Jubilaciones de privilegio: según datos oficiales, 4.051 personas cobran más de $300.000 de la Anses

Según los últimos datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), correspondientes a marzo de 2021, 4.051 personas cobran jubilaciones de más de $300.000 mensuales (es decir, casi 15 veces más que la mínima), que en algunos casos superan incluso los $700.000. La gran mayoría se encuentra dentro de alguno de los siete regímenes especiales que administra el organismo previsional, que confieren beneficios más altos asociados al “mérito” de su tareas. 

De acuerdo con la planilla del Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS), dentro de ese grupo de personas, 2.908 (72% del total) son magistrados del Poder Judicial. En esa categoría es donde se encuentra, a su vez, la mayor cantidad de haberes máximos. De las 63 personas que llegan a la fila del Excel con el beneficio más alto, “$700.000, 01 y más”, 45 corresponden al Poder Judicial. Por otra parte, hay que considerar que quienes integran este poder del Estado no tributan impuesto a las ganancias. 

El segundo grupo más voluminoso, con 435 personas con haberes por encima de los $300.000, corresponde a funcionarios del Servicio Exterior, como embajadores y cónsules. Con algunas pocas excepciones, la gran mayoría de estas jubilaciones no llegan al haber máximo y se ubican por detrás de los $580.000. 

En tercer lugar se ubican 289 personas que cobran jubilaciones regidas por leyes anteriores a la Ley 24.241 (que se sancionó en octubre de 1993 y creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y, en cuarto, 211 personas retiradas que se enmarcan en el régimen especial de investigadores científicos y tecnológicos.

Para completar el número, hay 64 personas con haberes superiores a $300.000 dentro del régimen especial de docentes no universitarios, 58 jubilados del régimen de docentes universitarios, 51 dentro del régimen general (que conforman cerca de 2,4 millones de personas que ingresaron sin moratoria y otras 3,5 millones que ingresaron con moratoria), 34 con el régimen especial de Luz y Fuerza y 1 dentro de los regímenes que cubren a fuerzas de seguridad y penitenciarias de nueve provincias cuyos sistemas previsionales fueron transferidos a la Nación en los noventa.

En el extremo opuesto, dentro del régimen nacional de jubilaciones (que incluye en total a un universo de 6,6 millones de personas) más de 4 millones cobran el haber mínimo, que a marzo de 2021 era de $20.571. “Esta diferencia es el resultado de la fragmentación del sistema que hay que corregir, aunque no sea lo que más afecte su sostenibilidad”, apunta Oscar Cetrángolo, economista experto en financiación y políticas públicas. 

 “Yo no estoy en desacuerdo con que determinadas actividades públicas 'de carrera' tengan un haber como deberían ser todos. Cargarle la culpa del bajo monto de casi el 100% de beneficiarios al poco porcentaje de los de regímenes especiales es distractivo”, opinó una especialista en derecho previsional que prefirió mantener su nombre en reserva por presumir que se trata de una opinión políticamente incorrecta. “Nada cambiaría si toda esa gente pasara a cobrar $80.000, pero asumo que ni la gente ni los medios quieren escuchar eso”, continuó. 

Es cierto que los haberes superiores a $300.000 no hacen la diferencia en los números de  la Anses. Sin embargo, el escenario cambia si en vez de a los casos aislados se mira el diseño del sistema en conjunto. Según precisa un informe reciente de Cippec, además del esquema general que cubre al común de la población, existen regímenes con características especiales, justificadas en la excepcionalidad de algunos grupos de beneficiarios, que en la Argentina representan cerca de 3,7 millones de beneficios (un 40% del total), con haberes que, en promedio, son un 85% superior al promedio del régimen general. “Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzan el 7% del PIB”, detalla el documento que lleva la firma de Rafael Rofman, director del programa de Protección Social de Cippec. 

Los regímenes de excepción en la Argentina 

En el país existen al menos cinco categorías de regímenes previsionales que se diferencian del régimen general. La primera categoría, “regímenes diferenciales”, se asocia a situaciones particularmente dificultosas o físicamente demandantes de ciertos trabajos que resultarían en un “envejecimiento prematuro”. La segunda categoría, donde se ubican estos 4.051 haberes que paga Anses superiores a los $300.000 son “regímenes especiales” y contemplan el acceso diferencial a beneficios previsionales por la existencia de “méritos” que lo justifican. 

“Mientras que los regímenes diferenciales habitualmente se consideran razonables y justificados (más allá de posibles abusos o excesos en su definición), en los regímenes especiales se suele reconocer un origen vinculado al poder de presión sobre el Estado de distintos grupos”, apunta Rofman. 

También están los esquemas que cubren a personas que se desempeñaron en las fuerzas armadas y de seguridad y los sistemas provinciales, incluyendo a los que cubren el empleo público y las cajas profesionales independientes. Finalmente, una última categoría contempla las pensiones no contributivas, otorgadas en respuesta a situaciones de extrema necesidad, mérito o situaciones particulares como expresidentes, medallistas olímpicos, ganadores del Premio Nobel, excombatientes de Malvinas, y víctimas del terrorismo de Estado, entre otros.

“Aunque en algunos casos esta exclusión responde a justificaciones razonables, es habitual encontrar que sus efectos sobre los resultados de las políticas son negativos, al generar inequidades, aumentar costos y, en términos generales, disminuir la eficiencia de la política”, señala Rofman. 

En la Argentina los regímenes de excepción en sus distintas formas se originaron al mismo tiempo (y en algunos casos con anterioridad) que el régimen general. Si bien el proceso de unificación de los distintos esquemas nacionales que se inició a mediados del siglo pasado fue limitando su relevancia, varios programas sobrevivieron a múltiples intentos por eliminarlos e incluso, en años recientes, se crearon o expandieron otros. De acuerdo con el informe de Cippec, entre 2010 y 2020 el número de jubilaciones bajo el régimen general de Anses se mantuvo estable, pero la cantidad de personas beneficiarias bajo regímenes especiales aumentó más de un 40%.

De acuerdo con Rofman, la inequidad no solo se origina en la fragmentación y las dificultades para navegar el sistema, sino en que los regímenes de excepción no responden a una estrategia integral, construida en base a un análisis cuidadoso de las condiciones de los distintos grupos de trabajadores y trabajadoras que identifique a quienes tienen mayores vulnerabilidades o merecimientos. Responden, en cambio, al éxito puntual que distintos grupos de interés han tenido para lograr la aprobación de sus regímenes a lo largo de los años, a su influencia política. 

Entre los problemas que aparecen para ordenar esta situación se cuenta la complejidad normativa y la presión de ciertos sectores, así como la existencia de derechos adquiridos que llevan a que cualquier reforma solo tenga impactos tangibles después de décadas. Para Rofman, se trata de “definir un sendero de reformas que, en forma gradual, reduzcan los niveles de fragmentación y con ellos los costos excesivos, las inequidades y las ineficiencias”. Un sendero que, por otra parte, “no puede agotarse en la implementación reformas a esquemas que, aún con alta visibilidad, representan una parte muy menor del problema en términos fiscales, como es el caso de los llamados ‘regímenes de privilegio’, sino que debería abarcar una estrategia amplia y de mediano plazo”.

DT