En medio de la disputa por la hidrovía del Paraná, el Gobierno le cambia la fachada al organismo que la controla

En medio de la disputa no exenta de polémica de tres multinacionales por la licitación de la Hidrovía del río Paraná, donde circula el 80% de las exportaciones de la Argentina y Paraguay, el Gobierno le cambió la cara este viernes al organismo contralor. Se disolvió la Administración General de Puertos (AGP) y se creó la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

Según anunció el vocero Manuel Adorni, la medida busca cerrar “un antro de corrupción y privilegios”, que supuestamente era la AGP. elDiarioAR ya contó semanas atrás que particularmente la licitación de la Hidrovía fue calificada por las propias oferentes de haber sido hecha por Javier Milei a medida del actual contratista y hubo pedidos para que sea anulada. La flamante ANPYN asumiría el rol de contralor de la Hidrovía.

“Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios. La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos”, publicó Adorni en sus redes sociales. Sin dar muchas más precisiones, dijo que “se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios”. 

Además anunció que “la cúpula directiva de la AGP será completamente removida”. Ayer ya había renunciado el hasta entonces subsecretario de Puertos y Vías Navegables Iñaki Arreseygor. El flamante organismo pasa ahora a depender del ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

Apenas conocida la noticia se supo de las primeras reacciones corporativas en favor del Gobierno. La Cámara Naviera, que aglutina a los transportistas fluviales de cabotaje y regionales le envió una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Fue así la primera entidad privada en hacer público el apoyo.

La polémica por la Hidrovía

El nuevo organismo se conoce en medio de la avanzada libertaria sobre el manejo de la hidrovía del Paraná, que se extiende unos 1.000 kilómetros desde la confluencia con el río Paraguay hasta la desembocadura en el río de la Plata.

Una dragadora belga y otra danesa reclaman desde hace semanas que la licitación abierta para renovar la privatización favorece a Jan de Nul, también de Bélgica, la actual concesionaria. Esta empresa recibió este año la autorización del Gobierno para encarecer 43% el peaje para compensar deudas dejadas por la administración anterior.

La belga DEME y la danesa Rohde Nielsen ya pidieron la nulidad de la subasta porque consideran que está hecha a medida de Jan de Nul, que draga el río desde que se lo entregó Carlos Menem en 1995. Se trata de un negocio codiciado: por esa ruta fluvial circula, peaje mediante, el 80% de las exportaciones de la Argentina y Paraguay y algunas de Bolivia y Brasil, aunque también la droga paraguaya, boliviana y peruana.

La compulsa tiene además el atractivo para el negociado de que hay pocos grandes jugadores en el mundo. Además de los tres ya mencionados, los otros rivales son las neerlandesas Boskalis y Van Oord. Y el gobierno de Milei ya dejó afuera a la china CCCC con el argumento de que es estatal. El 12 de febrero se cierra el plazo de ofertas para la licitación.

MC