Diputados del PRO presentaron proyecto para declarar “inválido” el juicio político a la Corte

Diputados nacionales del PRO presentaron hoy un proyecto de declaración donde solicitan que la Cámara baja declare “inválido y nulo” el proceso de juicio político contra la Corte Suprema que inició el año pasado el Frente de Todos (hoy Unión por la Patria. Según especificaron, los legisladores que impulsaron tal actuación contra el Máximo Tribunal “violaron las garantías constitucionales” en el marco de un proceso en el que se cometieron “serias irregularidades”.

“La totalidad del proceso de juicio político impulsado durante el año 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados por orden del entonces presidente Alberto Fernández contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti estuvo teñido de reiteradas irregularidades”, establece el texto firmado por el titular del bloque, Cristina Ritondo, y otros legisladores de ese espacio como Damián Arabia y Sabrina Ajmechet.

A su consideración, “no se encontraban razones para iniciar dicho procedimiento excepcional y no existían motivos suficientes para que esta Honorable Cámara acuse ante el Senado a los mencionados ministros”. Debido a esto y las múltiples irregularidades y faltas al reglamento de la Cámara de Diputados, los parlamentarios del PRO buscan invalidar “la totalidad del procedimiento”.

El Frente de Todos inició el proceso de juicio político contra los magistrados el pasado 26 de enero en base a 14 expedientes. Entre ellos, destacan el fallo por la coparticipación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2x1 para los delitos de lesa humanidad y la presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

Siendo mayoría en la comisión creada para llevar adelante este proceso, el entonces oficialismo emitió un dictamen en contra de la Corte Suprema el pasado 28 de noviembre. La resolución de la comisión debería ahora ser tratada en el recinto, pero su aprobación es prácticamente nula dado que, para ello, se necesitan los votos favorables de dos tercios de la Cámara.

ACM con información de agencias.