Organismos de Derechos Humanos respaldan a estudiantes ante “estrategias de criminalización”

“Aquí estamos para apoyarlos, chicos, sus reclamos son justos. Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas. Por ustedes, los lápices siguen escribiendo”, dijo Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una conferencia de prensa en la casa de Abuelas de Plaza de Mayo del barrio porteño de Monserrat.

Entre otras organizaciones, de la conferencia participaron también HIJOS, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Los 12 de la Santa Cruz, Buena Memoria, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Nos solidarizamos con los estudiantes criminalizados por el Gobierno de la Ciudad, que hizo una denuncia ante la justicia acusándolos de permanecer en lugares sin autorización”, dijo Diego Morales, director de litigio del CELS. Explicó que “en la escuela no rigen las normas de un club, rigen las reglas de no discriminación y del reconocimiento de los derechos de la comunidad educativa”.

“Ahora dicen que el problema es de la justicia que tiene que avanzar en la investigación de los delitos. Qué bonita forma de escuchar y encontrar soluciones”, ironizó el director. Morales se refirió a la “estrategia inadmisible” del Ejecutivo porteño de “presionar a las familias económicamente, enviándole una carta documento para que paguen, cada una, un millón doscientos mil pesos” por supuestos daños al patrimonio escolar. “El objetivo de este proceso de criminalización es silenciar el reclamo”, advirtió y definió la estrategia del GCBA como “jurídicamente inviable y políticamente lamentable”.

Luego, tomaron la palabra varias estudiantes, entre ellas Valentina de la escuela Rogelio Yrurtia de Parque Avellaneda, actualmente tomado. “Recibimos múltiples amenazas; la policía quiso entrar al establecimiento y hubo personas infiltradas que no querían identificarse, decían que venían a revisar cosas de electricidad o plomería”, detalló.

Por su parte, Malena del colegio Manuel Belgrano del barrio de Barracas, describió uno de los reclamos de los estudiantes: “Estamos 11 horas cátedra en el establecimiento y las viandas tienen un valor nutricional muy bajo; nos cansamos de reclamar que vienen en mal estado; exigimos una mesa de diálogo, queremos formar parte de las decisiones”. La alumna planteó que “los mensajes de odio que da la ministra de Educación (Soledad Acuña) en los medios de comunicación incita a la violencia”.

Luego intervino Agustina, de la escuela normal Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg de Palermo, y sintetizó que, en su caso, el “principal reclamo son las pasantías mal implementadas”. “A muchos les dijeron que iban a hacer un curso y terminaron lavando platos”, explicó.

Después, tomó la palabra Elsa Lombardo, abuela y tutora de su nieta, que cursa 4° año en el colegio Federico García Lorca, de Paternal. Una noche de la semana pasada, a las 21, llegó un patrullero con dos policías a la casa de Elsa, preguntaron por ella y le mostraron una cédula por una contravención por la toma del Lorca, pero se negaron a entregarle la notificación. “La consigna fue: si no se presenta en la fiscalía en tres días, la llevaremos por la fuerza”, contó Elsa.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys-CTA. “Mañana realizaremos una medida de fuerza para acompañar al movimiento estudiantil y decirle al Gobierno de la ciudad que invierta en las escuelas”, afirmó Angélica Graciano, secretaria general de UTE.

LC con información de agencia Télam