Plazos, inversiones, biodiesel y transgénicos: los puntos que el Gobierno busca revisar del acuerdo Mercosur-UE
Lo dijo Alberto Fernández en su reciente encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz y también Luiz Inácio “Lula” da Silva en la conversación telefónica que tuvo en las últimas horas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: esperan llevar el demorado acuerdo entre el Mercosur-UE a la recta final. “Nosotros queremos que de una vez por todo podamos finiquitarlo, ponerlo en marcha”, resumió en conferencia de prensa Fernández, que sin embargo instruyó en privado a sus funcionarios a revisar algunos puntos antes de darle el aval final.
El corazón del tratado de libre comercio, las condiciones arancelarias, ya está cerrado y no existe la posibilidad de “reabrir” esa negociación, que demandó más de dos décadas, pero el Gobierno argentino aspira a conseguir algunas concesiones puntuales. Especula con que Europa, en un momento en que necesita fortalecer lazos con proveedores globales de insumos clave como energía y alimento, esté más dispuesta a ceder.
¿Cuáles son las cosas que se pretenden revisar la Argentina? Por un lado, los plazos: negociar una apertura más progresiva para suavizar el impacto en aquellas empresas que tienen mayores dificultades para competir. En segundo lugar, aumentar las inversiones comprometidas y en tercero, mejorar algunas de las condiciones impuestas por el pacto verde europeo. A los productos latinoamericanos, por ejemplo, se les computan los kilómetros de envío como parte de su “huella de carbono”, lo que les baja inevitablemente la calificación y su elegibilidad por parte de los consumidores europeos.
Hasta el cambio radical de contexto que imprimió la invasión Rusia a Ucrania, de la que se cumple este mes un año, Europa era la parte que más escollos ponía al acuerdo. El principal deriva del New Green Deal, un amplio programa de desarrollo “verde” acordado por la organización supranacional que implicó objeciones sobre lo ya acordado con el Mercosur. Los parlamentarios europeos se niegan a darle aval a un acuerdo que podría generar mayor deforestación, sobre todo en la zona del Amazonas, vinculada al aumento de la producción de soja y carne que llegaría al Viejo Continente.
La salida de Jair Bolsonaro del gobierno de Brasil, que avaló el arrasamiento de los bosques nativos para fines productivos, y su reemplazo por Lula da Silva, que designó a la ecologista Marina Silva como ministra de Ambiente, son un factor clave en el avance de la discusión. Si en el pasado las conversaciones comerciales y medioambientales se daban en dos planos separados hoy ambas están completamente imbricadas, con la agenda medioambiental incluso por delante.
Hay, además, una serie de puntos calientes sobre los que la Argentina pretende volver. El biodiesel es uno de ellos. El programa de transición energética europeo no computa a los combustibles producidos a base de alimentos como “verdes”, por lo que busca limitar su uso y, en el mediano plazo, su erradicación. Estos términos ya le costaron al país una reducción de US$1.700 millones anuales en exportaciones, que el Gobierno pretende hacer valer. “Ya arrancamos US$1.700 millones abajo”, le espetó el canciller Santiago Cafiero al equipo de Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, en su reciente visita a las oficinas belgas.
Otro punto son las denominaciones de origen. Por ejemplo, la Argentina tiene conflicto con España por las denominaciones de Rioja y Córdoba y con Italia por identificaciones de quesos como reggianito o parmesano, lo que no permitiría exportar productos identificados como tales. Va más allá de una discusión semántica: cambiarle la denominación, como se hizo en otros casos, implicaría perder ventas. “El europeo nos va a comprar queso roquefort, no ‘azul’”, ejemplifican. Por eso la cancillería no quiere proponer alternativas, sino defender esas denominaciones que se utilizan y para eso trabaja en el archivo, buscando facturas de principios del siglo XX para demostrar que esas denominaciones se emplean hace mucho tiempo.
Un tercer punto caliente son los transgénicos, es decir, los cultivos con genes manipulados. A diferencia de muchos países donde ya aprobaron su consumo, como China o Estados Unidos, en Europa se rigen por el “principio de prevención”. Ante el riesgo posible pero no demostrado de que genere efectos nocivos en la salud, se prefiere evitarlos. Prácticamente el 100% de la soja y el maíz argentino se produce con semillas transgénicas.
Balance negativo y discusiones intraMercosur
En el Palacio San Martín confiesan que, si se pasa por el filtro del “modelo de equilibrio computarizado”, donde se detallan los ingresos y egresos esperados de cada acuerdo, el que fue firmado entre la Unión Europea y el Mercosur da negativo. Si el análisis se redujera a un saldo en dólares, no convendría cerrarlo.
Aseguran que para mejorar el equilibrio, en su momento el exministro de Producción Dante Sica apeló a un método heterodoxo e incorporó la variable “inversiones”. Presumía que de la mano de una mejor relación comercial entre ambos bloques llegarían más recursos, una idea que tiene asidero pero que es más del orden de la especulación, además de está atada a otra larga lista de variables.
Pero la balanza comercial no es lo único sobre la mesa. El acuerdo forma parte de una discusión de la que depende el equilibrio interno del Mercosur. Es crucial, por ejemplo, para la relación de Argentina con Brasil y con Uruguay, que tienen un mayor ímpetu por abrirse al mundo y amenazan con hacerlo unilateralmente, lo que podría terminar de resquebrajar el bloque regional.
DT
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