Protesta en Catamarca contra la megaminería

Andalgalá: 650 caminatas por el derecho a un ambiente sano

La asamblea El Algarrobo lleva trece años de resistencia frente a lo que ellos denominan “una dictadura minera”.  Este sábado, 16 de julio, invitan a vecinos, organizaciones y personas autoconvocadas a unirse a la caminata N°650 por el agua y por la vida que se realizará en la ciudad de Andalgalá, al norte de Catamarca. 

Hoy la amenaza la llaman al proyecto MARA-Agua Rica que agrupa a un conglomerado de corporaciones multinacionales, con la anuencia del Estado y la connivencia de la empresa minera interestadual Yacimiento de Agua de Dionisio (YMAD), según denuncian. Este nuevo emprendimiento, tres veces más grande que Bajo La Alumbrera, utilizaría parte de su infraestructura. Un grupo de integrantes de El Algarrobo llegó hasta la TV Pública para denunciar que existe un cerco mediático que no les permite que su voz se escuche. Necesitan -según explicaron- que la justicia intervenga para detener las exploraciones avanzadas que realizan las máquinas en el cerro Aconquija con el objetivo futuro de extraer oro, cobre, plata y molibdeno, entre otros minerales.

“En los nevados del Aconquija, en la montaña del cerro, hay un sistema periglaciar; es una pequeña fuente de agua permanente. Justo ahí quieren poner este proyecto”, cuenta Silvina Reguera, una maestra que aprendió sobre geología y derecho a lo largo de estos años de lucha. “Entendimos que se nos venía la muerte del pueblo, el riesgo de vida, la violación de nuestro derechos humanos”. Ahí en el cerro, a más de 3500 msnm se estableció, desde finales del mes de abril, un campamento de vecinos del pueblo de Choya que realiza un bloqueo selectivo para que no lleguen los insumos a la empresa. La respuesta del gobierno provincial, a través de la policía, fue garantizar —con represión, allanamientos, detenciones y causas armadas a ciudadanos inocentes—, que el trabajo continúe a cualquier costo.  

Los hechos de violencia se sucedieron de forma sistemática a lo largo de dieciseis años, incluso en medio de la pandemia, en 2021, cuando se iniciaron las tareas de exploración avanzada. No importó con que los vecinos contaran con un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en 2016 que hizo lugar a un recurso contra la sentencia del Superior Tribunal de Catamarca que había rechazado el amparo. Así se ordenaba la suspensión de las tareas de construcción al encontrar irregularidades en el proceso y establecía que se había violado el derecho de los habitantes de Andalgalá a un ambiente sano. 

Tampoco se tuvo en cuenta la ordenanza del concejo deliberante que prohibía la actividad minera en la alta cuenca del río Andalgalá, relata la abogada Mariana Katz, que acompaña la demanda de cien vecinos y que integra SERPAJ, el organismo de DDHH fundado por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que está junto a la comunidad desde 2006. Cuenta que la minera respondió con dos demandas por inconstitucionalidad, defendiendo su derecho a la libertad de las empresas y a ejercer una actividad lícita. Mientras que en la demanda iniciada por el Gobierno de la Provincia de Catamarca sostuvieron que la provincia es la titular del derecho de dominio de los recursos naturales. 

En el marco del cumplimiento de la ley de presupuestos mínimos de glaciares y ambiente periglaciar el Instituto Argentino de Nivologia y Glaciología (IANIGLA), determino la existencia de glaciares dentro del área del emprendimiento minero Agua Rica. El Centro de Estudios Humanos y Ambiente (CEDHA) que es una organización de la Sociedad Civil acreditó la existencia de al menos 200 glaciares de roca y ambiente periglaciar, al igual que el informe emanado del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), informa un trabajo colectivo y multidisciplinario publicado en la revista Tricontinental. 

“Lo que estamos discutiendo es plata versus derechos colectivos de la ciudadanía”, opina la abogada. La promesa del trabajo que va a generar el proyecto se contrapone a las estadísticas. “El Estado catamarqueño acaba de sacar una resolución en la que va a subsidiar a las empresas. Las empresas van a tener becados. Por migajas se va a destruir la vida de la gente. Y aunque fuera por millones de dólares tampoco lo justifica”. 

El director de Minería Sustentable del gobierno nacional, Leonardo Pflüger, defiende la actividad y es optimista con respecto a las proyecciones que indican que para 2035 se cuadruplicaría el monto de las exportaciones. “Si bien alcanzar 13 mil millones anuales sería un gran logro, aún estaría muy por debajo del potencial que tiene nuestro país. Solo comparándonos con Chile, país con el que compartimos la cordillera, en 2021 exportaron casi 57 mil millones de dólares”.

Con respecto a la incidencia de la actividad, opina que no existen impactos ambientales significativos ocasionados por la minería moderna. “En los últimos 30 años hubo un solo incidente ambiental significativo en nuestro país, y las pericias efectuadas por organismos provinciales, nacionales e internacionales demostraron que ese incidente no tuvo efectos a más de dos kilómetros aguas abajo de la mina, degradándose naturalmente tras el paso de unas pocas semanas”. Se refiere al derrame de la minera Barrick Gold de millones de litros de solución cianurada en San Juan, donde estudios de la Universidad de Cuyo comprobaron la contaminación del río La Palca. 

En el caso de Catamarca, la  contaminación del agua ya está sucediendo río arriba, tal es así que los vecinos de Andalgalá denuncian que muchos de los habitantes tuvieron episodios de diarreas, nauseas y dolores estomacales. La única respuesta desde el hospital zonal fue sugerir que tomaran agua embotellada. 

La lucha siempre es desigual, dice Mariana, y la impunidad, muy grande. Los derechos humanos son obligaciones que los Estados deben cumplir y como tales, son primordiales frente a cualquier derecho. No solo se viola la Ley de Glaciares, también el Acuerdo de Escazú, al que Argentina suscribe y que establece el conocimiento de la información de manera previa. El estudio de Impacto Ambiental no estuvo al alcance de todos, por lo que la participación ciudadana tampoco existe. “Es un ‘como si’, cuando rascas te das cuenta de que es una mentira, sino que me expliquen que ser humano puede leer 2700 páginas de un expediente en 15 minutos, que fue como se llevó a cabo la consulta en este caso”. 

No se tiene en cuenta ni el principio preventivo ni el precautorio ya que la empresa debería probar que no van a generar un daño. Y eso es imposible, cuando las cabeceras de los ríos Choya, Minas y Andalgalá están comprometidos, cuando el cerro tiene pendientes muy abruptas y fracturas tectónicas importantes en una zona árida y con pocas precipitaciones. Contaminación y drenaje ácido. Gases, voladuras y posibles avalanchas, analiza el geólogo Aldo Banching. No hay que ir muy lejos para comprender que hay motivos suficientes para asistir a la caminata de Andalgalá. El pedido de autodeterminación y justicia es claro, necesitan que se actúe por fuera de la corrupción del sistema. “Son ellos o nosotros”, afirma Silvina Reguera y es consciente de que nadie va a retroceder. 

KO