Tras un año de pelea para frenar la causa, Comodoro Py empieza a investigar el espionaje durante el gobierno de Macri

Finalmente, la causa del espionaje ilegal que, durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvo como blanco a la gran mayoría de la clase política parece ir tomando impulso en el terreno pantanoso de Comodoro Py. Después de más de un año, la investigación sobre la red de policías, narcotraficantes y miembros del Servicio Penitenciario que operaba para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) será investigada en los mismos tribunales federales que aparecen, desde hace tres décadas, asociados a los intereses de la ex SIDE. 

En los últimos meses, la fuerte disputa de poder que se había desatado en torno al espionaje bajo la gestión Cambiemos se resolvió de manera imprevista y la causa cayó íntegramente en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado decidió aceptar el pedido de excusación que, obligado, hizo el fiscal Carlos Stornelli y en su lugar tomó cartas en el asunto el fiscal Franco Picardi. En paralelo, el juez federal Sebastián Ramos se declaró incompetente en el caso del explosivo que los poliespías habían colocado en 2018 en el domicilio en en el que vivía el ex funcionario del ministerio de Defensa, José Luis Vila. Así Martínez de Georgi y Picardi quedaron al frente de la investigación por los dos hechos, vinculados entre sí. Si, como todo parece indicar, el expediente se activa y en los próximos meses hay novedades, será debido a que las fuerzas que durante 2020 entraron en pugna se alinearon de manera sorpresiva en 2021.

Desde que se destapó el caso, actores de peso indudable en Comodoro Py se esforzaron por arrebatarle el expediente a los juzgados de Lomas de Zamora y paralizar el trámite, en línea con los deseos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Tal como contó la semana pasada elDiarioAR, el ataque con trotyl contra Vila no tuvo mayor repercusión hasta que, en febrero de 2020, el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez fue detenido en la localidad de Ingeniero Budge y en su poder se encontraron ocho de kilos de cocaína, armas, 24 autos y luces azules propias de la fuerzas de seguridad. A partir de ahí, se descubrió que los espías que habían hecho tareas de seguimiento a Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martin Insaurralde y Diego Santilli entre otros eran los mismos que habían organizado el atentado contra el ex funcionario de origen radical ligado al ex ministro de Interior de Raúl Alfonsín, Enrique “Coti” Nosiglia. 

La historia es sinuosa y da cuenta de la puja de intereses entre pesos pesados que operan tanto en la sombra como en la superficie. La causa que en un momento llevó adelante el juez de Lomas de Zamora Federico Villena tomó impulso a gran velocidad pero chocó con el límite que, desde el minuto cero y desde Comodoro Py, buscó fijarle -con su particular tenacidad- el fiscal Guillermo Marijuan. Tan activo como zigzagueante, el fiscal que durante los años del macrismo llegó a encabezar una expedición a la Patagonia detrás de las pistas de la corrupción kirchnerista reclamó la competencia de toda la causa. Lo que parecía ser un choque de vanidades era en realidad una fuerte disputa de poder entre los tribunales de Comodoro Py, habituados a jugar de memoria con los agentes de la AFI, y el juzgado de Lomas de Zamora.

Cuestionado por haber dado cobertura a los movimientos de los agentes que habían realizado tareas de espionaje sobre la actual vicepresidenta y respondían al Director de Operaciones de la AFI Alan Ruiz, en julio de 2020, Villena fue apartado de la causa por el juez de la Cámara Federal de La Plata Roberto Lemos Arias y el expediente quedó en manos del juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Sin embargo, Marijuan siguió peleando para lograr que la investigación pasara a la esfera de Comodoro Py en abierta contradicción con el juez Ramos, que no la quería y entendía que el explosivo a Vila debía investigarse junto con la red de espionaje. 

A fines de junio del año pasado, el camarista Mariano Llorens se basó en el dictamen del fiscal Juan Agüero Iturbe para hacer lugar a la apelación que Marijuan había presentado después de que el juez Ramos decidiera enviarle la causa del atentado a Vila al juez Villena de Lomas de Zamora. Sin embargo, el fiscal a quien en la política se vincula de manera recurrente con Sergio Massa también salió a reclamar en los medios la competencia de Comodoro Py y llegó incluso a cuestionar a la víctima, el radical Vila. 

También a fines de junio de 2020, le dio una entrevista a Perfil en la que afirmó directamente: “El juez Villena se quiere quedar con todo”. Unos días después, Joaquín Morales Solá escribió en La Nación que “Vila se había presentado ante el fiscal Marijuan y el juez Ramos a fines del año pasado para anunciar que tenía un testimonio que involucraba a la AFI de Macri. Quedó en volver, pero no volvió nunca. Hasta que su nombre apareció en el juzgado de Villena”. La nota provocó una desmentida del propio Vila, que salió publicada como carta de lectores en La Nación al día siguiente. “Jamás sucedieron esos hechos. Vengo colaborando con el Juez Ramos y el Fiscal Marijuan como parte querellante en la investigación de una sucesión de cuatro amenazas que culminaron con la colocación de un artefacto explosivo en Julio de 2018, en un domicilio del que me había mudado meses atrás (...) Jamás mencione entonces a la AFI como blanco de mis sospechas”, escribió. 

A mediados de abril, la Cámara Federal de Casación --con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo-- le dio la razón a un planteo de Arribas y le arrebató por completo la causa al juez Augé, de Lomas de Zamora. Se cumplió así el objetivo del fiscal Marijuan, que sin embargo quedó apartado del caso por la decisión de Ramos -hace una semana- de declararse incompetente. El expediente de la causa madre cayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, que en pocos días se declaró incompetente. Nombrada por la administración Macri, la magistrada también había sido víctima de espionaje durante el gobierno de Cambiemos y prefirió excusarse.  

Ahora toda la investigación está en manos de Martínez de Georgi, el mismo juez que se apuró a dictar el sobreseimiento de Arribas y Majdalani ante la denuncia del Instituto Patria. Fue un pronunciamiento que, según Augé, estaba basado en documentos fraudulentos y que la cúpula de la AFI usó coartada para negarle entidad a los juzgados de Lomas de Zamora y presentar el caso como cosa juzgada. 

Sindicado desde siempre como parte de la escuadra de Antonio Stiuso, Martínez de Georgi falló a favor del gobierno durante los años kirchneristas hasta que en 2014, hizo un viraje que coincidió con la ruptura del ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE con Cristina Fernández

. En esa línea, rechazó un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para dictar un embargo preventivo sobre los bienes de Stiuso tras una denuncia del ex legislador Gustavo Vera y quiso detener a Hebe de Bonafini durante el apogeo del macrismo. Ahora Martínez de Georgi, tendrá oportunidad de exhibir su nuevo alineamiento. Identificado con La Cámpora, el fiscal Picardi no tiene razones para proteger a la cúpula del espionaje macrista.