Córdoba: Tras casi un mes de conflicto, el personal de salud de los hospitales públicos va a un paro de 72 horas

La luz roja se encendió el 31 de octubre, pero el gobernador Juan Schiaretti no la vio: ese día, 17 de los 30 médicos del Servicio de Emergencias de Adultos del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto renunciaron a sus trabajos y denunciaron que sus reiterados reclamos por precarización laboral y bajos salarios no habían sido atendidos por las autoridades. 

La situación del hospital de Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia de Córdoba, ubicada a 220 kilómetros al sur de la Capital, no era muy distinta a la de todos los centros asistenciales provinciales.

Este jueves, en las asambleas realizadas en los hospitales provinciales de la Capital e interior se resolvió un paro de 72 desde el próximo lunes 28 y hasta el miércoles 30; con asambleas y cortes de calle y avenidas para visibilizar el conflicto.

Los médicos de Río Cuarto reclamaban sumar más personal al plantel y un aumento salarial, entre otros reclamos, y advirtieron que si estas condiciones no se cumplían estaban “obligados a presentar” sus “renuncias de manera masiva e indeclinable”. Renunciaron.

Una semana después, el 7 de noviembre, miles de trabajadores de la salud de toda la provincia comenzaron un plan de lucha que en los últimos diez días incluyó dos paros generales con acatamiento total en la Capital y el interior –fueron el 16 y 23 de noviembre pasados- y masivas movilizaciones que confluyeron en el Polo Sanitario capitalino, donde funcionan los hospitales De Niños, San Roque y Rawson.

Ministerio en crisis

El Ministerio de Salud de Córdoba atraviesa una crisis general, que su punto más alto fue la renuncia del ministro Diego Cardozo en agosto pasado, derivada de la muerte de cinco bebés sanos nacidos en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo”. Durante su gestión, Cardozo manejó el Ministerio con mano dura, incluso a través de una circular prohibió a los directivos y personal de salud hablar con los periodistas y que toda comunicación con los medios debía hacerse a través de la oficina de Prensa del Ministerio de Salud.

Los reclamos en pandemia y post pandemia sobre las condiciones laborales se multiplicaron en forma horizontal a través de asambleas de trabajadores autoconvocados, y sobrepasaron a los gremios del sector, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS).

La nueva ministra, Gabriela Barbás, una técnica sin roce político no supo dar respuestas a los reclamos del personal de Salud y le apuntó “a la alta inflación en el país” que afecta los ingresos de los trabajadores en general y “a la crisis internacional”. Sobre los reclamos salariales, la ministra Barbás se excusó y dijo que no era competencia de ella. Para lograr una salida a la crisis, Schiaretti puso esta semana al frente de las negociaciones el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Francisco Fortuna, ex ministro de Salud de los gobiernos de Schiaretti y José de la Sota; quien como primera medida convocó a una reunión el pasado jueves a gremios y autoconvocados.

Sin embargo, ese acercamiento comenzó mal: en la reunión del jueves no estuvieron Barbás ni Fortuna y los delegados de la Intersectorial de la Salud se fueron de la reunión sin respuestas a sus exigencias para levantar el conflicto, que en algunos lugares, como el Hospital Córdoba, está de paro por tiempo indeterminado desde el pasado 7 de noviembre. Entre los reclamos, están una recomposición salarial de 200% del básico, ajustable al proceso inflacionario y un bono de $ 150 mil a cobrar en diciembre, además del pase a planta de todos los monotributistas y el blanqueo de todas las sumas no remunerativas.

“El Gobierno no entiende que la apuesta que hizo durante todo el mes de dividirnos y desgastarnos no dio resultado. Ahora, con lo que pasó ayer (por el jueves), busca estirar el conflicto para desgastarlo. El Gobierno subestimó al conflicto y no puede resolverlo. Por eso los compañeros votaron ir al paro de 72 horas”, le dijo a elDiarioAR la enfermera Estela Giménez, secretaria adjunta de la UTS y delegada del Hospital de Niños, donde ayer a la mañana se realizó una asamblea de más de 350 trabajadores entre residentes, médicos, enfermeras y personal de otras especialidades. 

Giménez agregó que “la participación del personal de salud de la Capital y el interior y de todas las ramas, desde choferes de ambulancias hasta médicos, no se veía desde principios de 2014, cuando tuvimos el otro gran conflicto”. En la marcha del miércoles pasado, participó Natalia Luna, esposa del ex ministro Cardozo. Y el mismo jueves a la noche y ayer hubo asambleas en todos los hospitales de la provincia, avalando el plan de lucha.

Por caso, en el Hospital Córdoba –uno de los más importantes y de alta complejidad-, ayer en una masiva asamblea conducida por el médico Pablo Igarzábal resolvió seguir adelante con el paro por tiempo indeterminado que se inició hace 18 días: “Entendemos que de parte de las máximas autoridades del Ministerio de Salud hubo una falta de consideración para con los equipos de salud al no recibirnos la ministra Barbás a la comisión designada, y no dar ninguna propuesta, por lo que se ratificó la medida de fuerza, con lo cuál seguimos con el paro por tiempo indeterminado hasta tanto tengamos una respuesta por parte de las autoridades de la Provincia. Entendemos que llevar esto a una reunión de acá a cinco días, no sólo hace dilatar el diálogo, sino dificultar la situación y empeorar el conflicto; por eso le solicitamos al Gobierno que asuma su responsabilidad como garante de la salud pública en la provincia de Córdoba”, señaló Igarzábal a elDiarioAR.

En la línea de pobreza

En las asambleas la queja fue la misma: los salarios están en muchos casos al borde de la línea de pobreza y los trabajadores deben realizar multiempleo, algo que ya habían denunciado en plena cuarentena, cuando los contagios de Covid-19 se daban en el personal de la salud y los pacientes, por esta rotación laboral.

En “Cuando de salud se trata”, un documento elaborado la semana pasada por los médicos Eduardo Maturano y Moisés Dib –son docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)- señala que el personal de salud. tanto de centros públicos como privados, atraviesa una crisis marcada por “una sobrecarga laboral, contratos basura, maltrato y, sobre todo, pésimos salarios. Y aunque el problema pareciera acotado a la dificultad de garantizar la asistencia de enfermos”.

Maturano y Dib advierten que “los trabajadores de los equipos de salud deberán asumir que el incremento de la demanda asistencial por parte de la población con un estilo de vida no saludable, es decir, empobrecida, implica un mayor caudal de sectores medios de la sociedad devenidos en nuevos pobres, y que esta situación es inclusiva de los propios trabajadores de la salud en proceso de transmutación a la pobreza, al igual que el resto de los sectores medios de la sociedad, y que tal situación, de ser acertado el diagnóstico, no se revertirá con una mera mejora salarial e, incluso, con la inclusión de todos y todas en la merecida categoría de trabajadores esenciales y, por ende, de recursos humanos críticos”. 

El documento “Cuando de salud se trata” se basó en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Septiembre pasado, pertenecientes al segundo trimestre de 2022, donde destaca que en el Gran Córdoba hay 40% de pobres: 632 mil personas cuyos ingresos no llegan a cubrir la canasta básica total (alimento, vivienda, abrigo, transporte); de los cuáles el 8,8% son indigentes, 156 mil personas.

El INDEC también informó en Septiembre que el Gran Córdoba presenta la tasa de desocupación más alta del país, con el 8,7% de la Población Económicamente Activa (PEA), casi dos puntos porcentuales más que el promedio de los 31 aglomerados que releva el INDEC (6,9%) y 2,1 puntos más que el dato de la región pampeana (6,5%). 

Allí las mediciones del INDEC mostraron que el Gran Córdoba tiene el doble de desocupados que Rosario (4,3%) y el 50% más que CABA (5,4%) y que el Gran Mendoza (5,6%). Incluso hay más desocupados que el conurbano bonaerense (8,5%).

Maturano, quién es delegado de ATE en el hospital de la ciudad de Jesús María, explicó a elDiarioAR que “el incremento de la desocupación, el aumento del trabajado no registrado, es decir de trabajadores sin obra social y, en general, la pérdida del poder adquisitivo de la población, han generado un aumento de la demanda de atención médica en el sistema de salud público, el cual fue puesto de manifiesto de manera notoria, por ejemplo, durante la pandemia, cuando el número de camas y de recursos del equipo de salud se evidenciaron insuficientes, implicando enfermos desatendidos y un exceso de muertes”. 

El autor de “Cuando de salud se trata” agregó que “esa sobrecarga del sistema de salud implica una sobrecarga en el trabajo de cada profesional y el agotamiento del recurso humano, lo que desencadenó la protesta en Río Cuarto y reveló lo que pasa en toda la provincia”.

GM/MG