Reforma de la Justicia: Soria asume sin los votos para su aprobación

El designado ministro de Justicia, Martín Soria, asumirá con un objetivo cada vez más improbable: ejecutar la reforma judicial albertista. Se trata de una misión que en el conteo de los votos en la cámara de Diputados parece una hazaña y que amenaza con reducir los anuncios del Gobierno a meros planteos testimoniales y de bajísimo impacto en el funcionamiento de la Justicia. Así surge del diálogo con funcionarios y diputados oficialistas y opositores, consultados en los últimos días por elDiarioAR.

“La reforma es la prioridad: salir a buscar los votos y buscar el consenso en Diputados, que es lo que no se hizo hasta ahora desde el ministerio, y eso incluye negociar modificaciones para conseguir la ley”, dijo a este medio un funcionario del Ejecutivo que dialoga con el reemplazante de Marcela Losardo. 

En el bloque del Frente de Todos (FdT) confirmaron que Soria, quien todavía debe tramitar su renuncia a la banca en la Cámara baja para poder asumir en el Ministerio, ya mantuvo en los últimos días conversaciones con los diputados que lidera Máximo Kirchner. Las charlas contaron con un fin específico: destrabar el tratamiento de los dos proyectos de ley que tienen media sanción en el Senado y lograr acercamientos con los aliados potenciales en Diputados. Pero por el momento los números son desalentadores para los kirchneristas.

Martín (Soria) va a traer otra actitud más diligente y activa en el ámbito parlamentario. Había claramente una parálisis de la gestión anterior en ese sentido.

Un primer proyecto, que obtuvo media sanción en agosto último, lleva de 12 a 46 el número de juzgados de la Justicia Federal Penal porteña, donde se investigan las denuncias de presunta corrupción contra el poder central. Además crea nuevos cargos en los tribunales de Apelaciones Federales en las provincias. La iniciativa quedó empantanada en Diputados.

Un segundo proyecto, también con media sanción del Senado, quedó trabado en la misma cámara: la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Ni siquiera logró dictamen de comisión en Diputados.

En noviembre, los diputados Rodolfo Tailhade y Pablo González (quien en febrero dejó su banca para asumir en la dirección de YPF) hicieron el último relevamiento de votos en la cámara baja. El oficialismo necesitaba conseguir ocho votos para sacar la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal que le permitirá nombrar al nuevo procurador general, es decir, al jefe de los fiscales. Así lo confirmaron fuentes del bloque del Frente de Todos.

González y Tailhade pidieron entonces una reunión con la ministra Losardo y le llevaron el relevamiento. La socia del presidente Alberto Fernández los recibió y les agradeció la información. Ambos diputados pidieron a Losardo instrucciones para destrabar la situación y negociar modificación en el proyecto de ley con la oposición. Losardo les dijo que lo hablaría con el Presidente al día siguiente, pero nunca más se comunicaron, según afirmaron en el bloque oficialista ante la consulta de este medio.

“Martín va a traer otra actitud más diligente y activa en el ámbito parlamentario. Había claramente una parálisis de la gestión anterior en ese sentido y estoy convencido de que Martín viene a revertir eso”, se ilusionó Tailhade ante la consulta de elDiarioAR. 

Los números que quedaron en poder de Losardo sostenían que el oficialismo sólo contaba, hasta noviembre, con 122 votos: 117 propios (Sergio Massa no vota y José De Mendiguren está de licencia) y cinco aliados, una cifra que no alcanzaba ni para garantizar el quórum de la sesión (se necesitan 129). Si lograban el dictamen del proyecto en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, aún faltaban siete voluntades para darle tratamiento en el recinto.

Según esa proyección, los votos negativos a la reforma eran 127: los de las bancas del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, la izquierda y parte del peronismo federal. El oficialismo ya empezó a actualizar ese “poroteo” hecho en noviembre, con la esperanza de que el panorama haya cambiado, agregó otra fuente del FdT.

Hay dos proyectos de ley fundamentales en los que debemos avanzar, como también la implementación del sistema acusatorio.

En el relevamiento se contaban seis diputados que no habían definido su voto, al menos públicamente: dos miembros del bloque Justicialista, otros dos de Unidad y Equidad Federal y dos más de Acción Federal. En el resumen presentado a Losardo, los integrantes de la Cámara baja estaban divididos en tres grupos: afirmativos, negativos e indefinidos. Los legisladores encargados del destilado fino reforzaron la información sobre sus pares en un documento en le consignaron las declaraciones o falta de definiciones de los indecisos en los medios de comunicación.

En el Frente de Todos creen que, si en noviembre la situación era difícil, el mapa actual es todavía más complejo para avanzar con las reformas. Un diputado oficialista que sigue de cerca el conteo de los votos sostuvo que el kirchnerismo veía un halo de luz en una eventual negociación con el Interbloque Federal, integrado por los aliados de Roberto Lavagna y los cuatro diputados que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. En la lista que le entregaron a Losardo, los integrantes de este interbloque figuraban entre negativos e indefinidos.

“Hay dos proyectos de ley fundamentales en los que debemos avanzar, como también la implementación del sistema acusatorio”, dijo Soria al canal C5N el martes 16. El acusatorio entró en vigencia de manera parcial tras la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación a fines de 2018. Pero en los últimos dos años sólo se implementó en la Justicia federal con asiento en Salta y Jujuy. Recién en 2021, la comisión bicameral comenzó a tratar la aplicación futura en Rosario y Mendoza. El resto del país, y en especial la Justicia federal penal con sede en tribunales porteños, está muy lejos del objetivo.

Lo cierto es que la designación de Soria no le facilitará el trabajo a Sergio Massa en la búsqueda de votos. Durante el 2020, el presidente de la cámara baja no mostró demasiado entusiasmo ante la agenda judicial impulsada por el oficialismo. Su prescindencia se debió principalmente a que no estaban los votos necesarios para aprobar los proyectos. El tigrense no quería jugar a perdedor. Pero existió un motivo extra: eran iniciativas especialmente incómodas para Massa, quien había hecho una bandera en contra del “avance” sobre la Justicia. 

Tras la elección del diputado Soria en reemplazo de Losardo, el equilibrio de fuerzas en Diputados no cambió en favor del Gobierno. Y aunque Soria conoce el terreno parlamentario y es un férreo impulsor de los proyectos de Fernández, su perfil más combativo tampoco parece que vaya a allanar el camino. Frente a la oposición cerrada de Juntos por el Cambio, el Ejecutivo requiere obligatoriamente de los bloques intermedios para conseguir la sanción. De los 20 diputados ubicados en esa avenida del medio, entre lavagnistas, schiarettistas, los seis liderados por el mendocino José Luis Ramón, más algunos dirigentes provinciales, la mayoría tiene postura tomada en contra. En concreto, unos 14 ó 15 se inclinan al rechazo, según el relevamiento de elDiarioAR esta semana. Una de esas diputadas es Graciela Camaño, a su vez representante en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces.  

Camaño es una de las once voces del Interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca, y a quienes algunos diputados del kirchnerismo ven como posible interlocutora de Soria para la negociación. “No veo clima para discutirlos”, adelanta el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, compañero de Camaño en el interbloque. 

Dentro de ese espacio también se plantan contra las reformas los cuatro diputados cordobeses alineados con el gobernador Juan Schiaretti. Los cuatro integrantes de Córdoba Federal ya habían anticipado su negativa, bajo el argumento de que esa agenda no era prioritaria ni conectaba con los intereses del llamado “cordobesismo”. La relación entre Schiaretti y La Rosada empeoró a partir del actual tironeo respecto a la Ley de Biocombustibles. Ese clima no ayuda a la cruzada del designado ministro. Schiaretti incluso ya se encamina a armar una lista de diputados por fuera de la unidad amplia del Frente de Todos. 

“Hay que esperar a que pase esta semana”, dijo otro diputado cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con escasas esperanzas, en referencia a las tensas sesiones que se esperan por Biocombustibles y Ganancias.

Los diputados de Acción Federal, Felipe Álvarez y Antonio Carambia, tampoco se muestran proclives a votar a favor de las dos reformas en danza. El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, en cambio, es la excepción a la regla anti-reformista. Si bien sus seis integrantes no dieron su aval, al menos están dispuestos a considerarlo. Cercano a Massa, el mendocino José Ramón conduce esa tribu. “Tenemos una oportunidad para discutir. Tenemos que terminar con la Justicia concentrada en Comodoro Py. Necesitamos que los juzgados vinculados a la defensa de consumidores y medio ambiente se descentralicen”, afirmó Ramón a este medio. El diputado agregó: “En Mendoza, por ejemplo, el que tiene factura de gas o de internet con tarifas abusivas tiene que ser mago para llegar a un juez federal. Los entes que controlan están en la Capital”.

No veo clima para discutir los proyectos.

El Gobierno deberá implementar una “ingeniería de negociación” para conseguir los ocho votos que requiere en Diputados, resumió un aliado parlamentario. Ante la consulta de cuáles serán las cartas de negociación con los legisladores de los bloques intermedios para conseguir la sanción de las leyes, un integrante del bloque oficialista cree que pasará por la promesa de auxilio financiero a alguna provincias.

Respecto a la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal, Ramón coincide con el oficialismo: “El requisito de los dos tercios es muy exigente. Es grave que haya una vacante tan extendida en el tiempo”. En el sector ramonista, sin embargo, figura un posible díscolo. Se trata del rionegrino Luis Di Giacomo, alineado con el exgobernador y actual senador Alberto Weretilneck, archienemigo provincial de Soria. Así, se suma otro mal augurio para Soria. Di Giácomo había sido contado como posible voto afirmativo en noviembre, antes del recambio de Soria por Losardo, durante el relevamiento de Tailhade y González.

El principal punto del proyecto es que el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes). Y además que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Eso permitiría a Alberto Fernández nombrar a su candidato (el juez federal Daniel Rafecas, elegido por Fernández pocos días después de haber asumido) sin un acuerdo con parte de la oposición.

“Durante el tratamiento en el Senado, el oficialismo introdujo modificaciones que le daban más poder a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal. Por ejemplo, sus miembros tenían un rol en el Tribunal de Enjuiciamiento (el órgano encargado de sancionar a los fiscales), pero tal vez esos son los puntos que se pueden negociar con los bloques intermedios”, explicó un diputado del Frente de Todos. En la alianza oficialista ya hay voces dispuestas a resignar algo para avanzar con una porción de la reforma.

ED/AF