Economistas temen un piso de inflación del 120%, mientras discuten si frenar la inercia o ajustar fuerte el gasto y la emisión monetaria

A Sergio Massa la mayor inflación mensual en 32 años le cayó como un mazazo. Al Frente de Todos también. A la población, peor. Pero en las filas del Ministerio de Economía repiten que ya van a venir índices menores en abril. Ya lo decían para marzo y resultó el doble de lo prometido. En el Palacio de Hacienda esperan que este mes ya pase el efecto de las subas estacionales, como el 29% de la educación, por el inicio de clases, o los impactos de la sequía y la gripe aviar en ciertos alimentos, dos factores que hicieron elevar 1,5 puntos el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo. En concreto, en las frutas, las verduras, la carne vacuna, el pollo y los huevos. Claro que la seca está remitiendo, pero ahora está sintiéndose sus efectos en los ingresos de dólares por la menor exportación de soja y maíz, que se cosechan en el segundo trimestre del año. Por lo pronto, Massa sigue firme como ministro, aunque cada vez más débil como hipotético candidato presidencial.

En el dividido PRO vaticinan que la inflación termine el año en más del 120%, por encima del 110% que preveía el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central. También entre los economistas del sector privado prevén ese piso para el IPC a diciembre próximo. En el partido de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta identifican lo que ellos consideran que son las causas del alza cada vez mayor de precios: “La emisión monetaria equivalente al 10% del PBI en 2022, sobre un colchón de emisión por el Plan Platita en 2021, por las elecciones legislativas, sobre un colchón de emisión que el Gobierno prometía que no iba a generar inflación y que fue del 7% del PBI en 2020”. Es decir, según esta visión, toda la culpa es de la emisión, que a su vez es responsabilidad del déficit fiscal. Conclusión: la receta opositora radica en bajar drásticamente el gasto público. En el equipo de Larreta proponen poder transferencias a provincias para educación, salud y planes sociales, subir las tarifas de los servicios públicos y ajustar las erogaciones de las empresas públicas, incluidas las partidas de personal.

“Que no se dispare más”

En el Gobierno, altos funcionarios bromean con que ya sólo esperan la ayuda divina. Descartan que ocurra una hiperinflación, es decir, 50% mensual, pero temen que siga muy alta hasta las primarias presidenciales de agosto próximo. Faltan cuatro meses nomás. Dos para designar precandidatos. En el oficialismo tienen miedo de cómo impactarán las reacciones políticas ante el IPC, pero por ahora calculan que abril arrojará un 6,5%. Claro que todo puede empeorar desde que a las 16 de este viernes el Instituto de Estadística (Indec) informara que el indicador fue mucho peor a lo esperado, el 7,7%, con lo cual se retroalimentaron las peores expectativas a futuro.

“En este contexto sólo queda contener esta nominalidad chota y que la inflación no se dispare más”, se desconsuelan en el Gobierno. La nominalidad refiere al ritmo de aumentos del conjunto de precios de la economía, más allá que un mes se encarezca un producto más que otro. Para contenerla, el equipo de Massa apuesta a acumular reservas en el Banco Central con el dólar agro o intervenir en el mercado cambiario paralelo vendiendo bonos en dólares para evitar que se dispare la brecha entre la divisa oficial y el MEP (Mercado Electrónico de Pagos). Admiten que una caída de la economía por la sequía es una mala noticia, pero también ayuda a moderar la inflación.

En el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), el economista Federico Zirulnik recuerda que desde hace tiempo ese think tank cercano al kirchnerismo insiste en que el alza de precios actual tiene que ver con la inercia inflacionaria. Por ejemplo, como el IPC fue 95% el año pasado, casi todos los actores económicos ya arrancaron 2023 pensando en duplicar los valores. “Ya está todo desbocado y todos los contratos se van actualizando por la inflación pasada, incluidas las paritarias, los alquileres, los contratos entre privados, las tasas de interés, el tipo de cambio oficial por el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), los paralelos. Esa inercia lleva a que esto no tenga freno y mientras no se la ataque va a ser difícil de combatir”, razona Zirulnik. El CESO propone desde el año pasado un congelamiento temporario de todos los precios de la economía, incluidos los sueldos pese a su mal estado actual, con tal de frenar la inercia, pero reconoce que para lograr se requiere una fortaleza política de la que carece un gobierno en retirada y más reservas en el Central, por ahora escasas.

En la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), donde se desempeñaba la funcionaria Mercedes Marcó del Pont, el economista Pedro Gaite atribuye el 7,7% de marzo a los alimentos y bebidas, el rubro de mayor peso en el IPC, y a la ropa, otro factor de influencia considerable en el indicador. “A eso se sumó una actualización fuerte en educación. El punto es que hay enormes dificultades para frenar la inercia. La falta de dólares y la intensificación de los controles a la importación, más medidas como el dólar agro ponen un piso alto a la inflación de cara a lo que resta del año. Además, este proceso viene acompañado de corrección en precios relativos, que también dificultan desacelar la inflación. Es esperable que los regulados, como las tarifas, vayan por encima del índice general y echen leña al fuego, pero el problema es que la inflación núcleo sigue en niveles muy elevados. Y encima en marzo jugaron en contra factores estacionales. Hay un escenario de inflación elevado. Pero descarto una híper porque para eso tendría que haber una crisis cambiaria de magnitud. Con los controles cambiarios hay margen para administrar el tipo de cambio oficial, que está en valores relativamente competitivos. La tensión está en los dólares paralelos, el MEP y el contado con liqui. Pero se puede llegar a las elecciones sin devaluar”.

Shock del Fondo

El precandidato a presidente de Unidad Popular, el economista Claudio Lozano, aún dentro del Frente de Todos, advirtió: “El FMI le planteó a nuestro país la aplicación de un shock inflacionario como modo de procesar el ajuste en nuestro país. Alberto Fernández lo aceptó y Massa pretende cumplir sus metas. Al comenzar el acuerdo nuestro país tenía una tasa anual de inflación del 50%, hoy supera el 100%. La inflación y la desaceleración posterior de la actividad eran los resultados esperables del acuerdo. Nadie sensatamente podía esperar otra cosa. Hoy la pobreza ya se ubica en el 42,3% de la población. ¿Qué hace falta para darse cuenta que este no es el camino?”.

En el radicalismo, que sostiene la candidatura de Gerardo Morales, abogan por un plan de estabilización que permita frenar la inercia y que toda la economía, incluido el gasto público y previsional, piense con la inflación futura y no con la pasada. “No vemos una híper, pero sí que termines el año en 110 o 130%, lo que te permite licuar el gasto. Hay que ver qué pasa con las reservas, si podés acumular algo y dejás de perder como en los últimos meses. Esa es la clave”, agregan en la UCR.

En la Universidad del Salvador, el profesor Juan Miguel Massot advierte de que el 7,7% de marzo es una “fatalidad para la gente”. “Los fracasos de los programas económicos, cuando son importantes y persisten, contribuyen a que los votantes se inclinen por soluciones más claras en la materia. Esto se potencia si se suman el hartazgo por la inseguridad, la corrupción, la falta de soluciones y el exceso de narrativas inconducentes, tanto oficialistas como opositoras”, advierte con preocupación Massot. Sin decirlo, apunta a la candidatura de Javier Milei. Aún mantiene su proyección de 120% de inflación para todo el año. Ya está en 104% a marzo. En un banco extranjero calculan que si se mantiene el 7% de inflación mensual el resto del año, se cierra 2023 con un 124%. Los analistas más optimistas se ilusionan aún con un 100%.

AR