De Bogotá a Puerto Príncipe: el opaco mercado de los mercenarios colombianos

Militares estadounidenses lo repetían con frecuencia. Si el Ejército colombiano contara con la tecnología norteamericana, sería una fuerza “invencible”. Son palabras del paracaidista retirado de las fuerzas especiales Raúl Musse, hoy a la cabeza del gremio más numeroso de veteranos en Colombia (ACOSIPAR). Lo cuenta para tratar de esbozar las motivaciones que, desde hace dos décadas, han llevado a diversas compañías de seguridad privada alrededor del mundo a contratar los servicios de exsoldados de Colombia. 

Hoy las autoridades haitianas investigan a casi una veintena de exmilitares colombianos detenidos por haber participado presuntamente en el magnicidio del primer ministro Jovenel Moïse, ejecutado por siete sicarios en su casa a las afueras de Puerto Príncipe en la madrugada del pasado 7 de julio. El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que entre el grupo de nacionales había contratistas que conocían de antemano el objetivo de la misión: atentar contra el mandatario de 53 años. Los otros, aseguró Duque, iban de “gancho ciego”.

Más precisas fueron las revelaciones del director de la Policía de Colombia, quien dijo que el capitán Germán Rivera y el sargento viceprimero Duberney Capador, ambos retirados, “participaron en la planificación y organización de lo que inicialmente era una supuesta operación de arresto del presidente de Haití y, para ello, contactaron a más personas en nuestro país”. 

Duberney Capador, de 40 años, fue dado de baja por las fuerzas haitianas. El exsargento fue el posible enlace entre los militares locales y la empresa de seguridad CTU (Counter Terrorist Unit Federal Academy) a cargo de Antonio Intriago, un elusivo y hermético ciudadano venezolano afincado en Miami. 

Los hermanos y exmilitares Germán y Jonathan Rivera, por su parte, han sido claves en aportar información para las pesquisas de las autoridades. Sus relatos han ayudado a ordenar la cronología del crimen de un mandatario que en los últimos tiempos había sido muy criticado por asumir rasgos autoritarios. Según la investigación del periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones del telediario de la cadena de televisión Caracol de Colombia, Jonathan Rivera conoció dos días antes del atentado que la misión había cambiado. Ya no se trataba únicamente de asaltar y secuestrar a Moïse. Ahora debían cumplir otra orden: asesinarlo.

Soldados retirados

En las últimas dos décadas la mano de obra de soldados retirados colombianos se ha convertido en un servicio codiciado en países como Emiratos Árabes Unidos, Irak o Afganistán. Curtidos en medio de una larga guerra interna irregular, muchos de ellos tienen pericia en operaciones especiales, manejo de explosivos, o como francotiradores. Por eso, agencias estadounidenses, como la controvertida Academi, antes Blackwater, suelen buscar sus servicios.

En el caso de Haití, los patrones se repiten: la mayoría de los detenidos en Puerto Príncipe oscilan entre los 40 y 45 años. Casi todos fueron soldados profesionales con varios cursos de especialización. Algunos de ellos con educación militar en los Estados Unidos, según reconoció el Pentágono.

No se sabe si el soldado jubilado Francisco Eladio Uribe es uno de ellos. Pero su caso ha resonado en los medios locales. Uribe formó parte de unidades antisecuestro y operó en zonas conflictivas como Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, al este del país. 

Su caso, además, es algo vidrioso porque tiene una denuncia grave como presunto responsable, en 2008, de una ejecución extrajudicial de los llamados “falsos positivos”, un eufemismo para referirse a crímenes de ciudadanos inocentes presentados por los militares durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) como bajas en combate para lograr beneficios, ascensos y otras condecoraciones. 

Entre 3.000 y 6.000 soldados profesionales se retiran del servicio activo anualmente en Colombia. A pesar de que el Gobierno tiene varios canales de ayuda para acompañar el tránsito de la milicia a la vida civil, muchos se quejan de que los programas aún no funcionan bien. O se quedan cortos. “20 años haciendo contra guerrilla en la selva”, explica el experto en defensa y seguridad nacional Armando Borrero, “dejan traumas psicológicos profundos que requieren de tiempo y paciencia”. 

Pensión modesta

Ante el vértigo de enfrentarse a una vida desconocida, y a una modesta pensión que para los soldados profesionales no pasa de los 250 euros mensuales, la posibilidad de regresar a una misión castrense, con salarios de 2.000 ó 3.000 dólares mensuales, resulta a menudo una oferta indeclinable. 

El soldado profesional retirado Eledin Enrique Montero, de 52 años, lo explica: “(cuando) uno sale de la fuerza le reducen el sueldo entre un 60 y un 70%. Entonces pagar las deudas, pagar los préstamos, se vuelve muy complicado”. Y Raúl Musse, a la cabeza de un gremio que reúne a 2.000 soldados e infantes retirados, complementa: “Para nadie es un secreto que los únicos que terminan bien son los de coronel para arriba”.

Así fue como el exsoldado profesional William Amaya decidió emprender un viaje de dos años con destino a los Emiratos Árabes Unidos en 2010: “Cogí la posibilidad a dos manos. Dos mil quinientos dólares era una cantidad de plata que no se la ganaba cualquier persona acá”.

Amaya, de 47 años, confiesa que llegó a Asia sin tener claras sus funciones, una similitud con el caso de algunos de los capturados en Haití. Una vez en Abu Dhabi fue informado de que formaría parte de “un entrenamiento militar avanzado con unos americanos para cuidar la frontera con Yemen”. “Posteriormente nos trasladamos al puesto de mando adelantado y nuestra función era cuidar que ese paso fronterizo no fuera una puerta abierta”, cuenta.

Hoy afirma conocer casos de compatriotas suyos que ganan hasta 3.000 euros al mes como escoltas o guardias de campos petrolíferos en EUA. “No es que a uno le digan que va a una guerra, que va como mercenario. Eso es otra cosa, es un estilo de vida que nunca vimos en nuestro ejército en Colombia”, apunta.

¿Mercenarios o contratistas?

En agosto de 2006, el reportero de investigación Ricardo Calderón publicó un reportaje titulado “Atrapados en Bagdad” donde detallaba la forma en que exmilitares, exdetectives y expolicías colombianos fueron llevados a Irak como mercenarios por ID Systems, una firma que representaba a Blackwater en Colombia. 

Solo hasta el viaje de camino a Bagdad, los hombres pudieron leer finalmente los contratos que acababan de firmar: “Ahí fue cuando caímos en la cuenta de que algo estaba mal, porque decía que nos iban a pagar 34 dólares diarios, lo que significaba que recibiríamos un salario de mil dólares y no 2.700 (según lo prometido)”, le contó a la revista Semana el mayor jubilado Juan Carlos Forero.

El periodista Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias, denunció en una columna de 2011 en el mismo semanario que esos agentes retirados habrían recibido instrucción en “instituciones militares colombianas”, y que “usaron armas oficiales o decomisadas a la guerrilla”. Y concluía: “Alguien en las Fuerzas Militares apoya el millonario negocio de exportación de mercenarios”.

Para el politólogo Jorge Mantilla, sin embargo, conviene diferenciar los casos en Asia y Medio Oriente de los eventos en Centroamérica. En los dos primeros, dice, se trata de Estados o gobiernos con capacidad económica que deciden ahorrar costos, o no exponer a sus tropas, y echan mano de contratistas extranjeros en sus estrategias de defensa.

En el episodio de Haití, por su parte, “vemos un colapso parcial del Estado que deriva en la fragmentación de los servicios de seguridad. En ese punto aparecen estos ‘señores de la guerra’ que se sirven de la ausencia de control político y normativo para buscar unos objetivos”. 

Por eso, prosigue Mantilla, indiferentemente del grado de responsabilidad de los exsoldados colombianos en la conspiración y magnicidio del presidente Jovenel Moïse, debe haber un profundo cuestionamiento sobre una operación que, al parecer, se fraguó en parte desde territorio colombiano. “Las agencias de inteligencia colombianas deberían haber trazado, por ejemplo, un seguimiento mucho más riguroso de las actividades del jefe de seguridad del palacio presidencial haitiano, Dimitri Hérard, que realizó al menos seis viajes este año al país”. 

Uno de los problemas con estas agencias de seguridad a nivel internacional es que se trata de negocios privados que aún no han sido regulados por un marco jurídico sólido dentro del derecho internacional. Colombia, por ejemplo, no forma parte de los convenios de la ONU contra la utilización, entrenamiento y financiación de mercenarios, y por lo tanto los tejemanejes que se mueven en el sector no son considerados delitos.

El experto en derecho penal humanitario Jean Carlo Mejía asegura que a los vacíos legales se suma la falta de voluntad de los estados para fijar unos estándares claros: “Ni las grandes empresas, ni los grandes Estados que las acogen, han mostrado mucho interés en firmar cualquier tipo de regulación”. Como consecuencia, prosigue, los contratistas reclutados para cumplir funciones “logísticas o de acompañamiento” pueden quedar descubiertos jurídicamente en caso de resultar envueltos en escenarios de conflicto u otros líos de seguridad.

Considera, asimismo, que se debería ser cauto a la hora de utilizar la etiqueta de “mercenarios”. Mientras las investigaciones avanzan, prefiere el adjetivo “contratistas”. En su opinión, el de Haití es un “complot de muchas raíces” y pocas luces. Con actores venezolanos, haitianos, colombianos y estadounidenses cuyo rol en la trama hasta ahora va encajando de a poco en su lugar exacto. 

Para Armando Borrero, que fue consejero en seguridad ciudadana del Gobierno en los 90, resulta “normal que nos hayamos convertido en proveedores de este tipo de mano de obra”. A su juicio hay ejemplos de Estados centroamericanos, o México, que han “canalizado de manera transparente esa ayuda” con contratos para asesorías en “materia de narcotráfico o anti secuestro”. Pero, añade, “esto de Haití es muy enredado”.

Tres prófugos

Además de la veintena de detenidos, y los tres exmilitares colombianos abatidos por las autoridades haitianas, otros cinco nacionales permaneces prófugos. De acuerdo al relato de una de las esposas de los sospechosos, entrevistada por la cadena W, la firma de seguridad que contrató a su marido había pactado un salario que ascendía a los 3.000 dólares.

La remuneración para los veteranos se incrementa entre un 15% y un 20% en ese tipo de misiones en el extranjero, según información de la BBC. Para los caza talentos de empresas extranjeras, además, resultan candidatos más baratos que los israelíes o estadounidenses y con una formación de élite. No sobra recordar que las Fuerzas especiales de Colombia se han ganado nueve de los 14 campeonatos internacionales de Fuerzas Comando que reúne a tropas de la región. 

Hoy se abren diversos interrogantes en torno a la capacidad del Estado colombiano para supervisar y acompañar a sus avezados veteranos en un contexto de privatización de los servicios de seguridad y de precarización de las posibilidades laborales. “Estas capacidades humanas y bélicas podrían ser utilizadas incluso contra nuestro propio país en determinado momento”, dice Jorge Mantilla.

CS