¿Qué ocurre si el Gobierno no le paga al FMI? La relación con el organismo y los impactos en el mercado

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene su manual de procedimiento en caso de que un país deje de pagarle. Es el que se aplicaría este viernes si la Argentina no le abona el vencimiento de US$ 731 millones como modo de presionarlo para arribar a un acuerdo de renegociación de la deuda. En un paper del FMI de 2018 y en un reciente informe de la consultora Quantum están detallados los pasos que sobrevendrían.

En lo inmediato, el staff del organismo comunicaría al país que debe ponerse al día en forma urgente y ya no le permitiría el uso de recursos del Fondo hasta que se levante el “atraso”. Técnicamente, con el FMI no se entra en default, como con los bonistas. A las dos semanas del impago, los técnicos de la sede central en Washington se comunicarían oficialmente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para advertirle de la seriedad del hecho y urgirle el desembolso. Por estas horas, la negociación con el jefe del Palacio de Hacienda ocurre entre bambalinas online. A cargo del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo se encuentra el brasileño Ilan Goldfajn, secundado por la norteamericana Julie Kozack, encargada del diálogo con la Argentina junto con el jefe de la misión para nuestro país, el venezolano Luis Cubeddu.

Al mes del impago, la directora gerenta del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, debería comunicarle el impago al directorio del organismo, donde se encuentran representados todos los países miembros pero donde pesan más Estados Unidos (16,5% de los votos), Japón (6,1%), China (6%), Alemania (5,3%), Francia (4%) y Reino Unido (4%). A las seis semanas, Georgieva debería reclamarle formalmente al país que se ponga al día y podría recomendarle a los directores que comuniquen el hecho a los gobernadores, que son los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países. Es que si la Argentina deja de pagar al FMI, se activa su burden sharing policy (política de distribución de la carga), por la que terminaría cobrándole más intereses a las otras naciones deudoras y pagándole menos a aquellas de las que toma dinero para financiar.

A los dos meses del atraso, la directora gerenta debería elevar una queja formal al directorio y a los tres, se publicaría que la Argentina deja de recibir cualquier asistencia, incluida la del combate a la pobreza, hasta cancelar su vencimiento. Esto impediría el acceso, por ejemplo, al Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad que está por crear el FMI para asistir con US$ 50.000 millones a países de ingresos medios y bajos para enfrentar la salida de la pandemia y la crisis climática. Se trata de uno de los reclamos que vienen formulando Guzmán y su par de México en las diversas reuniones multilaterales.

A los seis, nueve y 12 meses del impago, el directorio va revisando la situación y si considera que la Argentina no está haciendo los esfuerzos suficientes, puede declarar su “no elegibilidad” para recibir asistencia. Unos 11 países cayeron en esa categoría en los 80, mientras sufrían guerras, hambrunas o hiperinflación, como Sudán, Somalia, Perú, Sierra Leona o Zambia.

Algunas naciones cayeron en atrasos cortos, de menos de seis meses, como Grecia el 30 de junio de 2015. Aquella vez, de inmediato el staff se comunicó con el entonces gobierno de izquierda de Atenas y con el directorio del organismo. A la semana, el 61% de los griegos votó en un referendum que rechazaban un acuerdo con el FMI y la Unión Europea que implicara un ajuste. Pero el 11 y 12 de julio se celebró una cumbre europea sobre Grecia, con la presencia del Fondo, y entonces los países del bloque le pidieron que regularice los pagos, mientras que la administración de Alexis Tsipras, de la coalición Syriza, prometió hacerlo. El entonces ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, renunció en rechazo al ajuste, incluidas reformas laboral y jubilatoria, que Tsipras terminó aceptando. Para el 20 de julio, o sea tres semanas después del impago, Grecia saldó sus cuentas con el FMI mediante fondos de la UE.

El 8 de septiembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner también incumplió un pago con el FMI, pero a los tres días anunció un acuerdo con el organismo para refinanciar la deuda por tres años. Ese pacto estableció un superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 3% del PBI para 2004 -en cambio, en 2021, hubo un rojo del 3%-, mientras que para 2005 y 2006 se determinaría según la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. Las tarifas de los servicios públicos quedarían sujetas al procedimiento previsto por una ley que facultaba al Ejecutivo a aumentarlas -lo que nunca ocurrió durante 12 años de kirchnerismo- y renegociar los contratos. También se estableció una compensación a los bancos por la pesificación de los créditos en dólares que había decidido el gobierno anterior, el de Eduardo Duhalde, tras el colapso recibido de manos del de Fernando de la Rúa. Por último, se determinaron metas de reservas del Banco Central.

Aquellos países se retrasan más de seis meses se considera en “atrasos prolongados” y reciben un tratamiento más duro. Unas 31 naciones cayeron en esta situación, algunas como Sudán y Somalia por más de 30 años, pero recientemente se han puesto al día y ya no queda ninguna con retrasos. Otros con “atrasos prolongados”, de mayor a menor cantidad de tiempo en ese estado, fueron: Liberia, Camboya, Zimbabwe, Irak, República Democrática del Congo, Afganistán, Zambia, Vietnam, la desaparecida Serbia y Montenegro, Perú, Guyana, Sierra Leona, Panamá, Bosnia Herzegovina, Haití, Nicaragua, Honduras, Tanzania, Gambia, Chad, Jamaica, República Centroafricana y República Dominicana. En promedio estuvieron atrasados unos siete años, como Perú entre 1985 y 1993, entre los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori. Factores políticos y económicos han derivado en estos casos, según el paper del Fondo. Las salidas de los atrasos se concretaron con programas del FMI basados en el fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales. Cuba también entró en un impago con el organismo, del que se retiró en 1964.

A los 15 meses de un atraso, el Fondo evalúa la declaración de “no cooperación” del país en cuestión y entonces se prohíbe la asistencia técnica. A los 18 meses se le suspende el derecho al voto y la representación y a los 24 se iniciaría un proceso de expulsión. Sólo un país fue echado del FMI en su historia: la desaparecida Checoslovaquia en 1954, cuando estaba bajo el gobierno comunista.

El informe de Quantum, la consultora de Daniel Marx, que fue secretario de Finanzas en la crisis de 1999 a 2001, advierte sobre otras consecuencias si la Argentina impaga al FMI este viernes: “Los efectos de ingresar en atrasos son variados y de intensidad cambiante, aunque de difícil medición. Depende de la forma en que el deudor se vincula con el FMI, las políticas que se implementan para superar la situación y de su extensión temporal, entre otros. A continuación, mencionamos algunos de ellos:

* Variedad de interlocutores: dependiendo de la duración del evento de impago pueden ir cambiando los interlocutores dentro del staff (de seguimiento regular dentro del Departamento del Hemisferio Occidental, a representantes del departamento legal, de cobranzas, de asuntos especiales, etc).

* Organismos Internacionales: se limita el acceso a financiamiento de otros organismos internacionales (Bancos Mundial, BM, e Interamericano de Desarrollo, BID), salvo y eventualmente para asistir en proyectos sociales, aunque restrictivo.

* Financiamiento comercial: se restringe el acceso a financiamiento comercial de empresas para pago de importaciones, dificultades adicionales para acceder a crédito bancario, proveedores (empresas vinculadas o no), previsiones de empresas vinculadas, etc. En 2021, Argentina tuvo importaciones superiores a US$ 60.000 millones. A su vez, la deuda comercial (intercompany y con terceros) con vencimiento hasta en180 días está en el orden de US$ 30.000 millones.

* Mercado de dinero: caída (adicional) en la demanda de dinero, en combinación con aumento del financiamiento del Banco Central al Tesoro como principal fuente de financiamiento.

* Inversiones privadas: caída (adicional) de flujos de inversión ante escenario de mayor incertidumbre y dificultad para evaluar rentabilidad/costos.

* Sostenibilidad de la deuda: un eventual nuevo programa con el FMI podría poner en discusión la sostenibilidad de la deuda recientemente reestructurada (en 2020).

En todo este proceso, es esperable observar presión sobre las reservas internacionales, inestabilidad en los tipos de cambio (oficial y libres), mayores restricciones y controles al acceso a divisas para pagos e importaciones, caída adicional de la demanda de dinero, aumento del costo de capital y paralización de inversiones, entre otros. De esta manera, los efectos negativos de los incumplimientos con el FMI sobre la economía real no tardarían en materializarse. Además, en un escenario de atrasos, pueden existir incentivos políticos para posponer decisiones (por ejemplo, aumento de tarifas), aunque con claras limitaciones. Cabe preguntarse cómo se puede conciliar el armado y la ejecución de un programa económico consistente en los tiempos dados.“

 En un reciente informe del banco norteamericano JP Morgan a sus clientes se evalúa qué pasaría con la Argentina si incumple con el FMI: “Lo más relevante, dada la naturaleza de las obligaciones de Argentina con el Fondo, es que al país no se le permite ningún uso de los recursos del Fondo ni solicitud de uso de recursos del Fondo presentada ante el Directorio Ejecutivo hasta que se liquidan los atrasos. Es decir, el FMI no puede ‘refinanciar’ los atrasos. En nuestra opinión, esta limitación es de suma relevancia en este caso. Sería necesaria una fuente de financiamiento de terceros”. Más adelante, JP Morgan, en la letra de sus economistas Diego Pereira y Lucila Barbeito, evalúa: “Una posibilidad para liquidar atrasos con el FMI sería recurrir a los préstamos puente ofrecidos por otras organizaciones internacionales de crédito (BM, BID), a ser reembolsado tras la negociación exitosa de un nuevo programa. Este escenario podría estar en las cartas solo en caso de que la Argentina ya haya accedido en un programa con el staff (del FMI) y aprobado por el Congreso en marzo, pero los pasos administrativos impiden que el directorio firme antes de la fecha de pago. La falta tanto capacidad financiera como de convicción soberana para soportar un ajuste macroeconómico creíble para asegurar un acuerdo de alta calidad conspira contra la idea de que otras organizaciones tomen riesgo en la Argentina. En cuanto a otras posibles fuentes de financiamiento de divisas, el Hobierno ha impulsado el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad y se espera que estén en pleno funcionamiento para el fin de año. Las condiciones de calificación dictan un programa respaldado por el FMI con financiamiento o sin financiamiento concurrente, y se espera que el acceso al financiamiento esté limitado. Otra opción es negociar créditos bilaterales con los países a los que Argentina se ha vuelto cada vez más cercana, a saber, Rusia y China. Pero con activos limitados para prometer como garantía, los montos requeridos sugieren que las negociaciones tienen pocas probabilidades de salir bien”.

“El quid de la razón por la que creemos que el incumplimiento con el FMI es más costoso que lo que requiere la mínima consolidación fiscal necesaria para asegurar un programa es que, más allá de consideraciones técnicas, entrar en mora con el FMI implicaría frenar desembolsos de otras organizaciones multilaterales, así como líneas de crédito comercial”, opina JP Morgan. “En ausencia de fuentes externas de financiamiento de divisas, un escenario de incumplimiento del FMI implicaría una dependencia aún mayor del financiamiento del Banco Central para cubrir la brecha fiscal, lo que aumentaría la presión sobre los ya existentes altos niveles de inflación y profundizando aún más los desequilibrios financieros (por ejemplo, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo). En este contexto, probablemente veríamos presiones renovadas sobre las escasas reservas netas, pero también las reservas brutas debido al retiro de depósito de divisas por el riesgo percibido de pesificación. La confianza en el ya agotado canal del Banco Central aumentaría la probabilidad de una devaluación desordenada del tipo de cambio, alimentando nuevas expectativas de inflación. En total, en un escenario sin acuerdo representamos la inflación se eleva por encima del 80%, la brecha cambiaria se amplía por encima del 170% y un 2 o 3% de contracción del PBI en un lapso de 2 años. Por supuesto, la magnitud de tales desequilibrios depende de la postura del Gobierno en cuanto a la voluntad de seguir participando en negociaciones con el FMI y también del riesgo de que se materialice una sequía prolongada.”

Por último, el banco estadounidense descarta una ruptura total: “En caso de que el Gobierno se atrase con el FMI, creemos que aún se esforzará por mantener negociaciones con la idea de un eventual arreglo. Mientras dudamos de que tal estrategia resultaría exitosa si los atrasos se extienden por más de un trimestre, creemos que la administración intentará mantener un 'marco de negociación de buena fe'. Sería difícil, en nuestra opinión, pensar en llegar a un acuerdo en caso de un episodio prolongado de atrasos (más de dos trimestres)”.