Entramos de lleno en un régimen autoritario
Los sucesos de las últimas horas confirman lo que ya es claro desde hace unos días. Esto ya no es un régimen democrático. Se cruzó un límite. Ya no estamos bajo el imperio de la ley. Entramos de lleno en un período autoritario.
La represión a la marcha de los jubilados mostró los ya habituales abusos de las fuerzas de seguridad cuando las comanda Patricia Bullrich. Los videos lo muestran todo: volquetes de piedras dejados en la zona a propósito; infiltrados de la policía; un patrullero abandonado, abierto, sin nadie que lo cuide y misteriosos encapuchados que lo prenden fuego para las cámaras sin que nadie intervenga; un supuesto panfleto incendiario atribuido al Frente de Izquierda, tan ridículo y con el nombre mal escrito que solo puede ser obra de los servicios de inteligencia. Luego, las detenciones al voleo y las causas judiciales con imputaciones fabulosas. Que nadie se sorprenda de que la policía haya disparado un cartucho de gas no hacia arriba, sino apuntando al cuerpo de un periodista, que ahora lucha por su vida. Lo hemos visto por toda América Latina en los últimos tiempos. Lo vimos también en Jujuy. Habilitada por gobiernos de derecha, la policía dispara balas de goma a los ojos o gases a la cabeza con la intención deliberada de matar o dañar a los manifestantes de manera permanente. No son accidentes. Es deliberado.
Uno podría decir, no sin razón, que hubo represiones y abusos policiales en períodos perfectamente democráticos. Es cierto. En sí misma, no ameritaría tomarla por prueba de que estamos en un período autoritario. Sin embargo, otros datos del contexto en el que vivimos indican que se cruzó la línea y que la represión de ayer no es un incidente aislado o “normal”.
Ayer mismo, mientras sucedía la represión, legisladores oficialistas sacaron a un diputado a trompadas del recinto y le impidieron volver a su banca, con el fin de que se caiga el quorum e impedir que la oposición avance en un control de los actos del Presidente. Menem, presidente de la Cámara, aprovechó y levantó inmediatamente la sesión, en lugar de garantizar la seguridad del diputado agredido. No lo digo yo, lo informa el diario Clarín. Es un hecho gravísimo, que convierte el juego democrático y la división de poderes en letra muerta. Una ficción.
Sumemos a eso que el Gobierno viene emitiendo DNUs de todo tipo, totalmente ilegales. El último: el que nos impone nueva deuda con el FMI pisoteando una ley del Congreso que lo impide. Agreguemos que acaban de meter por la ventana, por decreto simple, dos nuevos jueces en una Corte Suprema que ya era bien “colaborativa”, por decirlo suavemente. Jueces de la Corte por decreto, violando claramente lo que manda nuestra Constitución. Todo esto, a días de que todos hayamos visto en directo al Presidente participar en una estafa con criptomonedas, sin que hasta ahora haya habido un fiscal que pida una medida elemental de prueba como es analizar los celulares de los involucrados.
Todo esto pasa, hay que decirlo, porque hay un aglutinante poderoso que sostiene este nivel de autoritarismo e ilegalidad: el interés de clase. El autoritarismo se sostiene en el deseo de los sectores dominantes de que el proyecto de Milei de desmantelar el Estado avance como sea. Las principales fuerzas políticas están sosteniendo un gobierno que no es propio. Milei está desde el comienzo en un virtual co-gobierno con el PRO, cuenta hasta ahora con apoyos decididos de la UCR y no pocos dentro del peronismo. La Coalición Cívica, Margarita Stolbizer y otras fuerzas le dieron aval para tener poderes ilimitados. Todos, menos la izquierda y el núcleo duro del kirchnerismo, a disposición de un gobierno no solo antipopular, sino directamente autoritario, que se maneja en la ilegalidad. La Corte Suprema le dejó pasar hasta ahora todo. Hasta lo más obviamente ilegal pasó. La prensa tradicional todavía mantiene a Milei entre algodones. Estados Unidos y el FMI decididos a darle un apoyo contundente. Los grandes empresarios locales y globales aplaudiendo como focas. Detrás de los bastonazos de la policía, detrás de cada ilegalidad que Milei comete, está ese conglomerado de intereses de clase.
Es muy difícil imaginar cómo saldremos de este atolladero. No será, seguramente, protegidos por las instituciones que deberían garantizar el Estado de derecho pero hoy son arietes vueltos en contra nuestra. Habrá que pensar en alianzas amplias entre lo poco que queda de compromiso con la democracia dentro del campo político, y las poderosas fuerzas democráticas que, por suerte, nuestra sociedad civil todavía conserva. Cuando esta pesadilla termine –va a terminar– habrá que barajar y dar de nuevo. Repensar de raíz las reglas del juego democrático, hoy convertido en un juego bobo, con los naipes marcados, en el que siempre llevamos todas las de perder.
DTC
1