Veintitrés familias duermen en la calle hace una semana por un derrumbe en una obra del Gobierno porteño

Desde hace una semana, veintitrés familias del barrio Padre Carlos Mugica de Retiro duermen con colchones en la calle, mientras aguardan respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la situación de sus viviendas que resultaron afectadas por una demolición en el marco del Plan de Urbanización, que incluso incendió por completo una de ellas.

“Es muy doloroso perder todas tus cosas: los recuerdos de tus hijos, lo vivido ahí, las cosas que me he comprado con tanto sacrificio. Y en un error del gobierno tiraron todo. No estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos pidiendo nuestras casas”, dijo María Isabel Báez a Télam, una vecina del barrio cuya casa sufrió un incendio.

Rodeados de pedazos de ladrillos y cemento, las 23 familias con mujeres embarazadas y niños entre ellas, viven y duermen en la calle debajo de la autopista Arturo Illia, con comida y colchones que les fueron donados. “Estamos acá, en el bajo de la autopista todos juntos, en la misma situación, sin respuesta. Sin seguridad de que estén bien nuestras casas. No nos dieron respuesta de cuándo podríamos volver”, contó Gladis Zunilda Espinoza Sanabria de 33 años, que vivía en una de las viviendas con sus dos hijos de 15 y 9 años y su madre de 50.

Hace más de una semana, la empresa Villarex S.A., contratista del Gobierno porteño para los trabajos de demolición de viviendas, tiró abajo una losa como parte del Plan de Urbanización, pero terminó provocando el derrumbe de otra losa lindera, lo que afectó a otras casas habitadas por casi 30 familias. Tres horas más tarde se desató un incendio -cuyo origen aún se desconoce- en la planta baja de una de las viviendas que dañó por completo el inmueble donde vivían Báez, su esposo y sus hijos.

“Desde que pasó esto no comparto más con mis hijos. Los tengo en casas ajenas porque tengo miedo acá: el barrio no es seguro y yo estoy viviendo en la calle”, dijo la mujer, quien se describió “muy triste” y cansada producto de una discapacidad que tiene.

En tanto, el Gobierno porteño está otorgando a las familias comida y productos de higiene. Si bien en un primer momento se había colocado un baño químico, luego lo retiró y dispuso uno en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) donde también las familias pueden dormir, pero que tiene una capacidad limitada a 10 personas.

Cuando ocurrió el incidente, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a las familias alojarse en hoteles o Centros de Integración Social, pero por miedo a sufrir robos en sus casas y como algunas de ellas tienen mascotas, la mayoría decidió vivir en la calle, cerca de sus hogares.

Cuatro vecinos, acompañados por el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del barrio, legisladores y otros organismos, se acercaron el viernes pasado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n°12 para radicar una denuncia. “Nos recibió la señorita Delfina Erecart y nos comunicó, sin darnos ningún argumento válido, que no les iba a tomar la denuncia a los vecinos y que la Fiscalía ya había actuado de oficio”, dijo a Télam Javier Martínez, coordinador del CAJ del barrio Güemes.

Comentó también que “ante la insistencia de querer dejar radicada la denuncia, la respuesta fue: que era fecha de feria, que estaban de guardia y que en los próximos días, quizás los citarían para que puedan declarar”.

Un muchacho cortaba maderas de un cajón de verduras para reavivar un fuego, mientras un hombre picaba morrones, cebollas y papas y los arrojaba dentro de una olla grande para cocinar un guiso para los vecinos, mientras a su lado se formaba una ronda con las familias afectadas, legisladores del Frente de Todos (FdT) y distintos organismos.

“Estamos a la espera de cuál va a ser el operativo que disponga hoy la UPE (Unidad de Proyectos Especiales, a cargo de Tomás Galmarini). Hasta el momento no se presentó ni con los vecinos ni con nosotros”, expresó a Télam la legisladora porteña María Bielli (FdT), quien estaba en la ronda junto a los diputados Lucía Cámpora y Javier Andrade.

El miércoles pasado, Nicolás Buitrago, defensor interino a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, interpuso una medida cautelar ante el Ministerio Público Fiscal, donde pidió la reconstrucción inmediata de las viviendas afectadas o proporcionar alternativas habitacionales a corto plazo, entre otros reclamos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, informaron a Télam que “una vez que la Guardia de Auxilio verifique el estado de las estructuras y brinde la autorización necesaria para un ingreso a las viviendas libre de cualquier riesgo, las familias podrán regresar a sus hogares de forma inmediata”. Sostuvieron que, cuando eso suceda, acompañarán “el ingreso de las familias para relevar y evaluar tanto el estado de las viviendas como de las pertenencias de sus habitantes”.

Mientras tanto, los vecinos advierten que viven “con miedo” y en una situación “de inseguridad”, en tanto que aguardan la reunión que tendrán con la UPE. “El lunes abrieron del otro lado del pasillo y robaron un motorcito de agua en nuestra casa y en otra, un televisor”, dijo Gladis, al tiempo que contó que “hubo tiroteos” y que se sienten “inseguros porque estamos con los chicos”. “Vienen, toman nuestros datos y se van. Nosotros queremos directamente una respuesta”, concluyó la mujer.

LC con información de agencia Télam