El Senado firma sin cambios el dictamen del proyecto de “Emergencia Covid”
El proyecto de Ley enviado por el Gobierno para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país obtuvo este miércoles dictamen de mayoría en el Senado y podrá ser debatido la semana próxima en el recinto.
La iniciativa, a la que se le podrán introducir cambios en el momento de su discusión en el recinto, fue apoyada solo por el Frente de Todos.
Los respaldos durante el plenario de comisiones del Senado
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, respaldaron el proyecto de ley enviado por el Gobierno y afirmaron que las facultades que se propone otorgar al Poder Ejecutivo “son constitucionales”.
Durante un plenario de comisiones del Senado, el oficialismo adelantó no obstante, a través del jefe de senadores del Frente de Todos, José Mayans, que si es necesario incorporar modificaciones a la iniciativa se podrá hacer en la discusión en el recinto, prevista para la semana próxima.
En la apertura de las exposiciones, la ministra Vizzotti ratificó que “se ha visto una disminución” del crecimiento de casos de Covid en todo el país como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas en todas las jurisdicciones.
“Recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia pero por primera vez en todo el país y también en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se está intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud”, explicó.
Ante los senadores de las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales, Ibarra, por su parte, consideró que “es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos” en medio de una pandemia y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del virus.
La funcionaria declaró que el Gobierno acude al Congreso “con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven”.
“No hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen”, explicó, pero aclaró que “todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo”.
Ibarra aclaró que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el poder Ejecutivo nacional” y sostuvo que “la mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica”.
Respecto a las clases presenciales, aclaró que “todos” desean “tener clases presenciales” pero que “para poder garantizar ese derecho no se deben desbordar los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma”.
Añadió que todas las medidas que se prevén en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el Presidente de la Nación, “van a tener que estar sometidas al chequeo de su eficacia”.
“Se establece un máximo de 21 días para que se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se”, recalcó, y ratificó que se trata de “medidas constitucionales”.
Críticas de la oposición
Además de los argumentos expuestos por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, abogados constitucionalistas y médicos emitieron este miércoles opiniones cruzadas sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país, que se debatió en un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores.
El subsecretario de Innovación Institucional y Legislativa de la provincia de Santa Fe, Mariano Bar, aseguró que con el proyecto de ley “el Congreso no pierde sus facultades” y ponderó “las herramientas de diálogo federal que incluye” la iniciativa. “No veo inconvenientes. Incluso al redactarse de manera tan abierta va a terminar limitando los poderes que se le otorguen al propio Ejecutivo”, opinó.
En cambio, el constitucionalista Roberto Gargarella explicó que en la Constitución “las leyes delegadas están prohibidas” y que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada sobre la suspensión de las clases “toma a las provincias como preexistentes. No va a pasar un proyecto de ley que establece una vaguedad en tiempos de término. La idea de la consulta con los gobernadores es un problema en términos constitucionales”, explicó.
El exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi opinó que es llamativo que “además de los sacrificios que tenemos que hacer los ciudadanos, la parte de vacunación y testeos no se menciona en el proyecto. No parecen estar respetadas las autonomías provinciales. Tampoco parece respetarse la veda a la atribución de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Más allá de la enumeración de conductas prohibidas, el Gobierno puede cambiarlo reduciéndolo y ampliando y prorrogando con total libertad, más allá de la referencia a las consultas con gobernadores”, enumeró.
El abogado Domingo Rondina, presidente del Colegio de Derecho Constitucional de Santa Fe, aseguró que “no puede decirse que sea un proyecto de superpoderes”. “Este es el esquema más democrático que puede haber en una emergencia”, sostuvo.
El constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que “toda facultad dada sobre el texto de emergencia debe ser interpretada en sentido restrictivo”. “El poder de policía en materia de salud y educación son facultades de las autoridades locales”, indicó.
Su colega Félix Lonigro sostuvo que “este proyecto no purga la inconstitucionalidad del DNU del Ejecutivo porque la Corte determinó que es un problema de violación de autonomías locales”. “El Congreso tampoco tiene la potestad de violar esas autonomías”, sentenció.
En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez también afirmó que “no hay delegación en el corazón de la ley”, aunque luego admitió que “es una mini delegación que se le otorga al Presidente cuando se llegue a una alta intensidad de afectación del virus. En base a proteger el acceso a la salud, se le otorga al Presidente la capacidad de asumir medidas más restrictivas, previa consulta con los gobernadores, previo informe de la autoridad sanitaria competente y por el término de 21 días”, declaró.
El investigador del Conicet Guillermo Durán mencionó un estudio que se hizo en el último mes que demostró que “hay un descenso de la curva de casos confirmados, pero que fue más pronunciado en el conurbano. Las medidas restrictivas de mediados de abril que hicieron que en el conurbano se suspendieran las clases presenciales generó un descenso más pronunciado de casos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se mantuvieron las aulas abiertas”, afirmó.
En cambio, el médico Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Interamericana de Infectología Pediátrica, aseguró que “la restricción de la presencialidad” impacta “en los niños que tienen menos recursos”. Además, opinó que “las provincias tienen que tener testeos con un índice por debajo del diez por ciento para saber si deben o no avanzar en lo restrictivo”.
En cambio, el médico intensivista Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, aseguró que “lo único que va a ser efectivo son las restricciones. Estamos viviendo una situación de colapso sanitario y no tenemos que esperar a que los pacientes que se mueran en las calles”, remarcó.
El proyecto
Ley sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19
La propuesta del Ejecutivo propone “reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico”.
En las zonas de bajo riesgo “se aplican las conductas generales de prevención” y luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan -entre otros puntos- la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas.
En lugares designados como “riesgo medio”, aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.
En aquellos que estén en “alto riesgo, se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación”.
“También se plantea medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta”, señalaron las fuentes.
El estado de “alarma” es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario.
Con información de agencias.
IG
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