Afganistán: Fiscalas y juezas piden que las rescaten de “esta oscuridad”

Para describir su pasión por su profesión, Aaquila* recuerda las 16 horas de carretera que a menudo debía recorrer sola junto a su bebé para proteger a las mujeres que escapaban de la violencia en Afganistán como fiscal especializada en género. Llegó a vivir con la identidad oculta para continuar desarrollando su labor en épocas complicadas. Siempre quiso defender a compatriotas que requerían su intervención, pero ahora es ella quien pide auxilio desde Pakistán. “Pero ahora nadie está para protegerme”, lamenta la jurista.

“Pido al Gobierno de España que, por favor, nos ayude. Por favor, que nos rescaten de esta oscuridad”, reclama Aaquila desde la casa en la que vive en Islamabad, tras huir de las amenazas de los talibanes. Allí vive con el temor a la deportación, después de haber perdido el permiso de estancia en la capital pakistaní, mientras aguarda una posibilidad de viajar a un lugar seguro. Es una de las 30 fiscalas y juezas que, apoyadas por la Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia y 14lawyers solicitaron un visado humanitario a la Embajada española en Islamabad para pedir protección en ese país, pero siguen esperando una respuesta que no llega.

“Una organización nos dijo que nos ayudaría para que nos evacuasen a un lugar seguro. Dijeron que nos apoyarían y que seguirían nuestro caso ante el Gobierno de España, pero [La Embajada] no contesta a nuestros correos electrónicos ni a nuestros mensajes, por lo que aquí estoy desamparada. El Gobierno de España es mi única esperanza”, dice la jurista afgana.

La fiscal española Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), viajó a Islamabad a finales de septiembre para documentar la situación de las juezas y fiscalas afganas, con el objetivo de apoyar a estas mujeres en su intento de lograr el visado para pedir protección en España. “Están viviendo una situación vital absolutamente límite con riesgo, no solamente para su vida, sino también para sus hijos. Tras la espera, caducó su visado y eso supone que están en situación irregular, no pueden conseguir trabajo, no tienen asistencia sanitaria, sus hijos no pueden ser escolarizados…”, detalla la jurista, especializada en género.

UPF, Juezas y Jueces para la Democracia y 14lawyers denuncian la “falta de recursos suficientes” habilitados por el Ministerio de Exteriores para responder a las peticiones de visados humanitarios recibidas en las principales embajadas a donde acuden las mujeres afganas a pedir auxilio (Pakistán, Irán y Emiratos Árabes). 

Pocos recursos en embajadas clave

Según explican fuentes de Exteriores a elDiario.es, las embajadas de España en Islamabad y en Teherán fueron reforzadas con un diplomático en comisión de servicio para agilizar la tramitación de las solicitudes“ derivadas de la crisis de Afganistán. Pero para las tres organizaciones que denunciaron la situación de las juristas afganas, este refuerzo ”es absolutamente insuficiente“ para atender ”la alta demanda y la complejidad de una situación de crisis humanitaria“. ”Se requiere más funcionarios preparados y especializados en las Embajadas de Islamabad, Abu Dhabi, Estambul y Teherán. Más aún, es necesario dotar a estos funcionarios del material necesario para hacer su trabajo en condiciones idóneas“, denuncia Ignacio Rodríguez Tucho, fundador de la ONG 14lawyers, quien destaca la buena disposición del nuevo embajador de Pakistán y apunta a la responsabilidad del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares. 

Según Exteriores, la Embajada de España en Pakistán revisa las solicitudes de visado “de acuerdo al procedimiento de estricto orden” de llegada de las solicitudes. “Sin perjuicio de que existan casos de especial vulnerabilidad que puedan requerir de priorización, todas las personas tienen el mismo derecho a que su solicitud sea atendida y examinada”, aclaran las mismas fuentes. Las organizaciones que apoyan al grupo de juristas afganas aseguran que estos criterios de orden de solicitud fueron incorporados recientemente, tras la llegada del nuevo embajador de Pakistán dado que, según aseguran, hasta entonces “no se había dado un proceso de tramitación de expedientes de asilo justo, ordenado y transparente”. El Ministerio niega que sean 30 las peticiones de visado de juezas y fiscalas recibidas por el consulado de Islamabad, sino que se trata de “cinco solicitudes”. Las organizaciones niegan este dato y lo atribuyen al “descontrol” en el estudio de peticiones, debido a la falta de personal suficiente: “Cientos de correos con solicitudes se han quedado directamente sin leer”, dice Tucho.

“Es una cuestión de voluntad política”, apunta Rodríguez Tucho. “Creemos que el ministro de Exteriores no se está tomando esto con la seriedad que merece una crisis humanitaria histórica”, añade Herreros. “Las mujeres no podemos recibir el mensaje de que, cuando se nos coloca en una posición absolutamente carente de derechos, la comunidad internacional no sale al rescate. Estamos hablando de mujeres juristas que fueron la avanzada”. 

Miedo en Pakistán

Aaquila responde a las preguntas de elDiario.es desde una vivienda de Pakistán que paga gracias a los pocos ahorros que aún le quedan. Durante la espera, el visado con el que contaba para residir en Islamabad caducó, por lo que vive en situación irregular. “Llevo más de cuatro meses viviendo en Pakistán, pero no tengo ningún derecho y ni siquiera fui aceptada y reconocida como refugiada. Incluso Acnur guarda silencio sobre nosotras”, describe la fiscala, exdirectora del Centro de Justicia contra los Narcóticos de su país. La jurista, que también trabajó en diferentes puestos para la Fiscalía General de Afganistán, denuncia la discriminación sufrida en Pakistán: “No podemos encontrar un trabajo adecuado en una organización internacional con sede en Islamabad debido a nuestra nacionalidad. Como soy afgana, tengo que pagar más dinero que los paquistaníes por el alojamiento y otros gastos de subsistencia. Sobrevivimos con nuestros ahorros, pero no sabemos cuánto tiempo durarán”. 

La fiscala no escapó de Afganistán justo después de la caída de Kabul. Quiso esperar. Cuando los talibanes tomaron la capital, intentó no callarse, como le imponía el nuevo régimen. Aaquila se encontraba entre las mujeres que salieron a la calle para defender sus derechos. “Después del colapso, participé en actividades en apoyo de los derechos de las mujeres y las niñas, salí a la calle en contra los abusos de los talibanes y sufrimos las consecuencias”, detalla cuando empieza a relatar el puzle de razones que la empujaron a huir. Una de sus cuñadas fue detenida por los talibanes, relata. Durante más de 10 días, estuvo en una prisión talibán y nadie sabía dónde estaba. La fiscala resultó herida durante una protesta. “Nos escondíamos, cambiábamos de lugar cada día. Hasta que los talibanes vinieron a nuestra casa y nos pidieron que nos uniéramos a ellos. También me llamaron a mi oficina para reunirme con ellos…”. 

En mayo de este año, tomó la decisión: “Dejar el hogar y el país donde nací y crecí, donde tenía un mundo cargado de sueños y planes para mí, para todas las mujeres afganas. Trabajé duro para conseguir dedicarme a mi profesión, aunque tuve que enfrentarme a terroristas suicidas y amenazas a la seguridad cada día, sobreviví”.

Pero en Pakistán, ni Aaquila ni sus compañeras afganas sienten la calma que necesitan. Están demasiado cerca del lugar desde donde aún reciben amenazas y, sin papeles en Islamabad, el riesgo de deportación las persigue y aumenta su ansiedad. “Realmente no me siento segura... A veces he sentido que me persigue alguien, pero como no tengo papeles, porque mi visado ha caducado, no puedo ni siquiera ir a la policía. Tengo miedo de ser detenida por estar en situación irregular. Aquí solo tratamos de sobrevivir”.

La fiscala afgana alza la voz por ella y su familia, pero también por las otras compañeras que aún esperan una respuesta de Exteriores. “No trabajé con los españoles en mi país, pero trabajé por la humanidad, por el papel de la Ley y la justicia. Trabajé duro para proteger a las mujeres y mejorar sus derechos, pero ahora, nadie está aquí para protegerme y no tengo derecho a estar viva en mi país, por lo que respetuosamente, pido al Gobierno de España que por favor nos ayude”.