Coronavirus - Segunda ola
La Ciudad presentó un recurso ante la Corte para que no se cierren las escuelas minutos antes de la reunión entre Fernández y Larreta
Diez minutos antes de entrar a Olivos para reunirse con Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para intentar garantizar las clases presenciales. La medida busca que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive.
La Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado” y busca que “se resuelva rápidamente la situación de las escuelas, independientemente de la discusión de fondo”.
En el máximo tribunal aseguran no estaba previsto un “trámite exprés” para tratar la presentación aunque los acontecimientos son dinámicos y van cambiando a cada minuto. Hay un plazo mínimo de dos semanas que demanda la presentación del expediente interno, el giro al Procurador General de la Nación, la circulación por las vocalías de los cinco miembros para tener una definición. De ser así, el planteo podría tornarse abstracto ya que el DNU tiene una vigencia de dos semanas.
“Esta mañana y tal como lo había anticipado el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad interpuso una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive”, reza el comunicado oficial de la Ciudad.
El Gobierno porteño sostiene en su presentación que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación. Además, sostiene que el DNU no es razonable ya que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional.
Se puso énfasis, además, en que la normativa cuestionada vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 75, inc. 22 CN), que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad. En su inciso D sostiene que los Estados Parte deberán: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.
Y en ese sentido debe garantizarse la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales.
El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se reúnen este viernes para conversar sobre la suspensión de las clases presenciales por dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El encuentro fue solicitado el jueves por las autoridades de la Ciudad.
NB
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