Ajustes y reconfiguraciones

Los operadores de acciones y bonos no son los analistas políticos más sensatos, pero arriesgan su dinero de acuerdo con sus volátiles interpretaciones. Desde el 20 de agosto pasado comenzaron a subir los bonos argentinos porque empezaron a aparecer encuestas que presagiaban una victoria de Juntos en las primarias. Otros sondeos pronosticaban que ganaba el Frente de Todos, pero los inversores especulativos prefirieron ilusionarse con la opción política que más les simpatizaba. Apostaban a que un triunfo opositor allanaría -verbo que puso de moda la diputada y economista Fernanda Vallejos- el camino hacia un gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dentro de dos años. El riesgo país, que el 19 de agosto estaba en 1.604 puntos, bajó a 1.483 el día después de los comicios, pero con el correr de la semana se recuperó a 1.512 en la medida en que los operadores cayeron en la cuenta de que la derrota oficialista ponía en riesgo la gobernabilidad y el futuro acuerdo que daban por descontado entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El rally se agotó pronto”, reconoce un operador de la City porteña. 

Finalmente Alberto Fernández cedió ante la presión de Cristina Fernández de Kirchner para cambiar el gabinete, aunque no modificó el equipo económico. Ni a él le convenían dos años por delante de un gobierno en solitario, más debilitado de lo que está, ni a ella la beneficiaba una ruptura que reactivaría las causas judiciales en su contra. La vicepresidenta primero respaldó a Guzmán, pero después lo criticó por el ajuste y advirtió que Estados Unidos, Europa y el resto de Latinoamérica están impulsando el gasto para recuperarse de la pandemia. En el Gobierno admiten que se excedieron en la prudencia y que ahora vendrán mejoras de salarios, jubilaciones y asignaciones, pero esperan que como esas medidas serán anunciadas por el ministro de Economía no habrá mayores impactos en el dólar paralelo ni la inflación. “Guzmán puede tomar medidas, pero no va a generar ruido en los mercados porque se lo ve racional”, analizan puertas adentro. Aunque critique el ajuste, Cristina Kirchner es consciente de que en marzo próximo las opciones son acuerdo o default con el FMI y que quien controla como nadie los contactos en Washington es el jefe del Palacio de Hacienda. Claro que esta semana la directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva, quedó bajo fuego después de que una auditoría interna del Banco Mundial la acusara de manipular datos a favor de China cuando ella era una de sus máximas autoridades. Y habrá que ver cómo se lleva Guzmán con el nuevo jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, el brasileño Ilan Goldfajn, un ortodoxo ex presidente del banco central de su país y hasta ahora ejecutivo del Credit Suisse que viene a reemplazar al ‘argenmex’ Alejandro Werner, corresponsable del préstamo récord que el organismo le entregó al gobierno de Mauricio Macri.

Entre los economistas más heterodoxos que Guzmán tampoco consideran tan factible un aumento del déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) como el que reclamó Cristina Kirchner, del 2,1% del PBI acumulado hasta agosto al 4,5% que figuraba en el presupuesto 2021. En la ley de gastos de 2022 que presentó esta semana el ministro, admite que el objetivo de 2021 se rebajó al 4%. “Es muy difícil de pronosticar si 2 puntos más de déficit fiscal van a provocar un salto cambiario o no. Lo que sí sabemos, a partir de los sucedido en 2020, es que si el Gobierno agota las fuentes de financiamiento y debe financiarlo con emisión monetaria, es muy probable que impacte en la brecha y que eso presione al dólar oficial”, opina Juan Manuel Telechea, del Instituto Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. “Por lo tanto, el Gobierno podría intentarlo, pero junto al Banco Central deberían monitorear de cerca lo que suceda con la brecha cambiaria y con las reservas, dado que el poder de fuego que tiene la autoridad monetaria también es acotado”, continúa Telechea. Su colega Nicolás Zeolla, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), advierte: “La falta de dólares, y no de pesos, es lo que más limita el sesgo expansionista de la política fiscal. Un crecimiento más acelerado implica mayor necesidad de divisas. Para 2021, con un crecimiento de entre 7,5% y 8%, los números están cerrados”. En cambio, Andrés Asiain, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), sí aboga por un mayor gasto: “No veo impacto en la inflación, puede presionar en el dólar paralelo pero con algo de absorción vía letras del Central y una intervención criteriosa en el contado con liqui se puede encauzar”.

En los bancos extranjeros que operan en la Argentina, el análisis es lapidario. En uno de ellos acusan a Cristina Kirchner de “terraplanismo económico” por comparar las posibilidades de expansionismo fiscal de la Argentina con las de países con acceso a los mercados de deuda o capacidad de impresión alegre de billetes, como Estados Unidos. Al igual que el ex viceministro de Economía K devenido consultor Emmanuel Álvarez Agis, el banquero mencionado advierte de que el ajuste se centró en las jubilaciones, los salarios de empleados públicos y las transferencias a las provincias, pero se expandieron los subsidios para el consumo de energía, que la vicepresidenta defendió frente a Guzmán. Es decir, según esta visión, puede discutirse en qué se ajustó, pero no la austeridad en sí porque no hay más financiamiento en el mercado local de deuda, del que participan sobre todo bancos, ni resulta posible abusar mucho más de la emisión monetaria. En el presupuesto está previsto que el Central asista este año al Tesoro con $ 1,2 billones y ya lleva girados 850.000 millones, el 70% del total, cuando ya transcurrió casi el 80% de 2021. 

Los números del Presupuesto

Cualquier emisión monetaria requiere que el presidente del Central, Miguel Pesce, la esterilice con Letras del Liquidez (Leliq) o pases, pero la capacidad prestable de los bancos se encuentra al límite, comentan en otra entidad del exterior. La misma fuente celebra que Fernández y Cristina Kirchner hayan arribado a un arreglo, aunque su esperanza se deposita en 2023: “Si no había acuerdo, iba a haber más protesta social, más ruido con el dólar. Pero con el acuerdo sigue habiendo en el Gobierno dos modelos de país, uno mediocre y otro insensato. Las primarias quizás puedan marcar que en 2023 habrá un consenso distinto, uno que no hizo Macri, que aumentó el déficit, quiso financiarlo en el mercado hasta que los fondos se asustaron y fue al FMI”.

Uno de los argentinos que integran la lista de los más millonarios de la revista ‘Forbes’ coincide en el análisis: “Tengo mix feelings (sentimientos encontrados). A mediano plazo, las primarias me dejaron contentísimo, pero a corto plazo estoy preocupado. Lo bueno es que Fernández no entregó a Guzmán, que es clave para llegar a un acuerdo con el FMI, aunque sea light, y para allanar un camino complicado hasta que en 2023 llegue un gobierno sensato que haga las reformas que la Argentina necesita. Que se vaya (Santiago) Cafiero (de la Jefatura de Gabinete) no cambia nada. Es bueno que siga Wado (Eduardo de Pedro como ministro del Interior) porque dentro de La Cámpora es el más amigable con el empresariado”. El hombre de negocios temía que una fractura del Frente de Todos derivara en una hiperinflación.

En otro banco extranjero prevén que el déficit primario empeorará a fin de año, más allá de los anuncios preelectorales, por el aumento de jubilaciones y asignaciones que establece la ley y por la falta de aumento de las tarifas de energía. También califican de moderada la rebaja del rojo del 4% al 3,3% prevista en el presupuesto 2022. En el proyecto que envió Guzmán al Congreso se prevé bajar la inflación del 45% que ahora reconoce para 2021 al 33% en 2022, muy por debajo del 42% que vaticinan bancos y consultoras relevados por la firma FocusEconomics. Todos los rubros en los que que planifican aumentos nominales por encima del 33% serán aquellos que se expandirán realmente: el sistema penal (52%), la asistencia social (49%), la seguridad social -es decir, jubilaciones y asignaciones- (38%), la educación (46%), la ciencia (56%), la política de vivienda (69%), la de agua potable (86%), el transporte (38%), la ecología (61%) y el fomento de la industria (49%). También se prevé que los servicios de la deuda se eleven mucho (58%), pese a que el cálculo está hecho sobre la base de un hipotético acuerdo que patee los pagos al FMI. En cambio habrá recortes en los servicios de inteligencia (subirá el gasto 19%, por debajo de la inflación prevista), la salud (12%, pues se supone que ya no habrá erogaciones extra por el Covid-19), la partida de trabajo (9%, también porque ya no habrá que repartir el plan Repro II a empresas y trabajadores independientes afectados por las restricciones) y sobre todo en la energía (5%), lo que vaticina una fuerte reducción de subsidios y el consiguiente tarifazo, pero sólo para las clases medias y altas. 

Pero más allá de lo que se presupuesta, la realidad siempre es otra. En el proyecto de 2022 se advierte una subejecución de obra pública nacional en la primera mitad de 2021, pues en medio año se gastó sólo el 27% de la partida anual. Vallejos lo comentó en su audio feroz. En el informe de la Asociación de Presupuesto (ASAP) sobre la ejecución del presupuesto en los primeros siete meses de 2021 (58% del periodo transcurrido), se advertía que gastaron menos de lo previsto los ministerios de Desarrollo Productivo (41%, en la cartera que conduce uno de los ministros más cuestionados por los K pero ratificados por Fernández, Matías Kulfas), Turismo y Deportes (44%, donde sigue Matías Lammens), Transporte (28%, donde continúa el massista Alexis Guerrera) y Mujeres (27%, donde persiste Elizabeth Gómez Alcorta, del Frente Patria Grande, donde milita Juan Grabois). En cambio, sobreejecutaron los ministerios de Seguridad (73%, donde Sabina Frederic dejará su lugar a Aníbal Fernández) y Desarrollo Social (86%, donde Daniel Arroyo renunció en julio pasado y fue reemplazado por Juan Zabaleta). Hasta julio se venían gastando a buen ritmo las partidas de subsidios energéticos (63%), el plan Juana Manso de entrega de computadoras a alumnos (62%, que dependía del eyectado ministro de Educación, Nicolás Trotta), las obras de Vialidad Nacional (83%, que responden al jefe de Obras Públicas, Gabriel Katopodis) y las de saneamiento del Riachuelo (96%, a cargo de Martín Sabbatella), mientras se subejecutaban los proyectos de infraestructura energética (36%), de AySA (29%, empresa que preside Malena Galmarini) y de vivienda (34%, a cargo del ministro Jorge Ferarresi).

Resulta difícil que el Frente de Todos pueda revertir en noviembre el mal paso de septiembre. Hace falta que mejore los salarios, las jubilaciones y las asignaciones después de cuatro años de continua caída. No podrá, en cambio, recuperarse el empleo de un día para el otro ni revertirse el daño causado por el vacunatorio VIP, la demora en la llegada de las segundas dosis, el festejo de Olivos o la falta de clases presenciales. No todo es la economía, y no me digas estúpido.

AR