“Es incumplible”: el Gobierno no acatará el fallo de la Corte por los fondos de CABA y habla de un conflicto de poderes

El gobierno no pondrá en vigencia la medida cautelar que dictó la Corte Suprema para otorgar fondos extra a la Ciudad de Buenos Aires. “El fallo es incumplible”, fue la síntesis del encuentro que mantuvieron Alberto Fernández con gobernadores del FdT, entre ellos Axel Kicillof, Gustavo Bordet y Gerardo Zamora, que estuvieron en Casa Rosada y otros que participaron de manera virtual, como el chaqueño Jorge Capitanich.

La decisión, luego de la reunión entre el presidente y los mandatarios, implica en la práctica desconocer lo resuelto por el máximo tribunal de Justicia que en una medida cautelar, considera “desprolija” por el oficialismo, decidió elevar de 2,32% a 2.95% el porcentaje de fondos que debe girar la Nación al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

En una reunión que se extendió por algo más de una hora, y que tuvo momentos ásperos, Fernández y los gobernadores acordaron que Nación no acatará lo resuelvo por la Corte. “No se puede cumplir porque no están los fondos”, es una de los argumentos si se quiere técnicos que anticiparon en el Frente de Todos. “Esos fondos no están previstos en el Presupuesto. El Ejecutivo ejecuta un presupuesto que aprobó un presupuesto. Si quieren que se otorguen esos fondos extra a CABA, el Congreso debería votar una modificación del presupuesto y, además, autorizar un endeudamiento extra para obtener esos fondos”, explicó uno de los participantes en la reunión.

La cautelar que el miércoles dictó la Corte generó, aunque se espera ese revés, una reacicón unánime del Frente de Todos que viene, con algunas ausencias como la de Omar Perotti, planteando que el tribunal resolverá a favor de Larreta. El miércoles, desde los gobernadores, surgió un planteo intenso para que Fernández tome alguna medida que deje sin efecto el fallo. El pedido de los mandatarios era que firme un nuevo decreto que restablezca los términos de lo que resuelto por 27606 del 2020, que reconfirmó el traspaso de la Policía a CABA y estableció la transferencia de fondos para ese fin. Esa ley fue la ley que la Corte dejó en suspenso y que aparece como una de las objeciones jurídicas a la cautelar.

Fernández, escoltado por el ministro del Interior, “Wado” De pedro, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, analizó el fallo con los gobernadores y resolvió que es inaplicable, no solo en términos técnicos y administrativos, sino también que implica una intromisión de la Corte sobre cuestiones que resolvió el Congreso.

“Se plantea un conflicto de poderes porque al Corte interviene sobre temas que no le competen, como el presupuesto, pero además dispone una cautelar que por la ley de Cautelares no puede disponer sobre cuestiones de recursos”, explicó la fuente. Aparece, entonces, esta idea de conflicto de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte, y abre la puerta para un tema que apareció en la conversación: la posibilidad de avanzar con un pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal de Justicia.

Esa decisión no tendría que ver solo con el fallo sobre fondos para CABA, sino por la sumatoria de decisiones que tomó el tribunal sobre todo en referencia al Consejo de la Magistratura, y las acciones vinculadas a esa misma acción. “Se nota animadversión de la Corte contra el gobierno. Uno no puede cuestionar un fallo pero si una serie de acciones y medidas”, apuntó un funcionario.

Montos

“Suspender la ley que fijaba el monto de 2.32% pero esa misma ley, en su artículo 1, autoriza el traspaso de la policía. Entonces, esa ley obliga a dar marcha atrás con el traspado de la policía a CABA”, confió una fuente que participó del encuentro.

Según explicaron, el articulo 9 de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado, la 26854, dice que no pueden dictarse sobre la “afectación de los recursos y bienes del Estado”. Esa norma invocan en el oficialismo. “Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.

La otra objeción jurídica es que afecta la ley 27701, del presupuesto 2023, que “determina ya el compromiso de los recursos y bienes del Estado”. Más simple: la Corte obliga a aumentar los recursos que se le deben dar a CABA pero no indica cómo ni de donde se deben obtener esos recursos.

“Para obtener esos recursos, debería aprobarse un nuevo endeudamiento del Estado nacional para darle fondos extra a CABA. Eso debería pasar por el Congreso”, se indicó y se planteó, entre los gobernadores, que eso se convertiría en un problema para Juntos por el Cambio (JxC), ya que llegado el caso los legisladores de JxC de las distintas provincias deberían avalar una medida que “le quite fondos a sus provincias para darle recursos a la Ciudad”.

Además, eso implicaría, contrariar el acuerdo alcanzado con el FMI que dispuso limitaciones para el endeudamiento y para la emisión.

Otoa de los cuestionamientos al fallo, que dicen que lo vuelve inválido, es que “en ningún lado” explica de donde sale calcula el tribunal el número de 2,95% al que eleva el porcentaje de recursos que Nación debería darle a CABA. “Eso es inaceptable: el tribunal no puede decidir eso sin explicar sobre qué bases toma esa decisión”, se afirmó.

Además de Kicillof, Zamora y Bordet, entre los mandatarios estuvieron Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Zilotto de La Pampa, Mariano Arcioni de Chubut, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Sergio Uñac de San Juan, Raul Jalil de Catamarca, Ricardo Quintela de La RIoja

PI