Procesaron a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

El expresidente Alberto Fernández fue procesado por la Justicia en una causa por violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez. La decisión fue tomada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, que además ordenó un embargo sobre sus bienes y restricciones de acercamiento.
El juez dictaminó el procesamiento de Fernández como autor penalmente responsable de lesiones leves y graves agravadas, y amenazas coactivas, todos en concurso real. Además, le impuso un embargo de $10.000.000 y mantuvo la prohibición de contacto con Yañez, quien actualmente reside en Madrid. Además, el juez dispuso que no podrá mantener contacto con ella por ningún medio. Aunque se levantó la prohibición de salida del país, Fernández deberá informar cualquier cambio de residencia y notificar viajes de más de 72 horas.
La denuncia, presentada por Yañez el 6 de agosto de 2024, señala que Fernández ejerció violencia física y psicológica contra ella desde 2016 hasta 2024, con episodios que incluyeron golpes, zamarreos y amenazas, incluso durante su mandato presidencial y tras su embarazo en 2021.
La investigación incluyó testimonios, registros médicos, chats de WhatsApp y fotografías de lesiones, pruebas aportadas por el fiscal Ramiro González. El juez concluyó que las pruebas presentadas son suficientes para acreditar los hechos denunciados y destacó las secuelas psicológicas que Yañez habría sufrido como consecuencia de la violencia ejercida.
Según el fallo, la relación entre Fernández y Yañez estuvo marcada por un vínculo de poder asimétrico, en el que el exmandatario habría ejercido violencia psicológica de manera habitual, manifestada en hostigamientos, indiferencia, insultos y controles excesivos sobre su expareja. La investigación judicial también determinó que esta violencia escaló hasta alcanzar el plano físico, con episodios documentados de agresiones directas, como golpes y zamarreos.
En particular, Ercolini hizo hincapié en dos episodios centrales que sustentaron la acusación. Uno de ellos ocurrió en la madrugada del 22 de junio de ese mismo año, cuando el exmandatario, en medio de una discusión en la suite presidencial de la Quinta de Olivos, le habría propinado un golpe de puño en el ojo derecho. El segundo tuvo lugar durante agosto del 2021, cuando Fernández habría sujetado fuertemente del brazo a Yañez, provocándole un hematoma.
Por su parte, la defensa de Fernández negó las acusaciones y cuestionó la imparcialidad del tribunal, argumentando que Yañez tenía problemas psiquiátricos previos y que las pruebas eran insuficientes. Sin embargo, el juez rechazó estos planteos y dio curso al procesamiento.
La causa se inició en agosto de 2024, cuando Fabiola Yañez presentó una denuncia formal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. La denuncia fue realizada mediante una videoconferencia desde Madrid con el juez Julián Ercolini. El juez Ercolini citó a Fernández a declarar el 11 de diciembre del mismo año en los tribunales de Comodoro Py. Pero el 10 de diciembre la defensa de Fernández solicitó que la causa fuera trasladada al fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando la incompetencia del juez.
Días después la Justicia concedió una prórroga en la causa, postergando la declaración indagatoria de Fernández hasta el 4 de febrero de 2025. Finalmente, en esa fecha, el exmandatario se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para su declaración indagatoria. Durante la audiencia, Fernández desmintió las acusaciones y se negó a contestar preguntas tanto del juez como del fiscal. Alegó que las pruebas en su contra eran insuficientes y que la causa tenía un trasfondo político.
El juez rechazó las acusaciones de falta de imparcialidad que Fernández dirigió en su contra, señalando que la recusación del ex mandatario se basaba en argumentaciones personales y no en elementos objetivos que indicaran un interés indebido en el proceso. Ercolini subrayó que la investigación y el procesamiento de Fernández se sustentaban en pruebas contundentes, como testimonios, pericias médicas y registros forenses, los cuales confirmaban la existencia de un patrón de violencia psicológica y física en el marco de la relación con Yañez.
MPL/MG
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