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Tras la sesión frustrada, el proyecto de etiquetado frontal de alimentos se debate en el Congreso

Los octógonos negros del modelo de etiquetado frontal que se debatirá en el Congreso

Delfina Torres Cabreros

25 de octubre de 2021 15:31 h

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A un año de la media sanción en el Senado, y cuando le quedan apenas semanas para pierda estado parlamentario, el proyecto de Promoción de la Alimentación Saludable —más conocido como de “etiquetado frontal”— llegó este martes a Diputados, en lo que podría ser el último paso para convertirse en ley. La iniciativa había sido introducida en el temario de la sesión pautada para el 5 de octubre pasado, que finalmente no tuvo quórum por la ausencia de la oposición.

En esta ocasión, el orden del día fue acordado por las distintas fuerzas políticas e incluye iniciativas vinculadas a derechos de los trabajadores y trabajadoras vitícolas, la Ley Nacional de Oncopediatría, un proyecto de recuperación ovina y de protección a personas en situación de calle. Será el retorno a la presencialidad plena del cuerpo luego de las restricciones por la pandemia de coronavirus y la sesión comenzó pasado el mediodía y podría durar alrededor de 20 horas.

Todo indica que el proyecto de etiquetado frontal, que busca identificar con sellos de advertencia octogonales los alimentos procesados que tengan exceso de azúcar, grasas y sal, se convertirá en ley. El oficialismo anticipó que votará a favor —aún cuando uno de sus oponentes más acérrimos es el jefe de Gabinete, el tucumano Juan Manzur— y también lo harán algunos legisladores opositores. 

Organizaciones de la sociedad civil, que fueron clave en el avance de la discusión, organizaron un “twittazo” para las 18 de este lunes con el hashtag #EtiquetadoClaroYa.

Se trata de una ley que recoge apoyos transversales. El texto es el resultado de la unificación de 15 iniciativas presentadas sobre el tema y lleva la firma de senadores de distintos bloques, de Anabel Fernández Sagasti (muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner) al radical Julio Cobos. En La votación en el Senado, el 30 de octubre de 2020, fue aprobada casi por unanimidad y los tres votos en contra se explicaron más por las provincias de origen de los senadores, Tucumán y La Rioja, que por posiciones partidarias. 

En el debate de comisiones en Diputados la iniciativa obtuvo 91 acompañamientos y superó ampliamente las tres propuestas alternativas que presentaron el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos), Carmen Polledo (PRO) y Alejandro García (PRO). 

La discusión del proyecto de etiquetado (que es similar al que ya rige en Chile, Perú, Uruguay y México) agrega otro punto de conflicto con las grandes empresas fabricantes de alimentos, que en los últimos días acentuaron sus roces con el Gobierno a partir del congelamiento de una canasta de 1.400 productos. Tras haber batallado todo lo posible, son días que los ejecutivos de las grandes compañías esperan que, al menos, pasen rápido. 

De sancionarse la ley, uno de los principales derrotados será el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja. “Todo este proceso deja en evidencia la dificultad de mantener un debate con coherencia cuando hay un prejuicio ideológico por encima de la necesidad de informar certeramente al consumidor, lo que llevaría a una ley apresurada sin reales beneficios al propio consumidor”, declaró a principios de mes el titular de Copal, que representa a 35 cámaras sectoriales y a más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas en la Argentina.

El proyecto prevé que los alimentos procesados incorporen (luego de un plazo de gracia de 6 meses, con la posibilidad de prorrogarse a 12 para pymes) un sello de advertencia con forma octogonal y color negro en los casos que tengan “exceso” de azúcares, grasas o sal, de acuerdo con los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos productos son el motor de una epidemia silenciosa: la malnutrición por exceso, que comprende el sobrepeso, la obesidad, y las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación, como la hipertensión arterial o la diabetes. 

Actualmente Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina: un 13,6%. Por eso el proyecto busca cuidar especialmente a las infancias y a los sellos suma la prohibición del uso de personajes y promociones que atraigan a los niños, los anuncios en segmentos infantiles y el expendio de productos etiquetados en escuelas y entornos educativos. 

“La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable beneficia a toda la sociedad argentina y especialmente a las familias más vulnerables que, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) evidencian un 21% más de obesidad que las familias de ingresos altos”, señaló UNICEF en un comunicado oficial publicado la semana pasada, en el que buscó “derribar” los argumentos que señalan que no se trata de una medida prioritaria dada la situación económica y social de la Argentina. 

DTF

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