VACUNAS DE PRIVILEGIO

Piden resguardar los mails de Vizzotti, González García y otros exfuncionarios investigados

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitó a la ministra de Salud, Carlos Vizzotti, que realice una copia de seguridad de sus cuentas de correo electrónico y mensajero interno así como del exministro Ginés González García y del resto de los investigados en el caso del vacunatorio de privilegio, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes directas del caso.

La fiscalía especializada, que trabaja en paralelo a la fiscalía federal de Eduardo Taiano, también solicitó mediante un oficio que se congelen y resguarden los e-mails del ex jefe de Gabinete de Salud Lisandro Emilio Bonelli; del exsecretario privado de González García, Marcelo Ariel Guille; y de los salientes funcionarios Mauricio Monsalvo (exsubsecretaria de Gestión Administrativa); Martín Sabignoso (ex secretario de Equidad en Salud); y Arnaldo Darío Medina (exsecretario de Calidad en Salud). 

Una vez realizada la copia de seguridad, la ministra deberá informar a la PIA el procedimiento empleado y quién estuvo a cargo de la medida. La información resguardada deberá mantenerse en la sede de Salud hasta tanto la jueza María Eugenia Capuchetti solicite acceder a los correos enviados y recibidos desde el 29 de diciembre de 2020, fecha en la que comenzó la implementación del plan estratégico de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

La PIA envió esta semana al menos tres oficios dirigidos al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; a la ministra Vizzotti; y a la dirección del Hospital Posadas con una batería de medidas dirigidas a obtener documentación e información oficial para determinar cómo el Gobierno de Alberto Fernández administró y distribuyó las vacunas contra el Covid-19, confirmaron fuentes directas de la investigación.

Vizzotti también deberá identificar los teléfonos personales y laborales con los que la funcionaria se maneja desde diciembre de 2020 y aquellos número con los que se comunicaban el exministro y sus principales colaboradores. También deberá identificar e informar los teléfonos de empleados, secretarios privados y asesores de los siete funcionarios que serán foco de esta primera etapa de la investigación, según informó una fuente con acceso al caso.

Más medidas

La investigación de la PIA sobre el supuesto circuito de privilegio para recibir la vacuna contra el Covid-19 se inició el viernes 19 de febrero, luego de que el periodista Horacio Verbitsky dijera en una entrevista a Radio El Destape que había accedido a la vacuna Sputnik V gracias a su “amigo Ginés”. Tras las revelaciones, González García presentó ese mismo día su renuncia al cargo, a pedido del presidente Alberto Fernández.

La existencia de un vacunatorio VIP en el ministerio de Salud sacó a la luz un circuito paralelo al establecido oficialmente para la administración de dosis a grupos de riesgo o interés epidemiológico, del que participó personal del Posadas y al que se accedía por medio del contacto con el ministro de Salud, lo cual encuadraría en “serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública”, según el documento que dio inicio a la investigación. 

La PIA busca establecer cómo se tomaron las decisiones en torno a las vacunas de privilegio y quién las tomó; cómo las autoridades responsables cargaron los datos de las personas vacunas por afuera del criterio establecido; si falsearon información en los registros; y cuál fue motivo de esa orden a la hora de asignar a una persona por sobre otra para recibir la vacuna de Covid-19.

Pero además, el fiscal Rodríguez agregó otro eje al expediente: la distribución de las vacunas por jurisdicción y con qué respaldo normativo el sistema se organizó de esa manera. Este miércoles, el Gobierno hizo públicos por primera vez los datos sobre cantidad de dosis administradas por jurisdicción, pero la investigación de la PIA busca el respaldo legal de esas decisiones. También, solicitó que el Ejecutivo identifique a los responsables nacionales del contralor de la distribución y aplicación correcta de las dosis por parte de cada una de las jurisdicciones.

Además, el ministerio de Salud de la Nación debe explicar si tenía asignadas vacunas de forma directa y con qué criterio.

La Jefatura de Gabinete también debe informar a la fiscalía la cantidad de dosis ingresadas al país desde el 29 de diciembre hasta la actualidad y entregar la documentación de respaldo del ingreso de las vacunas contra el coronavirus.

El fiscal solicitó los registros de ingresos y egresos del ministerio; los registros fílmicos de las cámaras de seguridad entre el 15 y el 21 de febrero; y una nómina de personal de Salud y del Hospital Posadas que podría derivar en declaraciones testimoniales. Además, pidió la lista completa de personas vacunadas por este circuito, entre otras decenas de medidas de prueba. 

El Posadas deberá explicar si había un stock diferenciado para personas de categoría “personal estratégico” (categoría que ahora le asignan a los funcionarios públicos que recibieron la primera dosis) en comparación con “personal de salud” (grupo prioritario). La PIA intenta reconstruir cuántas personas fueron vacunadas en el Hospital Posadas con esas categoría y si es que estaban establecidas antes de que se desatara el escándalo.

Los trabajadores de la salud, grupo prioritario del plan oficial de inmunizados, aún no fueron vacunados en su totalidad en las principales jurisdicciones; el proceso avanzó con lentitud ante la escasez de vacunas (en especial para aplicar la segunda dosis), como publicó esta semana elDiarioAR. Salud publicó que sólo el 37% de los vacunados en todo el país tiene la segunda dosis necesaria para la inmunización, pero no se informó cuántos de ellos son personal de la salud, aunque se estima que es la mayoría.

En la provincia de Buenos Aires, donde la gobernación recibió mayor cantidad de vacunas, la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud) estima que la primera dosis fue aplicada al 70% de los trabajadores sanitarios del sector público, pero no tienen cifras oficiales claras y no conoce la situación en obras sociales y clínicas privadas. El gobierno porteño informó que inmunizó al 40% del personal sanitario con la primera dosis y explicó que no sabe cuándo podrá completar el padrón de inscriptos. No se conoce cómo están distribuidas las dosis por hospital o centro de salud. 

La encargada de vacunación en el Posadas, María Elena Borda, declaró este martes como testigo ante la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano y sostuvo que la prioridad de las autoridades del hospital era vacunar al personal médico y al resto del personal sanitario pero que recibían en el nosocomio a personas que no conocían y que eran enviadas por el Ministerio, según informó una fuente judicial con acceso al expediente. 

El director del Posadas, Alberto Maceira, también declaró testigo y señaló que las indicaciones sobre a quién aplicar la vacuna por afuera del plan oficial venían de dos personas del ministerio que invocaban a González García: el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia (quien se encuentra atravesando un duro cuadro de Covid-19); y el secretario privado del ministro, Marcelo Guillé.

ED