Un informe de la ONU denuncia la persistencia de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) identificó dos núcleos estatales que llevan a cabo los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ellos son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La DGCIM se centra en combatir los intentos de desestabilizar al Gobierno, mientras que el SEBIN se ocupa de la disidencia política y la protesta social.
Ambos organismos, de acuerdo al informe firmado presentado ayer en Ginebra por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, incurren en prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias y tortura, y también son responsables de asesinatos y desapariciones forzadas, sobre todo en estados alejados de Caracas y con mayor presencia de población indígena, como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
El reporte se valió de 246 entrevistas (140 hombres y 106 mujeres), tanto en persona como mediante conexiones telefónicas o audiovisuales. También incluye el análisis de cientos de documentos y expedientes judiciales y observaciones in situ, realizadas con recaudos, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro no autorizó la investigación encargada por el cuerpo de la ONU.
En 2019, la misión fue aprobada por el Consejo de DD.HH. para analizar la situación desde 2014, y el mandato se renovó anualmente desde entonces. Los enviados, todos ellos abogados con amplia experiencia en observaciones internacionales, elevaron sendos informes en 2020 y 2021 sobre la base de 383 entrevistas, cuyas conclusiones se ven ratificadas en la edición de este año.
'La misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM', dice el informe.
Las detenciones arbitrarias —destaca el texto presentado este martes— se centraron entre 2017 y 2019, pero las estructuras y la impunidad siguen vigentes más allá de algunos cambios formales. La merma en los casos obedece al efecto mismo de la represión sobre la oposición y a la pandemia, destacaron los expertos.
Valiñas, Cox y Tappatá emitieron dos textos este año. Uno referido a la represión perpetrada por el SEBIN y la DGCIM contra objetivos políticos y sociales, y otro sobre la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción de oro en el estado de Bolívar. Los métodos represivos son similares, pero el segundo texto pone el acento en la vulnerabilidad de poblaciones indígenas que se ven amenazadas por explotaciones ilegales con amparo estatal.
La Boleíta
Una irregularidad central está dada por la opacidad de los procesos judiciales llevados a cabo contra opositores y golpistas. El 9 de diciembre pasado, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo que extiende la jurisdicción de tribunales militares sobre personas civiles “con el único requisito de que medie un auto motivado por parte de un juez militar”, indica el texto.
Mediante nombramientos, extensiones de jurisdicción, remociones y traslados arbitrarios, el fuero civil también representa uno de los principales obstáculos para garantizar procesos justos, señalaron los observadores.
Uno de los aspectos destacados por la misión es que las detenciones arbitrarias y las torturas fueron aplicadas contra opositores, reales o percibidos, y contra sus familiares, como una forma de forzar las entregas de personas buscadas.
Desde que Nicolás Maduro ganó la Presidencia, en 2013, miembros de las fuerzas armadas participaron en varios intentos de golpe de Estado y magnicidio, coordinados con líderes opositores, como Juan Guaidó, y mercenarios extranjeros, según denuncias fundadas, tanto del Ejecutivo venezolano como de medios internacionales. La misión del Consejo reconoce el legítimo derecho de investigar y penalizar los intentos de golpe, pero reclama el respeto a garantías procesales.
La sede de la DGCIM, en el barrio caraqueño Boleíta Norte, funciona como uno de los lugares de detención ilegal. En sus sótanos, “la tortura y otras formas de malos tratos contra las personas detenidas eran sistemáticas”, redactó el trío de expertos. Investigaron el caso de 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles asociados a ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. Algunos de ellos fueron alojados en diversas casas de seguridad repartidas en el territorio, en condiciones denigrantes. Los domicilios de varios de los supuestos golpistas fueron saqueados, informaron los enviados.
Los métodos de tortura incluyeron palizas con objetos, picanas, submarino, vejaciones sexuales, aislamiento extremo y posiciones de estrés. Una particularidad de la sede en la Boleíta es el método conocido como “señorita”, dispositivo que introduce cuerpos torturados en tanques de agua.
“La misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM”, dice el informe.
Helicoide
El SEBIN, transferido al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde abril de 2021, tiene un director general nombrado por el Presidente. Sus centros de detención se ubican en su sede de Plaza Venezuela y en El Helicoide. A partir de noviembre de 2021, El Helicoide es administrado por el Sistema Penitenciario, aunque los testigos afirmaron que el SEBIN sigue a cargo de las personas detenidas por motivos políticos.
Los enviados del Consejo de DD.HH. de la ONU constataron la situación de 90 víctimas bajo la órbita del SEBIN, todas ellas detenidas y torturadas desde 2014. Según Cox, Tappatá y Vallinas, Maduro y el virtual número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, determinaron los blancos en comunicación directa con el director general del organismo de inteligencia política.
La misión investigó 51 casos “en los que los agentes del SEBIN torturaron o sometieron a las personas detenidas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”. Algunas sesiones de tortura duraron semanas. “Durante los interrogatorios, los agentes del SEBIN amenazaron con violar tanto a hombres como a mujeres, utilizando partes del cuerpo y objetos. También amenazaron con ejercer la violencia, incluida sexual, contra las mujeres de la familia de quienes estaban detenidos”.
Sobre la base de testimonios de veinte testigos, los enviados del Consejo individualizaron a cinco represores que deberían ser investigados por crímenes de lesa humanidad.
Según Cox, Tappatá y Valinas, Maduro y el virtual número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, determinaron los blancos en comunicación directa con el director general del organismo de inteligencia política.
“La Misión ha llegado a la conclusión de que estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno. El presidente Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo, fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”, evaluó el informe.
La prueba de la implicación directa de Maduro en estos supuestos delitos es, para los enviados, la organización de una estructura estatal bajo su dominio directo, que incluyó la promoción y la garantía de impunidad a los represores directos.
Blanco en poblaciones indígenas
En cuanto al Arco Minero del Orinoco, en el estado de Bolívar, el informe remarcó “la explotación laboral y los altos niveles de violencia ejercida por los grupos criminales que controlan la minería en la zona”. Las violaciones a los derechos humanos incluyen “trabajo infantil, trata de personas y prostitución forzada”, con víctimas, sobre todo, entre los pueblos indígenas.
En la zona, que alberga grandes áreas protegidas, viven dieciséis pueblos indígenas. Son tierras ricas en oro, diamantes, coltán y bauxita.
Hugo Chávez decretó la nacionalización de la explotación minera en 2011, lo que originó la resistencia de pobladores locales que llevaban a cabo esa actividad de modo artesanal y no regulado.
Desde entonces, el estado de Bolívar atrajo un importante número de migrantes a la vez que aumentaron las tensiones por el negocio y el impacto ambiental. “La misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos, secuestros, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado”.
Un caso emblemático fue la “masacre de Tumeremo”. El 4 de marzo de 2016, presuntos miembros del “sindicato” de “El Topo” mataron por lo menos a diecisiete personas (quince hombres y dos mujeres) cerca de la mina conocida como “La Bulla de Atenas” en las afueras de Tumeremo, municipio de Sifontes. La versión oficial del Estado sobre el incidente alegó que los asesinatos fueron el resultado de una lucha por el control entre dos “sindicatos” locales. La misión del Consejo concluyó, por el contrario, que la masacre pudo haber implicado cierto nivel de tolerancia o cooperación de las autoridades estatales con vínculos con grupos armados y operaciones mineras ilegales. La investigación oficial se centró en los responsables directos pero desatendió cualquier intervención de elementos estatales.
Otras matanzas con presunta participación de agentes de la CGCIM se produjeron en la Gran Sabana, próxima al Arco Minero y limítrofe con Brasil.
En febrero de 2019, la oposición política venezolana intentó enviar ayuda humanitaria a través de la frontera con Brasil. El Gobierno movilizó tropas y grupos de civiles en la localidad de Santa Elena de Uairén, municipio de Gran Sabana, para bloquear la llegada de la ayuda. “Entre el 22 y el 27 de febrero de 2019, se produjeron enfrentamientos violentos entre la FANB y la población que apoyaba la ayuda humanitaria, incluidas las comunidades indígenas pemón”. Se produjeron “graves violaciones de los derechos humanos”, escribieron los expertos portuguesa, argentina y chileno.
Otros enfrentamientos de la FANB con la comunidad Kuramakapay tuvieron similar desenlace. Los testimonios indican que las mujeres, gays y transexuales fueron un blanco principal de la brutalidad sexual de los represores o de grupos ilegales tolerados por el Estado.
SL
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