Los desafíos urgentes de la equilibrista Batakis

Silvina Batakis se estrenó en el cargo con una promesa de “equilibrio fiscal” y a la semana anunció que no gastará más de lo que ingrese ni incorporará más empleados públicos. De inmediato provocó la inquietud de movimientos sociales, que vienen reclamando por el salario básico universal, y de los sindicatos de estatales, que vienen pidiendo por la efectivización de trabajadores precarizados. La equilibrista Batakis pretendía dar un paso para calmar a los mercados, pero intranquilizó a los que cada vez consumen menos en un país con una inflación que apunta al 76% hacia fin de año, según el consenso de economistas relevados por el Banco Central. Tampoco logró bajar al dólar paralelo, que cotiza a $ 280 el MEP, $ 283 el blue y $290 el CCL. Al menos este miércoles logró a fuerza de subir las tasas de interés una exitosa colación de bonos que puede abrir una tregua financiera. O no.

En el albertismo temen que el plan ortodoxo de la ministra de Economía no conforme al mercado y convulsione la calle. De hecho, este jueves las organizaciones sociales oficialistas protestarán por el salario básico universal y el miércoles próximo lo harán los opositores junto con el cada vez más díscolo Juan Grabois. Vaya a saber cuándo la CGT decidirá marchar contra la suba de precios. En las huestes de Alberto Fernández temen que Batakis, que prometió como Domingo Cavallo en 2001 gastar sólo lo que ingrese, termine durando tan poco en el cargo como Ricardo López Murphy ese mismo año después de anunciar el arancelamiento de la universidad pública y el despido de estatales. Lamentan que el cristinismo haya conseguido la victoria pírrica de doblegar a Martín Guzmán, pero al precio de elevar el dólar paralelo y la inflación y debilitar al Gobierno para terminar forzando a que su sucesora deba debutar con un ajuste mayor al que proponía su antecesor. La crisis política del Frente de Todos retroalimenta la económica y viceversa. El próximo viaje de Fernández a Washington para ver a Joe Biden el 25 julio sólo aportará algún respiro a la tensa coyuntura presencial.

Ni Cristina Fernández de Kirchner ni Sergio Massa han apoyado explícitamente el plan de Batakis. Esperan a sus resultados. Le darán unas semanas de aire. Pero tanto la vicepresidenta como el jefe de la Cámara de Diputados prevén que los conflictos sociales crezcan por la mayor inflación que provocó la renuncia de Guzmán y por el parate que acarreará el ajuste fiscal y monetario anunciado. También sopesan la posibilidad de que la ministra no consiga quedar bien ni con el mercado ni con la calle. Reconocen que adoptó las medidas razonables aunque duras para frenar un dólar paralelo que recalienta los precios. Saben que no hay margen para que ahora se cree el salario básico universal, pero abogan por compensar los bolsillos con bonos o sumas fijas para trabajadores y jubilados. Dan por muerta la obra pública, con la excepción del gasoducto Néstor Kirchner, necesario para acotar importaciones en el invierno de 2023. Dependerá de la capacidad de ejecución del cristinista Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina SA.

En tiempos en que se restringen las compras externas de bienes de consumo y se encarece el dólar turista ante la falta de divisas, al menos el secretario de Energía, Darío Martínez, jamón del medio de las peleas entre Guzmán y los cristinistas de su área, arribó este martes a un acuerdo con Chile para conseguir divisas con la exportación de gas. Del 1º de octubre al 30 de abril Vaca Muerta le suministrará 11 millones de metros cúbicos por día, lo que generará unos 540 millones de dólares de ingreso. Chile pagará el gas a al menos US$ 7 el millón de BTU (unidad de medida) a unas 11 empresas radicadas en la Argentina, encabezadas por YPF, seguidas por la francesa Total, Tecpetrol (del grupo Techint, de Paolo Rocca), Pan American Energy (PAE, de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin). Además, este jueves, Martínez viajará a Neuquén, para escuchar los planes de inversión que las firmas Oldeval, Oiltanking y Otasa ofrecerán para que se les prorrogue las concesiones de sus oleductos entre esa provincia y Puerto Rosales (Buenos Aires), entre Puerto Rosales y Campana y entre territorio neuquino y Chile, respectivamente. Oldeval -propiedad de YPF y seis petroleras privadas- prometer invertir US$ 750 millones desde 2024 y la alemana Oiltanking, 250 millones. Otasa pertenece a la estatal chilena Enap y a YPF.

Lo que enfrenta más dificultades es la promesa de Batakis de ofrecer a partir de mañana el formulario online para mantener el subsidio a la luz y el gas. Era una tarea que estaba en manos del renunciante subsecretario de Planeamiento Estratégico de Energía, el guzmanista Santiago López Osornio. La nueva ministra ratificó a los informáticos de la secretaría y del Ministerio de Economía que continuaran con el trabajo que venían haciendo para poner en marcha una segmentación de las tarifas según los ingresos y los patrimonios de los hogares, tal como había dispuesto Guzmán. Descartó dar marcha atrás y optar por la alternativa que planteaban los cristinistas Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), porque su propuesta sólo contemplaba el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se temía que quedara más expuesta a demandas legales que la de Guzmán al segmentar por barrios y se la consideró menos justa y ambiciosa que la del ex ministro. De todos modos, se advierte que la opción elegida ha sido fruto de la improvisación y no se descarta que el formulario online falle y que muchos usuarios se queden sin censar y acaben abonando la tarifa plena sin subsidio, aquella que sólo debería abonar en teoría el 10% más rico de la sociedad. De todos modos, se trata de una medida más simbólica en lo político que con impacto en lo fiscal: supondría un ahorro de sólo $ 15.000 millones anuales, frente a los 380.000 millones que únicamente en julio gastará el área energética para importar gas para el mercado interno y gasoil para las centrales eléctricas, para subsidiar el Plan GasAr de incentivo a la producción, subvencionar la garrafa social y proseguir con obras eléctricas y gasíferas.

La inflación, mientras tanto, galopa después de los nuevos aumentos de entre el 10% y el 15% que enviaron los fabricantes de alimentos, bebidas y productos de higiene a los comercios tras la renuncia de Guzmán. Este martes, Daniel Scioli y el nuevo secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, recibieron a los supermercados para abordar la cuestión, pero quien dirigió la batuta del encuentro fue un invitado sorpresa del ministro de Desarrollo Productivo, su par de Producción bonaerense, Augusto Costa. El hombre del gabinete de Axel Kicillof les pidió que los productos por fuera de Precios Cuidados no aumentaran más del 3,5% mensual. Los de ese plan pueden elevarse 3,2% este mes. Hay tensión entre supermercados y proveedores para retrotraer los precios a los niveles previos a la dimisión de Guzmán, pero no está claro que vaya a concretarse. En el encuentro también se conversó sobre la falta de abastecimiento de artículos de Precios Cuidados y de otros en las góndolas y sobre las restricciones a las importaciones que se redoblaron hace dos semanas y que ponen en duda el suministro a mediano plazo de bienes como el papel higiénico -que se elabora con celulosa extranjera- o el café.

Al menos, Batakis y su secretario de Finanzas, Eduardo Setti, consiguieron arrancar con el pie derecho en la acotada colocación de $ 9.000 millones de deuda de ayer. El éxito se logró porque el Banco Central, que preside Miguel Pesce, ofreció a los bancos tomadores de los bonos una opción de venta que les asegura que eventualmente se los comprará a un mayor precio que el de mercado. Además, a las entidades financieras se les permitió integrar hasta el 5% de sus encajes con estos títulos, una opción más rentable que constituirlos en efectivo al 0%. “El tono del mercado va cambiando de a poco”, se ilusionó un banquero después de dos meses de derrumbe. “El contado con liqui bajó: es un buen indicio de que la colocación fue exitosa”, agregó un operador de un agente de liquidación (ALYC). “Consiguió financiamiento neto positivo a partir de tasas más altas y el bono que usan los bancos para integrar encajes”, analizó otro hombre de banca.

Los que no se quedan conformes son los productores agropecuarios que participaron de la poco concurrida protesta de la Mesa de Enlace este miércoles en Gualeguaychú. Pese a que son de los beneficiados por la suba de cotizaciones que provocó la guerra de Ucrania en el mundo, insistieron con reclamar contra las retenciones. Y por supuesto lograron el acompañamiento de legisladores de Juntos por el Cambio, como Rogelio Frigerio, Diego Santilli y Carolina Losada. En el mismo tren de bajar impuestos a los que más tienen, otro diputado opositor, Martín Tetaz, presentó un proyecto para terminar con el gravamen a los bienes personales. De no existir este tributo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conduce Mercedes Marcó del Pont, no podría haber anunciado este martes que había logrado recaudar $ 1.300 millones más por el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias que la Argentina mantiene con un centenar de países. Todos esos ahorros ocultos en el extranjero, evadidos de Ganancias y Bienes Personales, hubiesen quedado fuera del alcance del fisco en momentos de carestía para las clases baja y media.

Pero no todos en Juntos por el Cambio comparten la mirada neoliberal de bajar impuestos a los más ricos ni de apostar todo a la producción de materias primas. Más allá de que los precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y eventualmente Mauricio Macri se guían por el consejo de economistas ortodoxos, el médico radical Facundo Manes busca apostar por el enfoque neodesarrollista del coordinador de su plan nacional de gobierno, su colega Carlos Regazzoni, que apuesta a un modelo que verdaderamente sea similar al de Corea del Sur, con exportación de valor agregado por la industria y los servicios. También el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, apostaba a un camino parecido, pero pareciera que la receta que llevó a ese país asiático de la miseria de la posguerra al desarrollo no atrae ni al PRO ni al cristinismo. A Manes lo aconsejan economistas como Marina Dal Poggetto, Martín Rapetti y Martín Redrado y el especialista en desarrollo tecnológico Carlos Pallotti, presidente de la fundación apartidaria Clementina. Empresarios como Eduardo Eurnekian y Rocca lo ven con simpatía, pero no será fácil que la UCR llegue con un candidato competitivo a 2023. Claro qu falta un año y un mes para las primarias presidenciales. Mucho tiempo en un país que no sabe qué ocurrirá en las próximas semanas.

AR