El Banco de España camufló el gasto de 1,2 millones de euros en dos piscinas para sus trabajadores

Rodeada de un caminito de piedras y de cuidados parterres de césped, las dos piscinas quedan a poca distancia del mar. Una tiene 25 metros y la otra es más reducida, pensada para los más pequeños. Están protegidas por un amplio jardín con altos pinos dentro del castillo de Roda de Berà, un lujoso resort de más de 33.000 metros cuadrados al que solo los funcionarios del Banco de España pueden acceder. Su construcción en 2019 costó más de 1,2 millones a esta entidad pública, aunque en los pliegos de la concesión no aparece la palabra “piscina” por ningún sitio.

El Banco de España cuenta con un gasto millonario anual en las vacaciones de sus trabajadores, ya sea en la contratación de hoteles a bajo precio o en el mantenimiento de sus residencias en la sierra de Madrid y en la costa de Tarragona. En esta última, ubicada en primera línea de mar en Roda de Berà, ha realizado inversiones millonarias para mejorar el confort de sus funcionarios al mismo tiempo que recetaba austeridad en el gasto público.

El organismo defiende que se trata de un complejo con un “uso como centros de formación, realizándose reuniones de trabajo, seminarios, congresos y cursos formativos destinados a los empleados del Banco de España y de otros organismos internacionales”. Si bien es cierto que se celebran congresos en el recinto, este medio ha podido constatar de primera mano que su principal actividad es la vacacional y de ocio para los empleados.

El contrato para las piscinas se formalizó a finales de 2018 por un valor de 1.257.917,25 euros. El concepto del contrato fue la “adaptación de las instalaciones deportivas a las nuevas necesidades en el complejo del Banco de España en Roda de Berà”. ¿Y cuáles eran esas “nuevas necesidades”? El resultado final lo deja claro: las piscinas.

Antes de la adjudicación, el equipamiento deportivo de esta residencia vacacional para empleados que está frente al mar no era pequeño. Consistía en dos pistas de pádel, una de tenis, un frontón, un minigolf, una zona de petanca y una cancha para baloncesto o futbol sala. Tras las obras, continuaron todas las instalaciones deportivas que ya existían, con el añadido de dos piscinas, un vestuario y una zona de solarium. Para hacer hueco a las nuevas piscinas, también hubo que derribar la pista de tenis y volverla a construir a pocos metros de su emplazamiento original.

Según explican fuentes del Banco de España y figura en la documentación administrativa del concurso, la obra obedece a un acuerdo que se cerró en 2010 entre este organismo público y el comité de empresa. Sin embargo, no fue hasta 2017 cuando se aprobó el gasto, durante el mandato como gobernador de Luis María Linde. Otras fuentes señalan que este acuerdo con el comité de empresa consistió en construir las piscinas a cambio de cerrar un albergue de montaña que tenía el banco en el puerto de Navacerrada (Madrid) para el ocio de sus empleados.

El procedimiento administrativo arrancó en septiembre de 2018. Pero ni en ese documento inicial, ni en la adjudicación, ni en la memoria de evaluación de ofertas, ni en el contrato final, ni en ninguno de los muchos documentos sobre esta licitación que están publicados en la web oficial donde se recoge este expediente se hace mención explícita a la construcción de unas piscinas, cuya adjudicación se camufló en el expediente detrás del genérico “adaptación de las instalaciones deportivas a las nuevas necesidades”. 

Este medio ha comprobado in situ la construcción de la infraestructura acuática, a la que se accede a través de un puente de piedra que cruza por encima de una calle. También el estudio de arquitectos encargado del diseño lo comparte en su página web. Las obras incluyeron “un edificio de nueva planta que integra los vestuarios del complejo junto con una terraza solarium con pérgola en su cubierta”, según los arquitectos.

La compañía CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento fue la adjudicataria entre las tres que presentaron ofertas para el concurso convocado por el Banco de España. Fue la oferta más baja y la que contó con la mayor nota. El contrato se firmó por 1.257.917,25 euros, IVA incluido, el 28 de diciembre de 2018. Las obras se prolongaron durante el primer semestre de 2019.

El Banco de España justifica en el pliego del concurso que “se considera necesario mantener y aumentar la oferta de instalaciones deportivas en la residencia de Roda de Bará”. El supervisor apunta en dicho documento que el proyecto tiene su origen en un acuerdo suscrito en junio de 2010 entre el Banco de España y el comité nacional de empresa del organismo. En diciembre de 2017 se aprobó un gasto de algo más de un millón de euros, aunque en abril del año siguiente se amplió. Poco después, en junio de 2018, se produjo un cambio en la cúpula del Banco de España: Luis María Linde dejó el cargo de gobernador a Pablo Hernández de Cos, bajo cuyo mandato se acabó firmando el contrato final, en diciembre de 2018.

Sin contar el contrato de explotación de la residencia, la construcción de la piscina es el mayor contrato firmado en los últimos años para la mejora de las instalaciones. Pero no es el único. El Banco de España no ha explicado a este medio el coste anual de mantenimiento de este centro, pero el portal de contratación pública ilustra hasta qué punto el supervisor bancario realiza grandes inversiones en este complejo. 

La renovación de mobiliario, lámparas, mesas, somieres, colchones, sábanas y carpintería interior y exterior ha costado recientemente más de 550.000 euros. La instalación de un ascensor exterior costó en 2019 más de 220.000 euros. La instalación de un sistema de seguridad en 2022 ha costado 87.600 euros. A estos costes hay que añadirle otros contratos menores y el servicio que prestan medio centenar de empleados en el recinto, cuyo coste ascendió en 2017 a 5,2 millones de euros por dos años.

El disfrute del castillo de Roda de Berà y de otra residencia para empleados en Cercedilla (Madrid) figuran en el Reglamento de Trabajo del Banco de España. Esta es la regulación laboral que se aplica en la institución y data del año 1979. Desde entonces, únicamente se hacen actualizaciones cada vez que se renegocia el convenio. En aquel texto ya se contaba con estas instalaciones como “residencias para el descanso de sus empleados”, a pesar de que el supervisor sostiene que la principal función de estos espacios es la de albergar congresos y cursos de formación.