¡Viva el socialismo!

Evitar lo peor

(14 de abril de 2020)

¿La crisis epidémica de la COVID-19 va a precipitar el fin de la globalización mercantil y liberal y la aparición de un nuevo modelo de desarrollo más justo y sostenible? Es posible, pero nada está escrito. Por el momento, la urgencia absoluta es darse cuenta de la gravedad de esta crisis y hacer todo lo posible para evitar lo peor, una hecatombe colosal.

Recordemos las predicciones de los modelos epidemiológicos. Sin intervención, la COVID-19 podría haber causado la muerte de unos 40 millones de personas en el mundo, entre ellas 400.000 en Francia, alrededor del 0,6 por ciento de la población (hay más de 7.000 millones de personas en el mundo, y cerca de 70 millones en Francia). Esto corresponde a casi un año de mortalidad adicional (550.000 muertes anuales en Francia, 55 millones en todo el mundo). En la práctica, en las regiones más afectadas y durante los meses más duros, el número de fallecidos podría haber sido cinco o diez veces mayor de lo habitual (lo que lamentablemente hemos empezado a ver en algunas zonas de Italia).

Por inciertas que sean, estas predicciones han convencido a los gobiernos de que no se trata de una simple gripe, y de que era necesario confinar urgentemente a la población. Por supuesto, nadie sabe muy bien cuán elevadas serán las pérdidas humanas (actualmente cerca de 100.000 muertes en todo el mundo, incluidas casi 20.000 en Italia, 15.000 en España y Estados Unidos, y 13.000 en Francia), y cuán elevadas podrían haber sido sin medidas de contención. Los epidemiólogos esperan que el número final de muertes pueda reducirse en un factor de diez o veinte en comparación con las predicciones iniciales, pero la incertidumbre es considerable. Según el informe publicado por el Imperial College el 26 de marzo de 2020, sólo una política masiva de test y aislamiento de las personas infectadas permitiría reducir significativamente las pérdidas. En otras palabras, el confinamiento no será suficiente para evitar lo peor.

El único precedente histórico al que aferrarse es el de la gripe de 1918 —mal llamada «gripe española», ya que ahora se sabe que no se originó en España—, que causó al menos 50 millones de muertes en todo el mundo (alrededor del 2 por ciento de la población mundial en ese momento) hasta el fin de la pandemia, en abril de 1920. Utilizando datos de los registros civiles, se ha demostrado que la mortalidad media oculta enormes disparidades: entre el 0,5 y el 1 por ciento en Estados Unidos y Europa, frente al 3 por ciento en Indonesia y Sudáfrica, y más del 5 por ciento en la India (véase gráfico 3.16).

Es lo que debería preocuparnos: la epidemia podría alcanzar su punto máximo en los países pobres, cuyos sistemas de salud no están en condiciones de hacer frente a shocks, sobre todo porque han sido objeto de políticas de austeridad impuestas por la ideología dominante en las últimas décadas. Además, el confinamiento aplicado en ecosistemas sociales frágiles podría resultar totalmente inadecuado. A falta de un ingreso mínimo, los más pobres pronto tendrán que salir a buscar trabajo, lo que relanzará la epidemia. En la India, el confinamiento ha consistido principalmente en expulsar de las ciudades a la población rural y a los migrantes, lo que ha dado lugar a episodios de violencia y a desplazamientos masivos que pueden exacerbar la propagación del virus. Para evitar el derramamiento de sangre, necesitamos del Estado social, no de un Estado carcelario. La respuesta correcta a la crisis consiste en reactivar el Estado social en el norte y, sobre todo, acelerar su desarrollo en los países del sur.

En lo inmediato, los gastos sociales esenciales (salud, renta mínima) sólo pueden financiarse mediante préstamos y dinero. En África occidental, ahora se da una oportunidad para repensar la nueva moneda común y ponerla al servicio de un proyecto de desarrollo basado en invertir en la juventud y en infraestructuras (y no al servicio de la movilidad del capital de los más ricos). Todo ello deberá basarse en una arquitectura democrática y parlamentaria más exitosa que la opacidad vigente en la zona del euro (donde las reuniones de los ministros de finanzas siguen celebrándose a puerta cerrada, con la misma ineficiencia que durante la crisis financiera).

Muy pronto, el nuevo Estado social requerirá una fiscalidad justa y un registro financiero internacional, para que las personas más ricas y las grandes empresas puedan contribuir tanto como sea necesario. El actual régimen de libre circulación de capitales, establecido a partir de los años 1980-1990 bajo la influencia de los países ricos (en particular de Europa), favorece de hecho la evasión de multimillonarios y multinacionales de todo el mundo; e impide que las frágiles administraciones tributarias de los países pobres pongan en marcha una fiscalidad justa y legítima, lo que perjudica gravemente la construcción del Estado en sí mismo.

Esta crisis puede ser una oportunidad para reflexionar sobre una dotación sanitaria y educativa mínima para todos los habitantes del planeta, financiada por el derecho universal de todos los países a una parte de los ingresos fiscales soportados por los agentes económicos más prósperos: las grandes empresas y los hogares con rentas y patrimonios más elevados (por ejemplo, más de diez veces la media mundial; es decir, el 1 por ciento más rico del planeta). Al fin y al cabo, dicha prosperidad proviene de un sistema económico mundial (y, por cierto, de la explotación desenfrenada de los recursos naturales y humanos del mundo entero durante varios siglos). Hace falta una regulación mundial para garantizar la sostenibilidad social y ecológica del planeta, incluida la introducción de una tarjeta individual de emisiones de carbono que prohíba las más elevadas.

Demás está decir que una transformación de este tipo requiere no pocos replanteamientos. Por ejemplo, ¿están Macron y Trump listos para cancelar las donaciones de impuestos a los más ricos realizadas al principio de su mandato? La respuesta dependerá tanto de la movilización de la oposición como de su propio campo. De algo podemos estar seguros: los grandes cambios políticos e ideológicos no han hecho más que empezar.