Las discusiones de tarifas con Manzano y el promotor de la Superliga europea en un país brotado

Los dos viven en Europa y los dos están involucrados en la discusión argentina de las tarifas. Aunque a uno le preocupan más que a otro. El primero es José Luis Manzano, que volará esta semana de Ginebra, donde reside, a Buenos Aires para seguir de cerca los últimos detalles de la aprobación oficial de su ingreso en Edenor y para terciar en el debate interno del Gobierno sobre cuánto debería encarecerse la electricidad. El segundo es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que esta semana fracasó en su intento de crear una Superliga europea, pero que al menos espera vencer en la disputa por mantener la cuestionada concesión de los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires. 

Pese a que su figura provoca resistencias en Cristina Fernández de Kirchner, Manzano, de estrecha relación con Alberto Fernández y Sergio Massa, espera que pronto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia autorice su entrada junto a Daniel Vila -su socio en el grupo de medios América- y a Mauricio Filiberti -el amo del negocio del cloro- a la empresa que le vendió Marcelo Mindlin. Hasta ahora, el ex ministro del Interior menemista tiene la distribuidora eléctrica mendocina Edemsa, la hidroeléctrica Ameghino y es el segundo accionista de Metrogas (detrás de YPF). Sortear el examen antimonopolios se presenta más sencillo que conseguir el aumento de tarifas anhelado. 

En los próximos días, la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la cristinista Soledad Manin, elevará su propuesta de aumento de sólo 7% en la tarifa. El mismo porcentaje que anunció su par del Enargas, Federico Bernal. El ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá juzgar si ese porcentaje se encuadra en su esquema de política macroeconómica y si puede modificar su presupuesto que preveía mantener los subsidios en la misma relación al PBI que en 2020. Con un 7% debería incrementarlos. La decisión final deberá adoptarla Fernández. En el ENRE y el Enargas consideran que la situación social y económica, incluso previa a la segunda ola del Covid-19 y al mal dato de inflación del primer trimestre de 2021 (13%), impide encarecer más los servicios de distribución y transporte de energía, pero juzgan que además estos nuevos factores que se sumaron este año deberán forzar a Guzmán a adaptar el presupuesto que presentó en septiembre pasado a la realidad actual. 

El ministro, en cambio, ha declarado que prevé dos aumentos en el año, el primero general y el segundo para los hogares que los puedan abonar. No ha hablado públicamente de cifras, pero opina que 7% es poco. Considera que la segunda ola y la consiguiente necesidad de auxilios económicos tornan más imperioso recortar subvenciones a las familias de ingresos medios y altos que no las requieren. En los entes reguladores están de acuerdo con eso, pero advierten que el trabajo técnico que comenzaron para segmentar las tarifas sólo podrá completarse en 2022. También opinan que a futuro sólo podrá haber aumentos si se recuperen los salarios, que perdieron casi un cuarto de poder de compra en los últimos seis años.  

Manzano quiere las tarifas suban ahora entre 18% y 19% y confía en que Guzmán le dará la razón. El residente suizo lo ayudó en 2020 en la renegociación de la deuda con algunos fondos de inversión internacionales. Y le ha explicado lo que el ministro ya sabe: que si Edenor recibe menos tarifa, aumentará su pasivo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Las distribuidoras le deben a esta empresa mixta unos $ 155.000 millones. Al tope de las morosas están Edesur (de la italiana ENEL, con 23.946 millones), Edenor (20.353 millones) y la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe (14.901 millones).

Más ambicioso que Manzano, Florentino Pérez pidió fuertes aumentos de peajes para sus empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Al presentar a principios de mes sus planes económicos financieros al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la primera reclamó un 766%, con lo que un pase de $ 45 subiría a 634, mientras la segunda exigió un 549%, de modo tal que se incrementaría de $ 53 a 550. Si se tomara en cuenta sólo la inflación transcurrida desde la última suba, en 2019, correspondería alrededor de un 100%, pero Ausol y GCO pretenden mucho más porque en el gobierno de Mauricio Macri el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, les reconoció una supuesta deuda por obras por US$ 499 millones en moneda estadounidense y con una tasa de interés del 8%. La única jueza de Comodoro Py nombrada en la anterior administración, María Eugenia Capuchetti, tiene en sus manos la causa contra Dietrich.

El equipo de Katopodis terminó una revisión técnica integral de los contratos de Ausol y GCO, que incluye lo financiero, lo legal y lo relacionado a las obras, pero mantiene su veredicto en secreto. El ministro espera que defina el Presidente. Se enfrentan tres opciones: 1) dejar todo como firmó Dietrich, con la prórroga contractual por diez años, hasta 2027, una posición prácticamente descartada; 2) renegociar las condiciones de la concesión, sobre todo la deuda dolarizada, y completar el periodo y 3) rescindir el convenio, de común acuerdo, como ocurrió con los seis proyectos público-privados (PPP), o de manera unilateral. En la discusión también opinan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que viene encarnando una postura dura contra la herencia macrista, como lo ha demostrado en las causas del Correo y del megapréstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras, Katopodis debe definir con Guzmán cuánto aumentarían los peajes. 

Pero a Florentino Pérez tampoco le va tan mal con este gobierno: su constructora Dycasa ha ganado el principal contrato de obra pública que licitó hasta ahora el gobierno de Fernández. Por $ 4.111 millones construirá un viaducto ferroviario del Belgrano Sur desde la calle Taborda, en Barracas, hasta la estación Constitución. La obra pública viene creciendo fuerte, aunque desde un piso bajo, con proyectos que habían quedado paralizados con Macri y otros nuevos, pero en la Cámara Argentina de la Construcción se quejan de que debería acelerarse el ritmo de licitaciones para que cuando terminen unos empiecen los siguientes.  

Las tarifas y los peajes no son las únicas preocupaciones de Guzmán. De la reciente gira europea cosechó el reconocimiento de sus colegas de que está luchando para resolver muchos problemas, así como la confianza de que pueda definir una agenda con el FMI, según fuentes diplomáticas del Viejo Continente. Sin embargo, advierten de que falta que la Argentina y el organismo definan una hoja de ruta macroeconómica a largo plazo y consideran que se requiere algún progreso en ese sentido antes del 30 julio, fecha en que el país entraría en default con el Club de París. Este grupo de naciones acreedores condiciona la postergación del vencimiento de deuda del mes próximo a un acuerdo argentino con el FMI.

En el mundillo de los bancos también opinan que falta ese horizonte de largo plazo para que se calmen las expectativas de alta inflación que Guzmán ha fracasado hasta ahora en doblegar. En el equipo económico autoevalúan que han hecho todo bien en materia macroeconómica, la que ellos consideran causa principal de la inflación. Sostienen que las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, de acumulación de reservas del Banco Central y salarial están alineadas y que hace falta echar mano a controles por las buenas y por las malas para que los empresarios también se encarrilen, en un contexto donde un factor internacional, la cotización de las materias primas, encarece todo.

En un banco internacional destacan que el déficit fiscal financiero (después de pago de deuda) descendió en el primer trimestre del año al nivel más bajo en seis años, lo que consideran auspicioso para el resto de 2021. Lo atribuyen a una mayor presión tributaria -en el segundo trimestre impactará el aporte de los más ricos, que al final en su mayoría accedieron a abonar-, la recuperación económica -que se sostendrá pese a la segunda ola respecto de un 2020 irrepetible-, el impacto de los altos precios de las commodities en la recaudación de las retenciones y al menor gasto en salarios de empleados públicos y jubilaciones, rubros que deberán mejorar en un año electoral. 

Hay gran incertidumbre sobre cuántas restricciones económicas adicionales se sumarán por el Covid-19 y por cuánto tiempo, pero están descartados auxilios económicos tan grandes como la ATP (subsidio de hasta $ 33.000 al salario) y el IFE ($ 10.000 a 9 millones de personas) y se limitarán al Repro II (subvención de $18.000 al sueldo de los pocos sectores limitados) y el bono de $ 15.000 por familia que recibe la AUH o la asignación familiar de monotributistas categorías A y B. Dos altas fuentes del Gobierno descartan otro IFE. Uno lo hace porque el año pasado muchos jóvenes declararon que vivían solos cuando estaban con sus padres, pero advierte que falta algún subsidio para los trabajadores informales mayores de 50 años. Otro considera que el IFE termina en manos de las grandes empresas de alimentos que aumentan los precios y que, en lugar de eso, debería fomentarse la continuidad del trabajo de la economía popular con testeos masivos y periódicos en los barrios, como los que practican las fábricas con sus empleados. 

En el banco internacional antes mencionado concluyen que los auxilios económicos serán menores que en 2020 y que hasta pueden aumentarse las tarifas sólo 7% y aún así sobrecumplir con la meta de déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) del 4,5% del PBI. Pero advierten de que la mitad de ese rojo debe financiarse con emisión monetaria, que viene disminuyendo después del shock de 2020, que todavía se siente en los precios. “Para bajar la inflación deberían creerte que no sólo hoy sino también mañana bajarás el déficit”, concluye el analista de la entidad financiera.

En el establishment repiten unos y otros que el Gobierno prefiere insistir con controles de precios que nunca lograron doblegar la inflación y siempre desalentaron la producción, con la consiguiente retroalimentación del problema que buscaban solucionar. En el Ministerio de Economía reiteran que la inflación es macroeconómica, pero defiende el accionar de la cada vez más encumbrada secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para alinear expectativas empresarias en el corto plazo. En las últimas semanas, Español llevó la voz cantante de las amenazas: advirtió primero con un cierre de exportaciones de carne vacuna, después desmentido por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció un registro de ventas de cortes y granos al exterior; el de Agricultura, Luis Basterra, se reunió este jueves con la Mesa de Enlace para intentar tranquilizarla de que eso no implicaría limitación alguna y al día siguiente la secretaria señaló que analizaba cupos o retenciones. Esas descoordinaciones también se manifiestan en otros ámbitos de la política, no sólo en el Frente de Todos, y terminan agregando incertidumbre económica a la vida aleatoria que nos trajo el coronavirus: desde las peleas entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires sobre si los niños y adolescentes deben ir a la escuela hasta la incapacidad del gobierno neuquino para atender el reclamo salarial del personal sanitario en la pandemia y cuya protesta piquetera desde hace dos semanas y media puede dejar sin gas a industrias. 

AR