“La democracia es para los chetos”, tuiteó irónico Galperin, dueño de MercadoLibre

— Conflicto Institucional

Coparticipación: se multiplican los repudios de cámaras empresariales al desacato del Gobierno al fallo de la Corte

Los inversores no sólo reaccionaron con el bolsillo a la decisión del Gobierno de desacatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Además de la suba del 3% de dólar blue este viernes, hasta $ 340, las diversas cámaras empresariales multiplicaron los comunicados de prensa para repudiar la actitud del presidente Alberto Fernández.

La Unión Industrial Argentina (UIA), que preside Daniel Funes de Rioja, tituló el parte: “La división de poderes es un activo que todos los argentinos debemos preservar, respetar y potenciar”. La consideró “fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional”. En el comité ejecutivo de la UIA se sientan directivos de poderosos grupos económicos como Techint, Ledesma, Arcor y Aceitera General Deheza (AGD), entre otros.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC), que encabeza Mario Grinman, manifestó su “profunda preocupación por la decisión del gobierno nacional de incumplir el fallo de la Corte”. “La CAC considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional. El flagrante desconocimiento del fallo dañaría severamente a nuestra República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno. La CAC hace un firme llamado en pos del pleno respeto de la Constitución y de las instituciones de la República, en el convencimiento de que solo bajo su imperio podremos ser esa Nación con desarrollo económico y social a la que los argentinos aspiramos y en la que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados”, advirtió esta cámara en cuya cúpula están Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), María Luis Macchiavello (Droguería del Sur), Federico Braun (supermercados La Anónima) y representantes de multinacionales como Peugeot (grupo Stellantis).

“La Constitución debe respetarse”, señaló la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que preside Jaime Campos y que agrupa en su comisión directiva a dueños de grandes compañías como Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó, Carlos Miguens Bemberg (de la eléctrica Central Puerto, la citrícola San Miguel y la bodega Peñaflor), Alfredo Coto, Braun, Luis Perez Companc (Molinos), Eduardo Elsztain (IRSA), Julio César Saguier (diario La Nación), Marcelo Argüelles (Sidus), Alberto Hojman (BGH), Marcos Galperin (Mercado Libre), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy, PAE), Macchiavello, Martín Migoya (Globant) y Carlos Blaquier (Ledesma). Es más, Galperin, el hombre más rico de la Argentina, volvió hoy a usar Twitter para hablar de política con su habitual tono irónico: “La democracia es para los chetos”. Galperin fue fiscal de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2019, antes de marcharse otra vez a vivir a Uruguay, destino que también eligieron otros empresarios como Migoya. En un registro más solemne, la AEA “subraya la extrema gravedad que supone que el Poder Ejecutivo pretenda no cumplir un fallo de la Corte Suprema”. Agregó que “la República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución”.

 La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) tituló: “Imprescindible respeto a los fallos de la Corte”. La ACDE, que preside Gonzalo Tanoira (San Miguel y Peñaflor), “ve con muchísima preocupación los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, alterando la tan necesaria división de poderes en nuestra República”. “Las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Corte por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías. La unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común, como lo es la obtención de la copa del mundo de fútbol, queda así desvirtuada por luchas en estamentos del Poder Público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento. Instamos al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte en particular, como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus Instituciones”, metieron el bocadillo mundialero en la entidad que auspician La Nación, Clarín, PAE, Telecom (controlada por Magnetto y los demás socios de Clarín), Dupont, el banco Galicia, Accenture, Andreani, Arcor, Insud (de Hugo Sigman), Murchison, Supervielle, IBM, Nissan y Toyota, entre otras empresas. También se manifestaron el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el Foro de Convergencia. Casi todo el establishment en contra del Gobierno.

Massa, ¿en desacuerdo?

Fuentes con diálogo frecuente con Sergio Massa advirtieron el desacuerdo del ministro de Economía con el desacato impulsado por el jefe de Estado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los gobernadores peronistas. Afirman que el abogado tigrense teme el impacto de esta decisión en el dólar paralelo y, por tanto, en su plan antiinflacionario. Añaden que además el fallo de la Corte se podría haber aplicado sin dañar demasiado las cuentas fiscales de la Nación. Otros funcionarios del Palacio de Hacienda niega un impacto en el tipo de cambio: “Qué tiene que ver el dólar con esto??? El FMI acaba de aprobar 6 mil millones más que van a las reservas”, whattsappean. Por ahora, voceros de Massa despegan a su jefe del entuerto: “Nosotros no intervenimos en el proceso. El proceso es: cobra impuestos la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) de manera automática, gira a una cuenta de distribución del Banco Nación y esa cuenta tiene coeficientes que distribuyen automáticamente, no es que Economía puede o no puede hacer un trámite”. Sospechosa prescindencia.

AR