¿Por qué Rosario? Causas, actores y víctimas de una agenda cotidiana atravesada por la narcoviolencia

El asesinato del músico Lorenzo Altamirano y los atentados contra comisarías urbanas sucedidos en los últimos días detonaron en Rosario una situación que lleva más de una década sin resolverse. Mientras aumentan los muertes violentas -2022 terminó con 287 homicidios-, la situación se agrava por el enfrentamiento entre el gobierno provincial y el nacional. “La trama criminal tiene relación con estructuras políticas, judiciales y policiales. No es una coyuntura lo que aflora por estos días sino la lógica estructural del problema”, advierte el fiscal Luis Schiappa Pietra, a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Publico de la Acusación.

La crisis agregó esta semana la polémica entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respecto a la asistencia que debería recibir Santa Fe. Tampoco es un factor nuevo, ya que la anterior ministra Sabina Frederic recibió frecuentes pedidos para incrementar el número de efectivos federales que se encuentran en la provincia desde 2014, primer punto de eclosión de la narcoviolencia.

En 2022, Esteban Lindor Alvarado, René Ungaro, Olga Medina, Alan Funes, Claudio Mansilla y otros líderes de bandas criminales recibieron condenas de prisión. En el barrio Vía Honda, el Ministerio Público de la Acusación desarmó por otra parte una red dedicada a extorsiones y venta de drogas que funcionaba bajo el padrinazgo de Ariel “el Viejo” Cantero, fundador de la banda de Los Monos. “Sin embargo, el encarcelamiento de líderes de bandas no modificó el escenario”, dice el fiscal Schiappa Pietra.

“El Ministerio Público de la Acusación duplicó la cantidad de presos en la provincia, de los 4 mil que había en 2014 a los 8 mil de la actualidad, y la situación de la seguridad pública ha empeorado. Son los robos y los pequeños delitos callejeros los que llenan las cárceles. Tenemos una responsabilidad fuerte en la Justicia ante ese problema”, agrega Schiappa Pietra,

Lejos de interrumpir los circuitos ilegales, las cárceles provinciales y federales son lugares de planificación de crímenes resonantes -como el del pastor evangélico y exconcejal Eduardo Trasante, el 14 de julio de 2020-, aceleran la reincidencia en el delito antes de que se cumplan las penas e introducen en el narcomenudeo a presos que ingresan por delitos menores.

El encarcelamiento de referentes y las muertes por los enfrentamientos callejeros aparecen como otro factor de la violencia. Las bandas se fragmentan en pequeños grupos de existencia efímera. Los investigadores del MPA las describen como “franquicias” de Cantero o de Alvarado, pero la presencia de estas figuras no contiene las disputas.

La trama política

Las iniciativas políticas se suceden sin resultados. En mayo de 2022 el gobierno constituyó un Comando Unificado de Fuerzas Federales, a cargo del comandante de Gendarmería Ricardo Castillo, que pasó desapercibido. En su última visita a Rosario, Fernández dijo que la provincia de Santa Fe dispone de 2357 gendarmes, 708 efectivos de Prefectura Naval, 238 de la Policía Federal y 150 de la Seguridad Aeroportuaria. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación esta semana, las fuerzas federales hicieron 2010 procedimientos y detuvieron a 2077 personas por narcotráfico en Rosario durante el año pasado.

Sin embargo, la estadística no tiene correlato con el temor y el hartazgo ciudadano ni se aprecia su incidencia en la vida cotidiana. No se trata solo de la violencia narco sino de delitos predatorios ante los que se auto convocan vecinos de distintos barrios. Telecom describió a Rosario como “capital nacional del robo de cables”, lo que provee a un mercado negro invisible para las fuerzas de seguridad.

El crimen de Lorenzo Altamirano, asesinado por sicarios frente a la puerta 6 de la cancha de Newell´s al solo efecto de enviar un mensaje a rivales en el narcomenudeo, patentizó la pérdida del control y la ausencia de las fuerzas de seguridad en el espacio público. Pero no fue la primera vez que el estadio se convirtió en escena de un crimen. Matías Franchetti, referente de la barra brava e involucrado en la causa Carbón blanco por contrabando de cocaína a Europa, fue asesinado en la puerta del club el 7 de junio de 2016. A diferencia de lo que ocurre en Rosario Central, donde el liderazgo de Andrés “Pillín” Bracamonte cohesiona a distintos grupos, al menos veinticinco integrantes de la barra de Newell’s murieron como consecuencia de disputas vinculadas con actividades ilegales.

Desde la renuncia de Marcelo Sain al ministerio de Seguridad, en marzo de 2021, Perotti no puede rearmar el Ministerio de Seguridad. En esa deriva, la Secretaría de Seguridad fue en principio asignada a un directivo del Rotary Club que prefirió irse de viaje antes que atender sus funciones, la dirección del Servicio Penitenciario fue ofrecida a un ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia y la Dirección de Análisis Criminal Estratégico estuvo en manos de un abogado que renunció después de ser denunciado por ofrecer beneficios a Ariel “Guille” Cantero, el líder de la banda de Los Monos.

Sain renunció por una sucesión de exabruptos contra los santafesinos y por el brete en el que puso al gobierno provincial al enfrentarlo con sus propios aliados y con la oposición. Su proyecto de reforma policial no llegó a tratarse en la Cámara de Diputados de la provincia. El exministro y varios de sus colaboradores están procesados como integrantes de una asociación ilícita dedicada al espionaje de políticos, empresarios, fiscales, abogados, periodistas y empresarios de la salud.

Ciudad sitiada

Del programa inicial de “cortar los vínculos con el delito” y gobernar a la policía, el nombramiento del comisario retirado Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad en agosto de 2022 significó delegar el mando de la seguridad en la policía. El año terminó con 287 homicidios en Rosario, y con un incremento del número de mujeres y niños víctimas de la violencia narco. Claudio Brilloni, nuevo ministro de Seguridad provincial, anuncia lo que sus antecesores prometieron y no lograron -mayor presencia de la policía en la calle- y apuesta a lograrlo con un apoyo político amplio y relación con las fuerzas federales por su propia trayectoria como comandante de Gendarmería.

Perotti se queja de la incomprensión del gobierno nacional, mientras el intendente Pablo Javkin critica el tendido de fibra óptica para audiencias virtuales en cárceles federales -lo que fue tildado como “desconocimiento vergonzoso” por el Ente Nacional de Comunicaciones- y pide 5 mil policías para reemplazar a los que están en Rosario. Su exigencia de nombrar al jefe de policía de Rosario fue también cuestionada como inconducente.

El abogado Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal, analiza la situación de Rosario en un contexto más amplio: “En Argentina, y principalmente en los barrios populares de los centros urbanos, la mayoría de los homicidios dolosos guardan relación con las disputas territoriales por el narcomenudeo. Es un fenómeno nuevo. Y a diferencia de lo que sucede en Rosario, en el resto del país quien regula esa violencia es la propia fuerza de seguridad, es decir las policías locales”, dice.

Las propuestas de los partidos mayoritarios restringen el problema a una cuestión policial: Patricia Bullrich utilizaría el Ejército en Rosario, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz propuso sitiar la ciudad y los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez promueven que se declare la emergencia nacional. “Si seguimos haciendo lo que venimos haciendo los resultados van a ser los mismos –dice por su parte el fiscal Schiappa Pietra-. Tenemos que hacer otras cosas. Entender, por ejemplo, que el crimen se nutre de las posibilidades que les dan sectores financieros. Y tenemos que empezar ya mismo”. 

OA