El largo camino para identificar a las mujeres asesinadas por la dictadura antes de dar a luz

La llamaban “La Negra”. Había nacido en el pueblo correntino de Saladas en 1953. En su juventud Dora Elena Vargas fue catequista, practicó vóley y básquet, cantaba en peñas hasta que conoció a la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la universidad, donde estudiaba para ser veterinaria. Todo cambió vertiginosamente: al poco tiempo pasó a Montoneros y se mudó a Buenos Aires cuando descubrió que era perseguida. Tenía 24 años y un embarazo de entre tres y cinco meses. Su hermana Olimpia Vargas, además compañera de militancia, la recuerda así: “Fue sumamente solidaria, sentía un profundo compromiso por cambiar la realidad de su ciudad y de su país. Tenía muchos sueños, como tantos jóvenes luchaba por una sociedad más justa, un país grande que mereciera ser habitado”.

Dora fue secuestrada cuando caminaba por la calle el 12 de noviembre de 1977. Estaba en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Junto con su compañero, Juan Carlos Sofía, militaban en ese momento en la columna sur de Montoneros. Se conocieron allí, formaron pareja y ella quedó embarazada. La última vez que se vieron fue en el único control médico que llegaron a hacer por el embarazo, en el Hospital Finochietto de Sarandí. Toda la familia de Dora vivió un calvario. Su hermano, Juan Ramón, fue desaparecido junto con su esposa, Dora Beatriz Noriega, embarazada, cuyo hijo o hija las Abuelas siguen buscando. Su hermana Olimpia también permaneció secuestrada con su marido, aunque ambos sobrevivieron, al igual que su padre, que también estuvo preso.

Así como Dora Elena Vargas, también Olga Lilian Vaccarini, Hilda Margarita Farías y Liliana Beatriz Girardi no llegaron a dar a luz. Fueron asesinadas por la dictadura y así fueron reconocidas por Abuelas a fines del año pasado. En los medios se suele poner en primer plano los 133 nietos restituidos. Sin embargo, son 137 los casos resueltos porque se incluyen los de estas cuatro mujeres asesinadas antes de parir.

El camino de la pesquisa requirió años, sumado a los tiempos lentos de la justicia. Y, en el medio, los genocidas siguieron callando. “Son casos que han llevado grandes esfuerzos de investigación, trámites y reconstrucción. Y también tiempo de asimilación por parte de las familias que, en muchos casos, han decidido hacer el duelo en la intimidad”, dice Lorena Velázquez, que trabaja hace veinticuatro años en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y coordina el  equipo de investigación de mujeres embarazadas y niñas y niños nacidos de padres desaparecidos. Dice que aunque los embarazos no hubieran llegado a su fin, para la Conadi la identificación permitió, de algún modo, cerrar cada caso. En las fichas de las mujeres operaron investigaciones documentales, exhumación de fosas comunes, comparación de huellas dactiloscópicas y decadactilares, entre otras pericias de alta complejidad. 

Pero a pesar del trabajo hecho por la Conadi, en los últimos tiempos el organismo no pudo avanzar en las investigaciones de nuevos casos de restitución de la identidad. Concretamente, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se negó a entregar 70 expedientes relacionados con efectivos de las fuerzas para avanzar en la búsqueda de los bebés apropiados.

Por esa razón, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno de Javier Milei pretende así frenar la búsqueda de los nietos. Creen que el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona va a descabezar, más temprano que tarde, el organismo creado en 1992 y hay alarma por su futuro. En los últimos días circuló el proyecto de un decreto para que la Conadi no pueda investigar ni acceder a los archivos estatales. En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo expresó “su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la ´Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado´ (UEI), de la Conadi”.

El laberinto para llegar a la verdad

Los casos de las cuatro mujeres embarazadas asesinadas recorrieron un laberinto tan intrincado como resonante en las investigaciones de la Conadi. En los organismos estatales saben que los tiempos de la memoria se componen de circuitos inesperados, que van y vienen entre el pasado y el presente. Primero, no todos los casos habían sido denunciados. De los 60 casos de mujeres embarazadas registradas en la Conadep se pasó con el tiempo a 210 en el Banco Nacional de Datos Genéticos y a casi 300 casos compilados por Abuelas. Pero la certeza de la identificación requirió de un entramado complejo, más enfocado en lo cualitativo que lo cuantitativo. Hubo personas secuestradas en centros clandestinos de detención que vieron a mujeres embarazadas, aunque no conocían su identidad. Muchas de esas mujeres habían pasado a la clandestinidad en sus organizaciones políticas de los ´70. Sus familias tenían información de posibles embarazos, algunos tenían dudas, otros habían encontrado en sus casas ya abandonadas objetos referidos a bebés como cunas, chupetes y pañales. Otros familiares habían cortado el lazo con ellas cuando entraron en la clandestinidad, por lo que no sabían a ciencia cierta si estaban embarazadas. Y ex detenidos declararon que sus parejas habían sangrado o que habían hecho un aborto. 

Todos los indicios, en un principio acumulados en datos dispersos, fueron conduciendo a  hipótesis esclarecedoras. Las mujeres embarazadas que habían sido asesinadas por la dictadura se encuentran entre los casos más difíciles en identificar; especialistas aseguran que sin el sostén del Estado el trabajo se tornará imposible.  “El EAAF, en rigor, identificaba una mujer pero no tenía información si estaba embarazada –continúa explicando Velázquez–. Entonces llegamos a unificar con Abuelas un banco de datos. Las dividimos entre mujeres embarazadas detenidas y mujeres embarazadas asesinadas”. 

Las huellas de Dora

Conocer la historia de ellas supuso una odisea: algunos procesos tardaron más de veinte años. Se recorrieron, entre otros, archivos policiales, militares y de consejos de guerra, se contrastó con legajos de identidad. “Cuando no había restos óseos, la identificación fue por huellas dactilares”, revelan desde el EAAF, que tienen una suerte de banco propio de restos a los que, sin embargo, no pueden otorgarles identidad hasta que aparezca la muestra genética del desaparecido. Así fue el caso de Dora Vargas. 

Recién en 2005, y ante la sorpresa de los familiares, una comparación dactiloscópica entre las huellas impresas de un prontuario policial perteneciente a un NN y las impresiones decadactilares de Dora del Registro Nacional de las Personas, determinó que se trataba de la misma persona. El prontuario del que se extrajeron las huellas correspondía a una ficha del 12 de noviembre de 1977 enviada por la Comisaría 2da. de Quilmes –ubicada en Bernal–, con intervención del Área Militar 111. Vargas se convirtió en el caso 134 de restitución de Abuelas de Plaza de Mayo, y la institución lo comunicó en septiembre 2023 junto al de las otras mujeres embarazas asesinadas, Vaccarini, Farías y Girardi. 

El largo proceso de la identidad

Hilda Margarita Farías y Luis Fernando Uncal se conocieron en 1974, en un barrio de Berisso. Al momento de su desaparición, Hilda tenía 23 años y estaba recientemente embarazada. Militaba en la unidad básica “Antonio Quispe” de Villa Argüello e integraba la organización Montoneros. Además, estudiaba la carrera de Asistente Social en Caritas y trabajaba en una clínica en la ciudad de La Plata. El 20 de diciembre de 1976 fue secuestrada en la vía pública, en el trayecto de su casa al trabajo, junto a una compañera de militancia apodada “Gabriela”. Años después, Luis Uncal declaró ante la Conadep y dijo que Hilda podría estar embarazada al momento de su detención: estaban haciendo un tratamiento para ser padres. 

En diciembre de 2019, la Conadi tomó conocimiento de que los restos de Hilda habían sido inhumados como NN el 3 de febrero de 1977 en el Cementerio Municipal de San Martín; como causa de muerte se consignaba “disparos de arma de fuego”. El EAAF, en tanto, informó que el hallazgo y posterior exhumación refería a un hecho ocurrido el 3 de febrero de 1977 que apareció publicado en la prensa. Allí se hablaba sobre un supuesto enfrentamiento en la localidad de Ciudadela, zona oeste del conurbano bonaerense, en el que murieron cuatro hombres y tres mujeres. Se confirmó así que Hilda “La Flaca” Farías fue asesinada y su posible embarazo no pudo llegar a término.

Liliana Beatriz Girardi nació Santa Fe. Sus compañeros la llamaban “Flaca” o “Pochi”. Formó pareja con Alberto Scapuzzi. Ambos militaban en el PRT-ERP. La joven, de 20 años, fue secuestrada el 6 de agosto de 1976 en su domicilio de Rosario, embarazada de cuatro a seis meses. Por sobrevivientes, se supo que permaneció detenida en el centro clandestino “Quinta de Fisherton”. En mayo de 2012 sus restos fueron identificados por comparación decadactilar. Por la fecha de inhumación, en efecto, pudo saberse que fue asesinada antes de dar a luz. Alberto falleció al año siguiente de la identificación en Venado Tuerto. Supo que el embarazo, también, no había llegado a su fin.

“A diferencia de los nietos restituidos, que las Abuelas lo comunican casi de inmediato, en el caso de las mujeres asesinadas embarazadas la demora tiene que ver con la resolución de la justicia –aclara Lorena Velázquez–. Porque cuando el entrecruzamiento de muestras de ADN de los restos con un grupo familiar da positivo, la justicia restituye la identidad y rectifica toda la documentación, como la partida de defunción y otros papeles, y suele ser un trámite muy largo”. 

Y luego se explaya con lo delicado del descubrimiento: “Si bien se llega a la resolución del caso, es difícil comunicar eso y las dos ramas del grupo familiar tienen que estar al tanto. A veces se restituye la identidad de restos de una mujer embarazaba pero no la del compañero y eso genera expectativas en la rama paterna o hay que evaluar bien si el embarazo no llegó a término o si el asesinato se produjo cerca de la fecha de parto. Ahí juegan todos los elementos recolectados en la investigación preliminar y la relacionada con el momento de la muerte. Es decir, se repiensa desde el hoy cómo se ´legaliza´ esa clandestinidad previa”.

Reconstruir un árbol genealógico

Los otros casos también presentaron dificultades. En el de Vaccarini, por ejemplo, se encontraron sus huesos en una fosa común en el Cementerio de La Piedad Rosario pero faltaba la muestra genética de ella. En su proceso, desde la Conadi iniciaron una investigación donde reunieron una denuncia familiar sobre su embarazo, luego armaron el árbol genealógico de ella y su compañero, y hubo un relevamiento de testimonios para detectar si pasó por algún centro clandestino. También recurrieron al “índice de abuelidad” para reconstruir a los abuelos, los dos paternos y los dos maternos. En ese marco, se llegó a la exhumación de una de las abuelas de Olga Lilian Vaccarini. 

Todo representó un procedimiento tedioso: presentar el caso ante una fiscalía, el costo económico por los materiales técnicos, y la posterior vuelta a la inhumación del cuerpo. La muestra se introdujo en el Banco Nacional de Datos Genéticos y fue fundamental para reconocer la identidad de Olga Lilian Vaccarini. Ella y su compañero Gustavo Adrián Rodríguez militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). A él sus compañeros lo llamaban “Matías” y a ella “Marlene”. La pareja fue secuestrada el 16 de mayo de 1977, Gustavo mientras se encontraba internado en el Hospital Ferroviario de Rosario, y Olga en la misma ciudad, un rato más tarde, en la casa de su suegra. La joven, de 22 años, estaba embarazada de tres meses. Por testimonios se supo que Gustavo permaneció detenido en el centro clandestino “La Calamita”, en la localidad de Granadero Baigorria. De ella no se supo más nada.

“Hay que destacar que si bien su caso estaba en CONADEP, recién sus familiares hicieron la denuncia por su embarazo en 2006. Y hubo un vacío de información durante casi veinte años a partir de allí, tuvimos que viajar al interior, cotejar pruebas, armar el árbol genealógico con lo que fuimos encontrando. Pudimos constatar que lo que en su momento no se animó a denunciar un familiar, luego lo retoma la siguiente generación. Muchas de esas denuncias las hicieron una cuñada, como en el caso de Vaccarini, un sobrina, o ahora un nieto. O sea, familiares no tan directos. Y notamos que en las provincias y en los pueblos es extremadamente complejo, porque el cono de miedo y terror siguió vigente en la democracia y todavía no se eliminó. Allí se conocen entre todos, hay una intimidad y una cercanía densa, un hilo grueso e invisible difícil de cortar”. 

Los archivos públicos, hoy trabados en su acceso por la gestión Milei, fueron una herramienta fundamental para reconsiderar una versión extendida sobre el terrorismo de Estado. Aquella que presuponía que los militares dejaban a las mujeres secuestradas dar a luz, que luego quitaban a sus niños y los daban a una familia en adopción, y que finalmente, más acá o más allá en el tiempo, las terminaban asesinando. El patrón, por el arduo trabajo de instituciones como la Conadi y el EAFF, se amplió hacia otras zonas del horror: los genocidas también acribillaron brutalmente a mujeres embarazadas, sin esperar su gestación. Numerosos casos que aún restan identificar corren el riesgo de perderse para siempre en la bruma de la impunidad.

JMM/MG