Milei blindó el veto como herramienta de gestión y confía que puede bloquear hasta un juicio político

Martín Menem leyó el resultado de la votación que blindó el veto al financiamiento universitario y el recinto de Diputados se llenó de silencio. No hubo festejos ni aplausos en el bando de los ganadores: libertarios, macristas, radicales peluca y otros legisladores dependientes de sus gobernadores. ¿Había sido una victoria pírrica? ¿O fue un triunfo incómodo? Por algo, esta vez desde la Casa Rosada no se invitó a los 85 “héroes” a comer un asado en Olivos. Cuando se confirmó el veto al aumento jubilatorio el 11 de septiembre, apenas una hora después de la sesión les llegó a los diputados panlibertarios el convite oficial —entonces fueron 87— para celebrar en la residencia presidencial.

Pero el tercer tiempo del miércoles fue otro. Hubo felicitaciones, pero más sutiles. El propio Javier Milei, pero también Santiago Caputo y Lisandro Catalán, el secretario del Interior, se contactaron personalmente con Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, para agradecerle que el grueso del PRO se mantuvo alineado a La Libertad Avanza. “Una vez más sacaste las papas del fuego por el Gobierno”, fue uno de los mensajes que le transmitieron. Los amarillos aportaron 35 de sus 38 porotos para voltear la norma que otorgaba un aumento a los docentes y no docentes universitarios. El 41% del blindaje al veto lo aportó el macrismo.

Si bien LLA y PRO son socios parlamentarios, está lejos la conformación de un interbloque. De un lado y otro dicen que no quieren un espacio común. Lo que no dicen es que sería rebajarse el precio ante un amigo-rival cuando aún falta un año para las legislativas. “Nosotros no pedimos lugares en el gobierno ni pretendemos ser cogobierno. Queremos formar parte de las decisiones políticas en cuestiones que involucran al parlamento. Si quieren que pongamos la cara (o los votos), tenemos que estar en las decisiones. No queremos un interbloque, el PRO va a seguir siendo un bloque con la fortaleza que tiene hoy. Esto tiene que tener un correlato en los lugares donde gobernamos nosotros”, explican en el despacho de Ritondo. 

Lo que sí hay entre los violetas y amarillos es un convenciento de que se necesitan mutuamente. Si de alguna manera el PRO es el salvavidas parlamentario del Gobierno, Milei representa para los macristas la garantía del cambio. Más que elocuente fue el discurso del miércoles de Alejandro Finocchiaro, quien rosqueó para que la Casa Rosada le otorgue a los trabajadores universitarios un paupérrimo aumento salarial y condiciones parecidas a las del resto de los estatales: “Me corto un brazo antes de votar con el kirchnerismo”, dijo en el recinto. 

Con sus asperezas, la sociedad LLA-PRO es virtuosa porque ya logró frenar en un mes dos insistencias de la oposición. Y distintas fuentes consultadas por elDiarioAR aventuran que se profundizaría hacia adelante porque el tercio panlibertario tiene una meta más de fondo que blindar vetos presidenciales: obturar cualquier posibilidad de juicio político al Presidente. 

Esa sensación ya recorrió los despachos oficialistas post debate sobre jubilaciones y se terminó de sopesar con las universidades. “Bloqueamos los dos tercios para un juicio político”, sentenció con aire de conformidad una de las principales espadas legislativas del oficialismo que tiene un pie en el PRO y otro en la Rosada. La visión fue confirmada por voces de ambos lados del mostrador: “Asegurar el tercio es una demostración de que un juicio político no pasa; es un mensaje político”, planteó un vocero parlamentario amarillo con llegada a las negociaciones más sensible con el Gobierno. “Obvio que nos blindamos ante un juicio político, pero hoy no está en agenda, no existe”, descartaron en la cúpula de LLA en Diputados.

Si bien el aumento a los jubilados se bloqueó con 87 votos y el financiamiento universitario obtuvo 85, en el oficialismo echan por tierra una merma al apoyo aliado. Como pruebas está que no hubo cambio de votos. El jefe del MID, Oscar Zago,ya se sabía que estaba de viaje. Y aunque el radical Pablo Cervi se abstuvo, se comprobó el mileísmo en sangre de los restantes cuatro correligionarios disidentes. 

Entre los provinciales se afianzó el acompañamientos de los gobernadores en distritos donde Milei tiene aún un alto apoyo social. “¿Cuánto mide el Presidente en Misiones o Tucumán? No son boludos los gobernadores”, apuntó el vocero libertario. La jugada del peronista Raúl Jalil, gobernador por Catamarca, fue más sutil porque la diputada Fernanda Ávila se ausentó, pero quedó en evidencia porque fue la única de Unión por la Patria en disidencia. Menem aún recuerda que el 12 de agosto recibió en su despacho a Jalil: “Nos debía un café”, bromearon en LLA. 

El tercio para blindar los vetos, creen los libertarios, se aumentaría considerablemente ante un eventual juicio político. La referencia que porotean en el oficialismo es el resultado que dejó la flamante sanción de la Boleta Única de Papel: 143 a favor –entre libertarios, PRO, radicales, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los provinciales– frente a 87 en contra, sobre todo del peronismo-kirchnerismo. Según sus cálculos, ya no sería un coto a los dos tercios, sino una mayoría absoluta la que acompañaría a Milei en esa situación extrema. Es futurología pensar qué harían en esa situación los diputados que circundan a Miguel Pichetto y Elisa Carrió: los discursos de sus bancas el miércoles fueron de alto contenido crítico hacia el Gobierno.

En mesa de entradas de Diputados ingresó en abril un escrito de particulares (de la cultura, organismos de Derechos HUmanos y la política) contra Milei por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”. Pero no hay ningún proyecto opositor que pida hacerle un juicio político al Presidente. Sí hay una iniciativa del kirchnerismo, la izquierda y el socialismo contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Y el PRO firmó un proyecto para que se anule el proceso que había abierto en su momento el Frente de Todos contra los jueces de la Corte Suprema. 

Tampoco está conformada la comisión de Juicio Político, que en su momento le generó dolor de cabeza a Milei cuando Zago –ex jefe del bloque libertario– acordó con Marcela Pagano para que asuma como presidenta del cuerpo de trabajo. El escándalo terminó con un corte abrupto de la transmisión en vivo. Luego el referente de MID fue expulsado del espacio y la periodista quedó muy relegada en las negociaciones parlamentarias, aunque sigue dentro del bloque y vota sin chistar. Hoy en LLA no hay información de cuándo se va a terminar de integrar esa sensible comisión. 

En el proceso de juicio político, la comisión realiza la investigación contra los acusados y eleva un dictamen al recinto. Así la Cámara baja se transforma en acusadora, pero hacen falta los dos tercios de los votos para aceptar el expediente. Alcanzado ese número, Diputados elige legisladores encargados de exponer la acusación ante el Senado, que debe resolver el caso. La sentencia debe conseguir dos tercios de los senadores presentes.

Sin preocupaciones sobre un juicio político, en el oficialismo sí se encendió una alarma, inmediatamente después de la votación de universidades, por la avanzada opositora para que se abra el debate a una reforma de la Ley que regula los DNU. El PRO se puso rápidamente en guardia y acusó sobre todo a sus ex aliados de Carrió y la UCR de buscar una aventura golpista. “Que se haga cargo quien quiere llevarse puesto al Gobierno o la voluntad de la mayoría de los argentinos expresados en este Congreso. Que decida de qué lado se queda”, fustigó la bullrichista Silvana Giudici al final de la sesión. 

El arco opositor logró emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales, que dirige el libertario José Mayorans, para que se comience a discutir una serie de iniciativas al respecto la semana próxima. La intención opositora es acotar los alcances de los Decretos de Necesidad y Urgencia, ya que actualmente son una herramienta presidencial que no tiene vencimiento y que queda vigente hasta tanto ambas cámaras parlamentarias lo volteen.

La impotencia opositora se expresa en que siguen en pie los DNU de desregulación económica y la fórmula jubilatoria mileísta. Solo fue volteado por el Congreso, de manera histórica, el del financiamiento de la SIDE. En la oposición creen que si no pueden ante el blindaje panlibertario de los vetos, podrían acortar el alcance de los DNU. Entienden que hasta ahora Milei solo gobernó a fuerza de decretos y vetos.

MC/JJD