Pese a la venia oficial para que Manzano se quede con Edenor, el gobierno admite que el sistema eléctrico es inviable

El dictamen técnico del ENRE que autorizó a José Luis Manzano y a sus socios a quedarse con Edenor, la distribuidora de luz más grande de la Argentina, tiene resonancias múltiples en el plano de la política y el poder. Pero no evita el debate de fondo del sistema eléctrico y la encrucijada que tiene por delante el Frente de Todos: seguir incrementando la masa de subsidios que se destina a sostener la operación de las 70 distribuidoras que abastecen a los usuarios de todo el país o aumentar las tarifas en un contexto en el que los salarios acumulan tres años y medio de caída.  

Casi dos meses después de haber sido renunciado a través de los medios por Martin Guzman, el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo sigue firme en su cargo. Además, su poder crece y se expande dentro del área de Energía. Identificado con La Cámpora y con la línea que marca Critina Fernández de Kirchner. Basualdo sostiene que la segmentación que reclama el ministro de Economía es un proceso complejo que llevará meses y, sobre todo, “no mueve el amperímetro fiscal”. Sin embargo, el problema es elocuente y está sobre la mesa de todos los despachos más importantes del gobierno. 

Este año, según las estimaciones que se manejan en el gabinete y entre las consultoras del sector privado, el Estado destinará unos 7000 millones de dólares a subsidiar la energía y el gas. La mayor parte son fondos que compensan el congelamiento de tarifas pero una parte, alrededor de 550 mil millones de pesos, se deben al Plan Gas que apunta a elevar la producción en Vaca Muerta y evitar en un futuro mediato la importación de combustibles que este año se repite. Pero hay algo más: junto con los subsidios directos que el fisco asigna al sector, desde diciembre de 2019 creció como nunca la bola de nieve de la deuda que las distribuidoras de luz tienen con la Compañia Administradora del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica (Cammesa), la forma de financiarse a través del Estado que las empresas encontraron para hacer frente al no aumento de tarifas. De acuerdo al informe de la jefatura de Gabinete ante el Senado, a septiembre del año pasado, la deuda de las compañías con Cammesa era de 137 mil millones de pesos. Pero a diciembre del año pasado, el número se había elevado a 142.887 millones de pesos, según publicó el portal especializado EconoJournal. Son unas 70 empresas entre las que figuran desde Edenor (18.000 millones), Edesur (20.800 millones) y Edemsa (también de Vila-Manzano, 9.813 millones) hasta cooperativas y firmas que están en manos de los estados provinciales como la santafesina EPE (15.356 millones), la misionera EMSA (12.623 millones) y la cordobesa EPEC (6758 millones).

Aunque Guzmán recuperó el diálogo con el sector que responde a la vicepresidenta y acaba de cerrar el acuerdo con el Club de París que le devuelve aire político, queda claro que perdió la discusión de corto plazo con la línea CFK. Acaba de quedar ratificado con los cambios del fin de semana pasado en Cammesa y el ingreso como gerente de un funcionario alineado con Basualdo y con el cristinismo, Sebastian Bonetto. El derrotado parece ser Dario Martinez, el secretario de Energía que llegó a su puesto con el impulso de Cristina pero quedó en una posición intermedia en la discusión en torno al aumento de tarifas y el recorte del sistema de subsidios pro-ricos del que hablo Guzman en la última oportunidad que se refirió al tema. Presidente de Cammesa en los papeles, Martinez perdió a Ariel Kogan que era el vicepresidente de la compañía y cedió su lugar a Santiago Yanotti, un abogado ligado a Juan Manzur que había trabajado en el tema de la segmentación antes del cruce Guzman-Basualdo. Una vez más, en el dispositivo kirchnerista el orden no es lineal y el poder no reside en la cúspide de un organigrama. Según le dijo a elDiarioAR un funcionario del área, los cambios de las últimas horas no representan de por sí una pérdida de poder por parte del secretario Martínez: solo blanquean la correlación de fuerzas en el rubro y expresan una debilidad preexistente.

Bonetto era subgerente de IEASA, la ex Enarsa, y durante el último cristinismo había integrado los equipos técnicos del ministerio de Planificación que habían trabajado junto a Roberto Baratta y Julio De Vido. Resuelta la disputa de poder, es de esperar que los choques que existían entre las distintas dependencias del gobierno ahora den paso a un funcionamiento más aceitado.

En los últimos meses Cammesa puso a consideración de Basualdo alrededor de 40 acuerdos con esas compañías para reducir la deuda a cambio de distintas modalidades previstas en la resolución 371/2021 de la secretaría de Energía y el artículo 87 de la ley de Presupuesto 2021: que se limpie el endeudamiento de los clientes que no pudieron pagar los servicios durante la pandemia o se invierta lo adeudado en infraestructura. En algunos casos como el de Formosa y Santiago del Estero, el acuerdo ya fue rubricado.

De estricto perfil bajo y con fuerte respaldo político, Basualdo cuida sus apariciones públicas -más después de que una de las entrevistas que dio provocara la furia de Guzman- pero se ubica entre los que advierten que el sistema es inviable porque las distribuidoras de luz hoy demandan una masa formidable de recursos solo para garantizar su operación. Es un debate de fondo que permanece solapado y deberá aguardar, como tantas cosas, a que pasen las elecciones. Entonces, el Frente de Todos se encontrará ante la disyuntiva de aumentar fuerte las tarifas -que así como volaron durante el gobierno de Macri con subas descomunales ahora llevan más de dos años retrasadas- o considerar la posibilidad de una estatización. Si el gobierno de los Fernández decidiera optar por esta última vía en lugar de soltar las tarifas como reclama el sector privado, no sólo se desataría una guerra con el establishment sino que pondría a los intendentes del Gran Buenos Aires que hoy maldicen a Edesur y Edenor en la incómoda posición de culpar al Estado ante las fallas del servicio. Sobre todo a los de la tercera sección electoral, donde predomina el peronismo y el conflicto con Edesur lleva años. Quienes desaconsejan la vìa estatal para resolver esa tensión, afirman que Néstor Kirchner nunca quiso ser el destinatario directo del malhumor de los usuarios en materia de energía eléctrica y por eso nunca consideró esa posibilidad en su mapa de estatizaciones. En ese caso, la opción sería retomar el plan Guzman: un acuerdo con el Fondo y la reducción de subsidios vía aumento de tarifas. Pero claro, para eso, los salarios deberían ganarle a la inflación en 2021 y recuperar al menos parte de lo que perdieron en la temporada larga de ajuste.

DG