Alberto Fernández frente al FMI: ¿querellar para pagar?

El alboroto no tardó en llegar cuando Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa que iniciaría una querella contra el expresidente Mauricio Macri y los funcionarios responsables de llevar adelante el endeudamiento estrepitoso con el FMI. Pero resulta que la novedad no era tal: la causa judicial ya existe desde hace tiempo y el Estado ya se presentó en ella a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Durante 2019, en el Juzgado Federal N° 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti se acumularon en el expediente N° 3561/19 todas las denuncias que venían circulando por los tribunales federales contra ese acuerdo ilegal con el FMI. Bajo la carátula “Macri y otros s/defraudación por administración fraudulenta y conexas” se reunieron las iniciadas por Claudio Lozano, Fernanda Vallejos, Guillermo Moreno y el dirigente social de la CTEP Juan Grabois, en cuya representación solicitamos ser querellantes. Luego, en junio de 2020, la UIF se sumó y solicitó intervenir en la causa como parte de la querella.

Las distintas presentaciones encuadran en diversos tipos del Código Penal las conductas ilícitas que cometieron los funcionarios involucrados, comenzando por la más elemental: para consumar semejante endeudamiento ni siquiera se pasó por el Congreso, tal como la Constitución Nacional lo requiere en el caso de los organismos internacionales como el FMI. 

Durante estos casi dos años la causa se movió a ritmo lento. Recién en las últimas semanas la jueza solicitó la producción de algunas medidas de prueba requeridas por el fiscal Franco Picardi.

En el interín la jueza nos ha rechazado como querellantes con el argumento de que no seríamos “damnificados particulares” de los delitos que se investigan. Esto significa, por un lado, que nadie pueda estar “molestando” en la causa, pidiendo medidas más profundas de investigación. Pero además constituye toda una declaración: para la jueza nadie en particular es perjudicado por el saqueo del FMI y el macrismo. Nos saquearon a todos y a nadie a la vez. El daño queda diluido. Tampoco eso es nuevo: en las causas por otros delitos escandalosos en procesos de endeudamiento siempre se trató de evitar la presencia de querellantes.

Otra cuestión no menor de la que no se habla es que la fraudulenta deuda con los acreedores privados contraída por el Gobierno de Macri fue aceptada y renegociada sin siquiera investigación. Por la misma hay causas judiciales en curso, como por ejemplo por el bono a cien años, uno de los bochornos que pasarán a la historia de la delincuencia internacional.

Tras el anuncio del presidente Fernández la cuestión que queda planteada es: ¿investigar para qué? ¿Para pagar sin chistar? ¿Para que igualmente el pueblo trabajador con su esfuerzo se haga cargo de la estafa macrista?

Porque lo más significativo es que, en paralelo a esa causa judicial, el propio FMI ha anunciado -incluso antes que Alberto en el inicio de sesiones legislativas- una investigación sobre la millonaria suma entregada al país en 2018, y hasta algunos funcionarios del organismo han reconocido su intención de ayudar con ese préstamo a Mauricio Macri en la campaña electoral que se avecinaba.

Todo esto demuestra que debe aplicarse la doctrina de la “deuda odiosa”, del derecho internacional, que permite el desconocimiento soberano de una deuda tomada por un Estado. Esa doctrina fue formulada por el jurista ruso Alexandre Sack, un especialista en derecho bancario y financiero que defendía a rabiar el derecho de los acreedores privados, pero que concluyó que las deudas pueden desconocerse cuando se demuestra que el Gobierno que las contrajo utilizó el dinero recibido en contra de los intereses de la nación, de la población, y que los acreedores actuaron a sabiendas de ello. Claramente aquí se configuran estos requisitos.

Esta doctrina ha sido usada por diversos países, desde México hasta el propio Estados Unidos. Pero algunos intentan señalar que se aplica solo para deudas contraídas por Gobiernos dictatoriales. Más allá de que eso en Argentina haría tambalear gran parte del endeudamiento que somete el país (porque la deuda contraída por la dictadura genocida se fue renegociando e integrando con los futuros préstamos), debemos señalar claramente que ese no es un requisito para aplicar esta doctrina. No importa el carácter de la administración que contrae la deuda, sino que de un lado haya un Gobierno que la utilizó en contra de los intereses de la nación (y vaya si lo hizo el macrismo) y que del otro lado se actúe con conocimiento de esa ilegalidad, cuestión que está clara porque contamos con el reconocimiento del FMI de que eran conscientes de que se violaba la propia legislación del organismo y que se quería beneficiar a Macri electoralmente. En el mismo período en que entraron USD 44 000 millones por el crédito del FMI, se fugaron unos USD 45 000 millones. Una vez más, no hay dudas: la deuda financió una política para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las mayorías trabajadoras.

Junto a la doctrina de la deuda odiosa hay una enorme base para cuestionar el endeudamiento: los principios generales del derecho (principio de la buena fe, prohibición del enriquecimiento sin causa y de la usura y anatocismo, etc.), la violación de normas constitucionales en la contratación y la prórroga de jurisdicción (art. 116 de la Constitución), la sentencia del juez Ballesteros en la causa Olmos, que el Congreso haya sido convidado de piedra, etc. Pagar es una decisión política, no puede aducirse “el cumplimiento de un pacto”.  

El Frente de Izquierda rechaza que el ajuste que implica el pago de la deuda lo paguen los trabajadores, los jubilados y el pueblo pobre. No hablamos de hipótesis: a pedido de los acreedores ya se eliminó la inflación del cálculo de la movilidad jubilatoria, como reconoció la propia Cristina Kirchner en su reciente declaración ante los jueces. Una cosa es indivisible de la otra: los recursos que van a parar al FMI son lo que les roban a jubilados y jubiladas en nuestro país.

Sabemos que la pelea por terminar con el mecanismo de dominación que significan las deudas odiosas, ilegítimas e ilegales debe ser parte de una pelea mayor contra el sistema capitalista, pero también que no se empieza a salir de la dependencia y el atraso pagando, reestructurando, legitimando y aceptando la usura.