Un femicida no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar

En los informes de femicidios que realizamos desde el año 2008, registramos que solo un mínimo porcentaje de las mujeres y las compañeras trans asesinadas habían realizado una denuncia previa. Más del 80% no se acercó a la justicia porque descree de su protección. Cuando el agresor pertenece a la fuerza policial, el miedo a la denuncia y a la desprotección se acentúa.

Una mujer que está en un vínculo de violencia tiene dificultad para realizar una denuncia por su propia vulnerabilidad emocional, esto aumenta cuando el agresor pertenece a la misma fuerza de seguridad donde ella tiene que ir a denunciar. Esto se debe a que, en un alto porcentaje, existe un pacto de silencio frente a los hechos de parte de los compañeros del agresor, que actúan confundiendo lealtad con encubrimiento y camaradería con complicidad. 

Actualmente, por las medidas sanitarias dictadas por el DISPO y ASPO, todo es aún más complicado. En muchos lugares de nuestro país es dificultoso denunciar de manera presencial, se tiene que hacer vía internet, y posteriormente ratificarla por el mismo medio. Un sistema que les genera a las mujeres mayor inseguridad.

Es aquí donde tenemos que hacer un análisis respecto a la justicia que deja desprotegidas a las mujeres que se animan a llegar a esa instancia y logran una medida cautelar. La realidad muestra que si esta no es monitoreada por quien la expide, queda sólo como un documento y no como un acto de cuidado frente a la situación extrema de peligro que están atravesando. 

Todas las mujeres tienen que ser protegidas por la justicia, y en el caso de agresores que pertenecen a fuerzas de seguridad se deben profundizar las medidas, porque estos hombres tienen en su poder un arma que fue otorgada para evitar un delito y no para cometerlo. 

La pertenencia de los hombres a las fuerzas de seguridad refuerza el estereotipo de masculinidad hegemónica a la que es obligatorio pertenecer. Una hegemonía que les asegura cumplir con el mandato de ser el garante de la seguridad de su pareja/familia. Cuando existe una relación violenta, la presencia de armas amenaza, intimida y controla como forma de reducir la capacidad de resistencia de la mujer.

La pertenencia de los hombres a las fuerzas de seguridad refuerza el estereotipo de masculinidad hegemónica a la que es obligatorio pertenecer

Desde La Casa del Encuentro entendemos que se necesitan medidas de acción centradas en dos pilares: la prevención (protocolos específicos en la temática de violencia de género, así como cursos, capacitaciones y talleres de sensibilización), y la lucha contra la impunidad de la violencia sexista cometida por agentes de las fuerzas de seguridad o ex agentes. Brindar autorización para portar armas de fuego sin la debida formación en género resulta un factor de riesgo mayor, por lo tanto, cuando una mujer es víctima de violencia de género y denuncia a su pareja (o ex) policía (o retirado) las acciones de protección deben ser adoptadas de inmediato, obligando a la entrega del arma reglamentaria o reforzando las restricciones de acercamiento para evitar que su contacto con otros oficiales coloque a la denunciante en una situación de mayor peligro.

Desde las distintas organizaciones que trabajamos esta temática insistimos en la capacitación a efectores de la justicia, y en el caso de agresores de la fuerza de seguridad se debe hacer foco en la concientización de sus compañeros y compañeras para evitar el encubrimiento al agresor, porque lo que esta persona comete es un delito. 

Cada femicidio o transfemicidio deja una sensación de tristeza que se transforma en impotencia cuando la mujer había acudido a la justicia para que la proteja. Sumamos un sentimiento de impunidad cuando el agresor es un policía. Esto es lo que tenemos que reclamar. NO A LA IMPUNIDAD. 

Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar. 

La autora es presidenta de La Casa del Encuentro