“Los narcos ganaron”: la violencia en Rosario, el drama de veinte años que ahora se salió de control

Una periodista le dio el pie y Aníbal Fernández lo dio por bueno: “Los narcos ganaron”, dijo. A continuación de semejante declaración el ministro de Seguridad repitió el argumento con que responde ante la situación de la seguridad pública en Santa Fe: es un problema que tiene veinte años. Pero los factores de la crisis se agudizan en el presente, y como en ninguna otra etapa de la historia reciente las decisiones de política criminal están en el centro del debate.

El asesinato del músico y malabarista Lorenzo Altamirano, perpetrado el 1° de febrero por un grupo todavía no identificado al solo efecto de amenazar a otro rival, fue un primer detonante. El gobernador Omar Perotti declaró que la Nación había abandonado a Santa Fe, el ministro Fernández respondió que la solución le corresponde a la provincia y el intendente Pablo Javkin se manifestó impotente por no tener el control de la fuerza policial.

El deterioro de la policía de Santa Fe parece extenderse como una mancha de aceite sobre el conjunto de las instituciones de la provincia. El lunes la vicegobernadora Alejandra Rodenas dijo que un sector del Poder Judicial “no estuvo comprometido” en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ella misma, como jueza, estuvo a cargo de investigaciones como la del asesinato del empresario narco Luis Medina, todavía no aclarado, y si bien no especificó si se refería a la justicia provincial o a la federal, el Colegio de Magistrados de Rosario se dio por aludido y rechazó sus afirmaciones.

Balas para todos

El crimen de Altamirano tuvo como escenario la puerta número 6 de la cancha de Newell's, en el Parque Independencia, y se produjo poco después de que el nuevo jefe de policía de Rosario, Adrián Galigani, anunciara operativos de saturación policial, una receta que se repite sin resultados a la vista. La mecánica del episodio se repitió veinte días después: Yamil Brandon Ortigoza, joven de 18 años empleado en una parrilla, fue secuestrado y asesinado en el barrio Tío Rolo y con su cuerpo se encontró un mensaje dirigido al referente de un grupo narco, preso en la cárcel de Rawson. 

La balacera contra el supermercado Único del suegro de Leonel Messi, en Lavalle al 2500, ocurrió horas después de una reunión entre autoridades políticas y de fuerzas de seguridad en las que justamente se trató la situación en ese barrio, uno de los tantos que está atravesado por la violencia en Rosario. El intendente Javkin se basó en ese dato para hablar de una “zona liberada” y plantear sospechas sobre los efectivos federales que están desplegados en la ciudad.

Sin embargo, las balaceras son hechos cotidianos en distintos barrios de Rosario. La pérdida del control sobre el espacio público se volvió flagrante con atentados contra edificios judiciales, escuelas, sindicatos, medios de comunicación y comercios en general. El incremento del fenómeno, como el récord de homicidios registrados en Rosario en 2022 con 288 crímenes, da cuenta del fracaso de la intervención de las fuerzas federales que suman más de 3.500 efectivos, según dice y repite el ministro Aníbal Fernández.

Las fuerzas federales llegaron a Santa Fe el 4 de abril de 2014, en un operativo dirigido por Sergio Berni que desplegó 2.500 efectivos en la ciudad de Rosario y no tuvo mayores resultados. Dos hechos resultan significativos de aquella movida: el procedimiento terminó en un bluff porque la policía de Santa Fe filtró la información en el ambiente narco; en la conferencia de prensa, Berni introdujo un lenguaje bélico para referirse a la situación que todavía se mantiene en el discurso político: es el que habla de “pacificar” y de “hacer un desembarco” en los barrios, como si se tratara de intervenir en una guerra y los efectivos de seguridad fueran un ejército de ocupación en un territorio enemigo.

La ministra Celia Arena consideró la balacera contra el supermercado Único una expresión de “narcoterrorismo”. Pareció una frase a medida de otras declaraciones que propugnan una expedición punitiva sobre la ciudad, como la promesa de Patricia Bullrich de desplegar al ejército en las calles de la ciudad. Si las balaceras son hechos típicos de Rosario, como lo definió Aníbal Fernández, igualmente característico es el recurso del discurso político a los estereotipos del punitivismo.

El ministro de Seguridad de la Nación anunció el reemplazo del responsable del comando unificado de las fuerzas federales en Santa Fe: el comandante José Mario toma el lugar de Ricardo Castillo. La actuación de ese comando, anunciado con gran despliegue de prensa en agosto de 2022, todavía es una incógnita.

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández acusó a la Corte Suprema por la falta de recursos de la Justicia Federal en Santa Fe “para enjuiciar al crimen organizado”. No solo se trata de vacantes en los juzgados: “desde que comenzó su funcionamiento, este Tribunal Oral número 3 no cuenta con oficinas propias, ni espacio suficiente, como tampoco con sala de audiencias que le permita funcionar con autonomía”, dijeron los jueces que condenaron al ex comisario Alejandro Druetta, un policía que construyó la imagen de un cruzado contra el narcotráfico cuando en realidad reguló la venta de drogas en Rosario, Villa Constitución y Venado Tuerto.

Las deficiencias de la Justicia Federal en Rosario no se restringen tampoco a las instalaciones con que cuentan. Durante el juicio contra el jefe narco Esteban Alvarado, se reveló una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que en 2013 ya había revelado la estructura de la banda y su complicidad con funcionarios policiales. La investigación fue virtualmente ignorada por la Justicia Federal.

El encarcelamiento y la restricción de beneficios a los presos, otro argumento de las políticas de mano dura, también se revelan como una estrategia fracasada para contener la violencia en Santa Fe. Según el último Reporte sobre personas privadas de la libertad del Ministerio de Seguridad, en la provincia hubo 9.350 presos en 2022 contra 4.458 de 2012; el 44 % de los reclusos no tiene condena firme y la sobrepoblación, factor adicional de violencia dentro y fuera de las prisiones, afecta a las cárceles de Coronda (50%), Piñero (48%) –presunta cárcel de seguridad, definida como “un gallinero” por el ex ministro de Gobierno Roberto Sukerman- y el Complejo Penitenciario Sub 2 de mujeres (38,6%).

Otros datos reveladores del Reporte son que más de la mitad de los presos ingresaron a prisión en los últimos tres años, y que la segunda causa de encarcelamiento en Santa Fe, por debajo del robo, es el homicidio doloso: dos de cada diez reclusos están implicados en crímenes.

Las cárceles

Las cárceles no interrumpen el circuito del delito en Santa Fe, mientras el gobierno provincial no concreta el anuncio de instalar controles electrónicos para detectar el ingreso de celulares. De nada sirve confinar a los referentes de bandas en otros puntos del país: Mauro Novelino tuvo acceso a celulares en Piñero, Salta, Resistencia y Rawson, desde entonces amenazó a jueces y funcionarios con “balas para todos”; Lautaro Funes está acusado de organizar una nueva empresa de su banda familiar en el barrio Tablada desde el penal de Senillosa, en Neuquén; Pablo Nicolás Camino, destinatario del mensaje por el que asesinaron a Yamil Ortigoza, está en Rawson, lo que hace presumir que aún sigue en actividad.

Poco más de un cuarto de las personas privadas de libertad en prisiones santafesinas -26,3%- para diciembre de 2022 había ingresado durante ese año. El 15,8%, por su parte, se incorporó en 2021 y el 12,2% en 2020. Esto se traduce en que poco más de la mitad de las personas que se encontraban en prisiones santafesinas para diciembre de 2022 había sido privada de su libertad en alguno de los tres últimos años del período indicado.

La onda expansiva de la balacera y el mensaje intimidatorio contra Messi también impulsó una nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad, con la presencia del gobernador Perotti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta, legisladores y otros funcionarios, para escuchar el plan del ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni. Otro síntoma de que la crisis es política lo constituye el hecho de que la Junta apenas se reunió tres veces previamente y tuvo un carácter protocolar.

OG/CC