Hospital Bonaparte: trabajadores denuncian persecución ideológica por parte de las nuevas autoridades
.Un nuevo ataque contra los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte se llevó a cabo el lunes, luego de que las autoridades interventoras decidieran “echar de palabra” a Javier Ríos, empleado desde hace diez años en el sector de comunicación de la institución. “Fue una acción disciplinante para acallar la lucha que los trabajadores venimos impulsando desde el cuatro de octubre del año pasado”, explica Javier, quien no figuraba inicialmente en los 200 despidos que se llevaron a cabo durante el mes de enero, pero cuyo puesto no fue renovado por la nueva gestión a comienzo de esta semana.
“Si bien todavía no recibí ninguna notificación oficial, mi jefa de área me confirmó que mi contrato no fue renovado”, agrega el ahora extrabajador del hospital, tras una década en la institución. Javier es un activista político conocido públicamente por su participación en las diferentes asambleas y comisiones de trabajo que se conformaron desde octubre, cuando comenzó el vaciamiento del Gobierno contra la institución. “Coordino la comisión de despedidos del hospital y, desde el lunes, formo parte”, bromea Javier, quien además es documentalista con dos películas producidas sobre el movimiento obrero.
Junto a otros compañeros, además, Javier creó en octubre la cuenta de Instagram “En lucha el Bonaparte”, con más de 50 mil seguidores y en donde comunican todas las novedades sobre la lucha de los empleados despedidos y los recortes por parte del Gobierno. “Siempre me dediqué al registro audiovisual dentro del hospital en el área de comunicación y ahora colaboro también desde afuera, contando la destrucción del Gobierno a la salud pública”, señala el documentalista de 52 años.
Otra empleada de la institución, con igual antigüedad en su puesto, también estaría “marcada” por las nuevas autoridades ante su participación política en diferentes asambleas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) plantearon que existe una “clara intencionalidad de persecución gremial sobre compañeros activos con participación activa en la lucha”.
“Te colgaron de la plaza pública para que lo veamos todos”, le dijo a Javier una compañera del Bonaparte, tras enterarse de su situación. “No lo tomó como un ataque personal, sino como un intento de disciplinamiento al colectivo de trabajadores que defiende públicamente al hospital”, asegura Javier. “Estamos frente a un gobierno que persigue todo lo que se resista”, apunta el reciente despedido, quien comenzará acciones legales contra las nuevas autoridades. Las jornadas de visualización del conflicto continúan en el edificio de Combate de Los Pozos 2133, en Parque Patricios, con diferentes actividades.
El 23 de enero, el neurocirujano y reciente interventor del hospital, Mariano Pirozzo, reunió a algunos jefes del Bonaparte para presentarse. Allí, tras despedir a 200 empleados que habrían ingresado en 2020 durante el gobierno anterior, les comunicó que su objetivo era volver a la institución “rentable”. Pirozzo, quien cumplió la misma función antes en el Hospital Nacional Baldomero Sommer ─en donde se despidieron a más de 120 trabajadores─, llegó a la institución de salud mental junto a la directora del Comité de Control de Calidad del Ministerio de Salud, Gisela Bracco. La nefróloga y especialista en medicina estética asumió la dirección de ese organismo en septiembre del año pasado, cuyo fin es la “optimización de los recursos de la salud pública”. Según su cuenta de LinkedIn, sigue “abierta a nuevas posibilidades de trabajo”.
El lunes, el mismo día en que despidieron a Javier, la justicia resolvió abrir la feria judicial para tratar la situación del hospital, luego de la intervención de la cartera de salud. La medida judicial se produce a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que sostienen “que después de los últimos 200 despidos están en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital”.
En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, el CELS explicó “la situación crítica” que atraviesan los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. “Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, señaló el organismo de derechos humanos.
Una trabajadora del Bonaparte le aseguró a elDiarioAR que las autoridades ordenaron enviar mensajes a sus pacientes con suspensiones de turno y derivaciones a otras instituciones. “Buscan vaciar al hospital de pacientes para justificar los despidos”, señaló la empleada.
FLD/MG
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