mostraron más comprensivos de los argumentos oficiales y admiten que una solución puede radicar en una desgravación gradual que comience por los productores más pequeños y después llegue a los grandes. Argumentan que son los chicos los que corren riesgo de quebrar y que los grandes pueden aprovechar esa situación para expandir sus tierras propias o alquiladas, lo que confirmaría un proceso de concentración que se afirma década a década.

Desde la Rural hasta Federación aclaran que esta crisis de rentabilidad negativa nada tiene que ver con las malas apuestas financieras de proveedores del agro como Los Grobo –propiedad en un 90% por el fondo Victoria Partners y con sólo 10% en manos de los Grobocopatel–, su controlada Agrofina, Red Surcos y Campo de Avanzada. Pero estas cuatro empresas en default y los productores tienen en común que invirtieron en insumos a mediados del año pasado, con un dólar blue a $1.500, que ahora cotiza a $1.235. Productores y transportistas protestaron este martes frente a una sede de Los Grobo porque temen que no les pague lo que les debe.

Más bifes que granos

Mientras, algunos sojeros y maiceros ya dan por perdida la cosecha por la incipiente sequía y dejan que las vacas para carne o leche entren a los campos a alimentarse con plantas a las que no vale la pena pasarles el tractor. Por primera vez en dos décadas se les retribuye más por vender bifes que granos.

Hace un mes, la Bolsa de Comercio de Rosario preveía una buena cosecha de 52 millones de toneladas de maíz. Pero ha habido un giro radical en las expectativas porque desde la segunda quincena de diciembre dejó de llover. Ahora la entidad anticipa 4 toneladas menos, una merma del 7%. Y puede ser peor. “El amor a Milei sigue, el productor culpa de todo al kirchnerismo, pero también hay que vivir”, explica la preocupación un dirigente del sector que veraneó por Punta del Este y la encontró menos cara que la Argentina. ¿Su referencia? Un saco de lino: “Allá costaba US$200, acá cuesta 600”. Ah, bueno.

El analista político Carlos Fara pasó por Santa Fe y Córdoba y palpó la calentura agraria de verano. “Es un sector que apoya lo que el Gobierno quiere hacer, pero al Gobierno no le dan números ni tiene manera de amortiguar los costos, no lo va a poder resolver dejándolos satisfechos”, analiza.

Por el contrario, los gobernadores santafesino, el radical Maximiliano Pullaro, y cordobés, el peronista anti K Martín Llaryora, enarbolan sin costo político alguno el reclamo contra las retenciones. Habrá que ver si les rinde en términos de votos. En Santa Fe, por ejemplo, hay elecciones provinciales en abril y no está claro que La Libertad Avanza haga buen pie.

La Fundación Barbecheando, que se autodefine como la “voz del campo en el Congreso” y que preside Ángeles Naveyra, impulsa candidaturas agrarias en los comicios nacionales de octubre. Detrás está la mano del Consejo Agroindustrial Argentino, que también clama contra las retenciones, y mantiene buenas relaciones con Pullaro, Llaryora y Rogelio Frigerio, el gobernador entrerriano del PRO que a su vez aparece en cada vez más en sintonía con Milei.

Mientras, en Entre Ríos crece la figura opositora de Guillermo Michel, exjefe de la Aduana en el anterior gobierno que ahora se queja de que crecen tanto las importaciones con el presidente libertario que hasta en su provincia citrícola se venden naranjas egipcias. Quizás haya algún voto castigo, pero nada de protestas por ahora. No hay clima para quejarse del gobierno que por ahora derrotó la inflación y endulza con el dólar barato a quienes veranean en el exterior, compran productos importados y ven que sus clubes se refuerzan con estrellas que jugaban en Europa. No se le anima ni Paolo Rocca, pese a que le arruinaron el negocio de prohibir exportar chatarra, ni los sindicalistas de la CGT. Menos se le rebelará el campo.

Eso sí: la Mesa de Enlace sumó al pedido principal contra las retenciones otros de asuntos clave para el campo: la infraestructura, la conectividad digital –con la llegada de la Starlink de Elon Musk no alcanza– y la inseguridad. Ante un gobierno que paralizó la poca obra pública que había y que ahora privatizará rutas como la del Mercosur, las cuatro entidades les piden por caminos rurales y accesos para trasladar la producción, la hidrovía del río Paraná, los puertos y los ferrocarriles.

El negocio de la hidrovía

Este miércoles, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó una medida cautelar de la dragadora belga DEME para frenar la licitación de la hidrovía que considera hecha a medida por el Gobierno para que venza su compatriota Jan de Nul, que mantiene el negocio desde hace 30 años. También se quejan sus rivales neerlandesas Boskalis, Van Oord, la estatal china CCCC Shanghai Dredging y la danesa Rohde Nielsen. Ilustran con un cuadro (ver adjunto) cómo sólo Jan de Nul cumple con todas las condiciones que impuso el Gobierno en el pliego. Es una privatización del ministerio de Luis Caputo, pero en la que mete cuchara su sobrino y asesor presidencial Santiago Caputo. La Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre los que hay aceiteros y otros que comercian autos y contenedores, envió este lunes una carta a Economía en la que piden que se valore más la oferta económica de la licitación, es decir, un peaje barato. Hasta ahora el énfasis del Gobierno está puesto en destacar las obras de profundización del río para permitir que los buques hasta dupliquen su carga, y no en la tarifa, un asunto al que Jan de Nul le han reprochado en estas tres décadas de operaciones.

Fuera del campo, motor de las exportaciones argentinas, a pocos sectores económicos les va bien, entre los que se encuentran el financiero, el minero y el energético, que ahora hace malabares para evitar que se amplíen los cortes de luz que sufren porteños y rosarinos.

Las distribuidoras eléctricas admiten que se incendió una cámara de Edesur, de la italiana Enel, pero lo consideran habitual en verano, apuntan que los déficits de inversión están en la transportista Transener, de Pampa Energía (el grupo de Marcelo Mindlin), mientras que la ola de calor se cubre importando luz de Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia y sin necesidad de pedirles aún menor consumo a las grandes empresas. El presidente de YPF, Horacio Marín, viajará la próxima semana a India para firmar el primer memorandum de entendimiento para exportar gas natural licuado (GNL) con un barco –no con una planta– a partir de 2028, ya recibió ofertas de bancos para reprivatizar Metrogas y acordó con Central Puerto–-la eléctrica de Nicolás Caputo, primo de Luis, y otros socios– la provisión a mineras del noroeste argentino (NOA).

En cambio, en Punta del Este, los industriales José Urtubey y Tomás Karagozian cenaron en casa del abogado Andrés Prieto Fasano en el barrio Beverly Hills –uno de los más caros por sus casas a US$4.000 el metro cuadrado– con otros empresarios como el de medios Daniel Hadad o el banquero Jacques Supervielle para armar una mesa de diálogo para asuntos de largo plazo, pero por fuera de esa discusión no pueden ocultar su preocupación por la competitividad. Hay fábricas que cierran o echan empleados. Esperan también rebajas de impuestos, como el de transferencias financieras, ingresos brutos o IVA, pero alertan que para ello la población debería estar dispuesta a mayores recortes de gasto público. Hasta ahora la motosierra cuajó entre los argentinos, pero mientras hay pacientes de cáncer que aguardan meses por su medicación.

El consumo tampoco levanta. En diciembre en los supermercados bajó 18% interanual, más que el 14% de todo 2024. En la costa atlántica bonaerense se percibe que el bajón continúa en enero, admiten en los grandes comercios. Y encima el secretario de Trabajo, Julio Cordero, impone un tope del 1% mensual en las paritarias, el mismo que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, le engrilleta al dólar oficial. Dos precios de la economía que se atrasan con tal de bajar la inflación. En el gobierno de Axel Kicillof tampoco prevén un repunte en 2025. Consideran que para que Milei mantenga el objetivo de desinflación y evitar un salto cambiario el consumo y los salarios deben permanecer planchados para que no suban demasiados los precios ni las importaciones. El ajuste fiscal y monetario continuarán. La apreciación del peso también. Vaca Muerta traccionará dólares, pero en La Plata opinan que no alcanzarán para todo el año ni tampoco resultarían suficientes los de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), facilitado por el nuevo gobierno de Donald Trump. Se necesitaría, en opinión bonaerense, más endeudamiento externo de las empresas y por qué no también el regreso del Gobierno a los mercados voluntarios de deuda, en los que perdió acceso en 2018. Tomar préstamos, una especialidad de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri.

AR/MG

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