Un tiro en el pie

Ayer, el Ministerio de Seguridad anunció que enviará un proyecto de ley relativo al acceso de armas de fuego en Argentina. Lo que surge del comunicado ministerial es la voluntad del gobierno de que “los argentinos que quieran tener armas en sus casas, puedan hacerlo”. El objetivo sería intensificar “el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos”. Entre las formas de implementar esta política, estarían eliminar pasos burocráticos para ser Legítimo Usuario, eliminar una nueva acreditación de idoneidad en el manejo de armas para renovar la credencial de Legítimo Usuario y regularizar la tenencia de armas por parte de usuarios irregulares.

Es difícil saber qué está detrás de esta nueva iniciativa gubernamental, pero lo que es seguro es que no es la evidencia científica. Los estudios disponibles muestran que, lejos de aumentar la seguridad ciudadana, la flexibilización en los requisitos para la tenencia de armas aumentan el crimen violento, en particular, y la seguridad ciudadana, en general. Esto es claro aun cuando los estudios sobre el impacto de la libre portación y tenencia de armas son escasos, debido a restricciones gubernamentales a su financiamiento, producto de lobbies de asociaciones pro-armas.

El país en el que más se ha investigado sobre la tenencia de armas es Estados Unidos, dado que su regulación es más laxa que la del resto de países occidentales desarrollados. Estados Unidos es, además, el lugar al que Milei mira con mayor admiración a la hora de importar políticas, lo que parece especialmente claro en este tema en concreto. Allí, la desregulación en la portación de armas se expandió en el último medio siglo: en 1970, sólo cinco estados tenían leyes abiertas respecto de la libre tenencia y portación de armas. Hoy, la cifra pasó a cuarenta y dos estados (de un total de cincuenta). Esto ha llevado a que, en la actualidad, Estados Unidos sea el país con más armas per cápita del mundo. En el mismo lapso, se ha convertido, entre los países desarrollados, en el líder, por habitante, en homicidios causados por armas de fuego, en violencia con armas de fuego en general y en suicidios y accidentes por el uso de armas de fuego.

Desagregados, los datos son aún más ilustrativos. Entre otras cosas, se ha observado que las personas que conviven con un portador de armas tienen el doble de posibilidades de morir en un homicidio; además, tienen siete veces más posibilidades de ser asesinadas por su conviviente (el 80% de las víctimas son mujeres). Tener un arma en casa también facilita el suicidio: los hombres que tienen un arma en casa se suicidan con un arma de fuego ocho veces más que los que no la tienen; entre las mujeres, la tasa es de treinta y cinco veces más suicidios entre las que pueden acceder a un arma en su casa. Para los niños la situación no mejora: en los Estados con leyes que facilitan la tenencia de armas hay dos veces más muertes de niños producto de heridas con armas de fuego y también es mayor el suicidio infantil. Otra consecuencia de las desregulaciones en materia armamentística son los tiroteos masivos, especialmente en escuelas, que destruyen comunidades enteras.

Aun así, podría objetarse que si la tenencia de armas genera un descenso en el delito tan grande que compensa los efectos ¿colaterales? expuestos, todavía es posible argumentar a favor de la desregulación. Pero esto no es así. Por el contrario, el delito violento tiende a aumentar hasta un 15% en lugares con pocas restricciones a la tenencia de armas. En suma, ni siquiera un argumento de ultraderecha tal como “la gente tiene que poder matar al que entra a robar” sirve para sostener la desregulación. La libre circulación de armas facilita el acceso a ellas, también, por parte de bandas criminales y grupos violentos, con lo que, como muestran los números, el delito sube con este tipo de políticas.

Todos estos números, ya de por sí más que preocupantes, podrían ser peores aún en nuestro país si se combinan con otras iniciativas gubernamentales. Aquí no me refiero, simplemente, a que en una situación de recesión económica y de desmantelamiento de la asistencia estatal el delito tiende a subir (lo que muestran todos los estudios), y a que con armas en circulación esto puede generar un combo explosivo. Apunto a cuestiones más concretas. Como marcaron los senadores Lousteau y Di Tullio, en la Ley Bases, el silencio administrativo positivo genera que ante un pedido al Estado, la no respuesta se tome como un sí. En esta ley, a diferencia de lo que sucede en otros países, no hay una excepción en materia armamentística. Es decir que si pido un arma y por problemas burocráticos no me responden, podré tenerla. Esto, sumado a la falta de acreditación de idoneidad en la renovación de la credencial de Legítimo Usuario que impulsa el Ministerio de Seguridad, puede dar lugar a que todos, aun los menos aptos y recomendables, tengan armas.

Por último, es importante notar que, aun cuando es indudable que la seguridad es un problema grave en Argentina, el delito violento no llega a cifras que ameriten decisiones excepcionales. La tasa de homicidios en Argentina es de las más bajas de la región (31 entre 46 países) y, además, ha bajado a la mitad en los últimos quince años. Es, incluso, más baja que en Estados Unidos, donde ronda los 6/100.000 homicidios, contra 4/100.000 en Argentina. Liberar la tenencia de armas en un contexto recesivo, con un Estado ausente y sin controles administrativos terminará con esta realidad y pasaremos a subir posiciones en otro ranking que nadie quiere liderar: el de homicidios y muertes por uso de armas de fuego. Y esto no servirá, ni siquiera, para que neo-fascistas celebren la muerte de quienes cometen delitos. Porque también morirán niños, mujeres, personas con problemas de salud mental o gente que, ante la crisis, vea el arma en su cajón como una salida.

MA/JJD