Francisco Cox, de la misión de la ONU en Venezuela: “Maduro debería ser investigado por crímenes de lesa humanidad”

Al cabo de 246 entrevistas confidenciales y el análisis de cientos de expedientes y documentos, el grupo de trabajo sobre Venezuela enviado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó ayer que el Gobierno de Nicolás Maduro continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad, incluidos casos de tortura y detenciones arbitrarias de disidentes y opositores. La misión encabezada por la portuguesa Marta Valiñas y secundada por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, expertos con amplia experiencia en observaciones internacionales, presentó en Ginebra el tercer informe que ratifica y amplía el escenario planteado en los reportes de 2020 y 2021. En diálogo con elDiarioAR, el abogado Cox (universidades Diego Portales y Columbia) considera que Maduro y el diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, virtual número dos del Gobierno, deberían rendir cuentas por las presuntas violaciones a los derechos humanos. El funcionario aclara que el mandato del Consejo no incluye investigar los vínculos entre el opositor Juan Guaidó —reconocido como presidente por muchos países— y grupos paramilitares y mercenarios que han promovido golpes de Estado e intentos de magnicidio, entre otros presuntos delitos.

¿Qué evolución percibe sobre la situación en Venezuela en relación al primer informe de la misión, presentado en septiembre de 2020?

El informe que presentamos se centra en el modus operandi de los delitos y en las estructuras que cometen estos crímenes de lesa humanidad. Se recogen las entrevistas previas y otras nuevas con exfuncionarios de estas estructuras. Como dijimos en el primer informe y ratificamos en éste, la política de aplastamiento y silenciamiento de opositores y personas percibidas como tales persiste. Hay una política de Estado, se toman decisiones a altos niveles, y lo que hacemos es señalar a personas que dentro de las estructuras, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que deben ser investigadas, sea por los órganos internos o los tribunales internacionales.

Ver que en Venezuela se ha utilizado la detención de familiares para motivar la entrega de una persona es algo muy llamativo y muy fuerte

 ¿Qué tipos de crímenes de lesa humanidad son los que persisten en Venezuela?

En este informe hay ejemplos del año 2021 y 2022 de detenciones arbitrarias, torturas y personas que son remitidas al SEBIN o al DGCIM. En los informes anteriores señalamos una política de silenciamiento de la oposición y otra de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES, un comando de la Policía Nacional Bolivariana) en operativos de supuesta lucha contra la criminalidad.

¿En qué medida afectó la investigación el hecho de que el Gobierno de Maduro no haya autorizado el trabajo dentro de las fronteras?

Eso es algo que sin duda comparten casi todas las misiones de esta naturaleza. Sin embargo, tuvimos acceso a testimonios de personas, incluso dentro de Venezuela, con los resguardos de seguridad necesarios, y de otras que han salido del país. También accedimos a informes, expedientes judiciales e incluso un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Cuba y el de Venezuela para implementar estas medidas de persecución de disidentes.

Mediadores internacionales, como el expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, han señalado la falta de voluntad real de ciertos líderes de la oposición de avanzar en la normalización democrática. ¿En qué medida ese obstruccionismo de parte de la oposición contamina la investigación?

Sin duda que un Estado tiene todo el derecho a investigar y sancionar a aquellas personas que intentan tomar el Gobierno por la fuerza. Eso está señalado expresamente en nuestros informes. El Estado tiene todo el legítimo derecho a investigar, juzgar y sancionar esos intentos. Se señala que la forma en que se hace esa investigación tiene que ser con respeto al debido proceso, con auténtica independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, y de ninguna forma tiene que existir tortura ni condiciones de detención que están en evidente contradicción con los estándares de los derechos humanos.

¿La implicación de líderes de la oposición en intentos de golpe de Estado y magnicidio en coordinación con mercenarios puede tergiversar la veracidad de las denuncias que reciben?

No podemos opinar del proceso de negociación. Tratamos de mantenernos al margen de las discusiones políticas. Todas las fuentes de información que recibimos son confrontadas unas con otras para ver qué nivel de legitimidad y de manipulación pueden tener. Nosotros concluimos cuáles alcanzan un estándar de motivo razonable para creer, que es un estándar para solicitar una investigación o una orden de arresto, no para condenar a una persona. No somos un órgano judicial, pero sí hacemos una confrontación entre las fuentes de información.

¿La existencia de Juan Guaidó, quien se arroga potestades estatales y es reconocido como presidente de Venezuela por muchos países, no abre una vía para investigar también su actuación concreta en la probable violación de los derechos humanos?

Como le digo, si tuviéramos dentro del mandato ese ámbito de competencia, podría llevar una respuesta de la investigación. No puedo opinar sobre la percepción. Nuestro mandato es investigar la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas desde 2014 a la fecha, cometidas dentro de las fronteras de Venezuela. No se nos ha dado mandato para investigar los vínculos con intentos de golpe de Estado o la relación con fuerzas paramilitares.

Ante ejecuciones y represiones ilegales de opositores a Maduro que alcanzaron repercusión internacional porque fueron filmadas, el Gobierno de Venezuela dijo que sancionaría a los responsables. ¿Pudieron hacer un seguimiento de esos casos?

El Gobierno no nos ha proporcionado información que nos pueda hacer de contrapeso. Hemos visto las manifestaciones públicas y los expedientes en el contexto de muertes durante las protestas. En esos expedientes, se observa que cuando se persigue a funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional Bolivariana u otro organismo, la acusación se mantiene en un nivel muy bajo y no se sube en la cadena de mandos. Si bien es cierto que hay investigaciones y sanciones, son por delitos que no encuadran con las violaciones que nosotros denunciamos, y con personas de muy bajo rango.

De acuerdo a su conocimiento de América Latina, donde hay problemas endémicos en cárceles, violencia institucional y, en algunos casos, persecución a opositores y disidentes, ¿diría que la situación de derechos humanos en Venezuela está fuera del rango general?

Sí, en el sentido de que, si dejamos de lado los períodos de dictaduras militares en América Latina, el otro país que yo conozco en el que una misión estableció que había crímenes de lesa humanidad sería Nicaragua. En Colombia los hubo, pero la Corte Penal Internacional expresó un principio de deferencia hacia el Acuerdo de Paz (2016). En ese contexto, me parece que Venezuela sí sale de la norma general respecto de esta política de persecución de la oposición. Insisto, es una política de Estado en la cual hay estructuras y va más allá de las personas en cargos intermedios. Lo de Venezuela escapa de la situación de graves violaciones a los derechos humanos. En Chile, durante el estallido social, hubo violaciones, pero al menos se está discutiendo por parte del Ministerio Público si alcanzan el nivel de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional desestimó eso, por ahora.

¿Observa un doble estándar por parte de algunos organismos internacionales y organizaciones de países centrales a la hora de observar los derechos humanos en Venezuela o Nicaragua y en Colombia, con Iván Duque, u Honduras, durante el Gobierno de Juan Hernández?

Yo me puedo hacer cargo de mi postura personal. En México fui acusado de izquierdista ultramontano por haber participado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Ayotzinapa (44 normalistas desaparecidos) y en Venezuela me han tratado de fascista. Yo considero que la oficina de la Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, ha trabajado y antes de irse dejó un informe muy claro sobre China. A veces se ve un doble estándar en políticos que opinan, pero no en los organismos ni en organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Ellos hacen una crítica equiparada por violaciones a los derechos humanos más allá del color político.

No se nos ha dado mandato para investigar los vínculos (de la oposición venezolana) con intentos de golpe de Estado o la relación con fuerzas paramilitares.

¿Para la misión, Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno de Venezuela deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad?

Nuestra conclusión es que Nicolás Maduro y (el diputado de la Asamblea Nacional) Diosdado Cabello participan activamente en el diseño de estas políticas de Estado, que es uno de los elementos de los crímenes de lesa humanidad que documentamos. Deberían ser investigados. No condenamos como un tribunal, pero sí llamamos a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a que investigue las responsabilidades.

¿Qué aspecto distintivo encontró en Venezuela en cuanto a violaciones a los derechos humanos que no son tan comunes en otros países?

Los familiares de las víctimas siempre tienen una importancia fundamental. Ver que se ha utilizado la detención de familiares para motivar la entrega de una persona es muy llamativo y muy fuerte. Insisto sobre el punto de que sea una política de Estado, con la movilización de todo el aparato. Que apunten a los familiares, es algo realmente llamativo. 

SL