Organismos de DDHH y hasta Villarruel cuestionan que militares actúen en seguridad interior
El anuncio de Patricia Bullrich y Luis Petri de que el Gobierno impulsará una reforma legislativa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en operativos de seguridad interior encendió las alarmas sobre el rol de los militares bajo la gestión de Javier Milei. Con posturas muy disímiles, desde organismos de derechos humanos hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionaron la iniciativa oficial.
Los ministros instalaron el tema la misma jornada en que la agrupación H.I.J.O.S denunció que una militante fue abusada y violentada en su domicilio, y que en su casa dejaron como insignia la firma libertaria “VLLC”. Todo a solo tres días de una nueva conmemoración del 24 de marzo, cuando se espera una masiva marcha a Plaza de Mayo en repudio a la dictadura, mientras la Casa Rosada tiene en agenda emitir un spot sobre su propia visión del Día de la Memoria.
Bullrich y Petri justificaron la actuación de las FFAA a partir de la grave crisis que atraviesa la ciudad de Rosario por la violencia de las bancas narcos. Por eso el mote de “terrorismo”. Pero los cambios a la Ley de Seguridad Interior que plantea el Gobierno libraría el accionar de los militares en todo el país, cuando hoy están abocadas exclusivamente al control de las fronteras.
Aunque la letra chica de la reforma que plantea el oficialismo se conocería recién la semana próxima, supo este medio de fuentes allegadas a Bullrich, el corazón de la iniciativa será la modificación del artículo 27 de la Ley 24.059, más conocida como Ley de Seguridad Interior, sancionada en 1991. En ese apartado se explicita que el Ejército, Armada y la Fuerza Aérea sólo pueden asistir logísticamente a situaciones internas a pedido de un comité de crisis, pero no realizar tareas de patrullaje, control de personas o detenciones. Es lo que sucede actualmente en Rosario, donde se conformó una instancia de emergencia que encabezan el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Bullrich y Petri. Seguridad envió agentes federales, mientras Defensa proveyó vehículos y, esta semana, helicópteros.
“En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”, reza el artículo 27 mencionado.
Además de la Ley de Seguridad Interior, el control político civil de las FFAA y su prohibición de que intervengan en asuntos políticos internos tras la dictadura está contemplado en otras normas, como son la Ley de Defensa Nacional de 1988 y de Inteligencia Nacional de 2001, así como el decreto reglamentario 727/06. “A nuestras Fuerzas Armadas se las ha perseguido y demonizado por un sesgo ideológico. No se las utilizó como corresponde”, afirmó ayer Petri, a lo que Bullrich agregó: “Las Fuerzas Armadas han sido también las fuerzas armadas de la libertad del país”.
Ayer el oficialismo avanzó en lo que será el derrotero parlamentario de su iniciativa al constituir en Diputados las comisiones de Defensa y de Seguridad Interior. Los libertarios, que son minoría en la Cámara baja, le concedieron a sus aliados encabezar esos dos cuerpos de trabajo. Defensa será presidida por Ricardo López Murphy, que forma parte de Hacemos Coalición Federal, el heterogéneo bloque que conduce Miguel Pichetto. Y Seguridad Interior lo encabezará Alejandro Bongiovanni, del PRO.
En la reunión de la comisión de Seguridad Interior hubo un repudio generalizado entre todas las bancadas al ataque a la militante de H.I.J.O.S. De hecho, a Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la UCR hasta se plegó el diputado de LLA Álvaro Martínez. Pese al consenso verbal, no hubo acuerdo para emitir una declaración por escrito conjunta, como propuso el peronismo. Se negaron los libertarios y el PRO. El cuerpo de trabajo se volvería a reunir el miércoles de la semana que viene, con esta iniciativa en agenda.
Los cambios y críticas al proyecto
De acuerdo a lo que sostuvo este jueves en conferencia de prensa el ministro de Defensa, la modificación a la ley vigente busca habilitar a las FFAA a partir de considerar la violencia del narcotráfico como “actos de terrorismo”. Según dijo Petri, la intención es que los militares puedan “realizar tareas de seguridad interior como patrullaje, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez o fiscal”.
Además, también el Gobierno quiere que se les permita usar “medios coercitivos” en base a las mismas normas de las fuerzas de seguridad: “Es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza”, agregó Petri. El titular de Defensa confirmó que, en estos casos en los que las FF.AA. utilicen la fuerza de forma justificada, “sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en el uso del poder”. Finalmente, el funcionario agregó que serán capacitadas para actuar de esta forma en busca de cuidar a la sociedad civil de forma interna y prevenir delitos y tragedias.
La propuesta del Gobierno es la militarización y los militares no son una solución efectiva a nuestros problemas de inseguridad y narcotráfico. La intervención de las Fuerzas Armadas (...) abre la puerta a escenarios de mayor violencia
La propuesta oficialista generó rechazo en organizaciones especialistas en la materia. “La propuesta del Gobierno es la militarización y los militares no son una solución efectiva a nuestros problemas de inseguridad y narcotráfico. La intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos no implica ningún valor agregado sobre lo que pueden hacer las fuerzas federales, y en cambio abre la puerta a escenarios de mayor violencia”, denunciaron ante elDiarioAR desde el CELS. “El Gobierno presenta este problema como lucha contra el terrorismo pero en la práctica, en Rosario, es una intervención contra el crimen organizado, es decir, un problema de seguridad interior para el que las FFAA no están preparadas. Este anuncio termina siendo una coartada para no mejorar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y la investigación judicial”, agregó la organización a través de un comunicado.
“¡Paren de reprimir!”, exigió desde las redes sociales la Correpi, que calificó que las medidas anunciadas oficialmente están “prohibidas por la legislación interna y los convenios internacionales que la Argentina se comprometió a respetar”. La organización consideró que el Gobierno lleva adelante una “avanzada represiva sin parangón desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica”.
La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho
Inesperadamente, y con argumentos totalmente opuestos a los de los organismos de derechos humanos, por la noche la que le bajó el pulgar a la iniciativa de Petri y Bullrich fue de Villarruel, quien dio una explosiva entrevista al canal TN. Luego de admitir que tuvo ceder ante la decisión de Milei cuando asumió el gobierno de no dejarle a su cargo las áreas de Seguridad y Defensa, la vice arremetió: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho”, afirmó la titular del Senado.
Abiertamente defensora de los militares y su actuación en los 70, Villarruel puso en foco en la responsabilidad futura que tendrían aquellos soldados que realicen tareas de seguridad interior y que puedan cometer “excesos” en sus tareas, como ella considera que ocurrió en la última dictadura. “Si vamos a modificar la ley, también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. Los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler una acción armada de narcoterrorismo o terrorismo o crimen organizado o cualquiera de las nuevas amenazas, van a tener el respaldo del Estado en la orden que se les está impartiendo”, afirmó, para luego concluir con una polémica defensa a los jefes militares de la represión: “Un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados y hoy, por ejemplo, tenés gente que está pagando penas de prisión más gravosas que las que pagó en su momento [los dictadores Jorge Rafael] Videla o [Emilio] Massera”.
MC/JJD
0