Una jueza de EE.UU. cree que los Eskenazi están detrás de un juicio millonario contra YPF

La jueza federal estadounidense Loretta Preska dio por hecho que la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen y exaccionista minoritaria de YPF, tiene un interés económico detrás de la demanda que lleva adelante el fondo angloestadounidense Burford contra la petrolera por miles de millones de dólares. Según dejó asentado Preska en el expediente, Burford y Petersen coordinaron parte de la estrategia legal y a ambos beneficiaría la indemnización reclamada, vinculada a la estatización de la empresa de gas y petróleo en 2012.

Este dato resultó crucial para que la magistrada del distrito sur de Nueva York rechazara la apelación de Burford para que los Eskenazi no sean obligados a responder el “discovery” (un proceso que implica que aporten la información que fundamente el caso a solicitud de la otra parte) y que varios integrantes de la familia presten declaración en el marco de la causa. La decisión del juzgado significó un aval a la estrategia de YPF y la Procuración del Tesoro argentina, que a toda costa quieren llevar a los Eskenazi a que muestren sus cartas en el expediente.

La decisión de Preska puede ser el indicio de que el caso se está torciendo contra del demandante, Burford, un fondo con oficinas en Inglaterra y Estados Unidos, fundado en 2009, que se dedica a las “finanzas legales”, figura que incluye la compra de los derechos de litigar a terceras partes. De hecho, Preska advirtió a los abogados de Burford, en una audiencia del 22 de diciembre, que, si no logran que los dueños del Grupo Petersen colaboren, habrá “consecuencias”, que no especificó. “Veremos qué pasa si los Eskenazi no cumplen con la producción del ‘discovery’”, dijo Preska, según informó el periodista Steven Bodzin, de la agencia de noticias estadounidense REDD Intelligence, quien sigue las audiencias en Manhattan.    

La decisión de Preska se dio tras meses de conflicto entre, por un lado, YPF y el Estado argentino, y, por el otro, Burford sobre el papel de los Eskenazi. El equipo jurídico de la empresa y la Procuración vienen sosteniendo ante el tribunal que los dueños de Petersen están detrás del reclamo y esperan cobrar parte de una eventual indemnización. El objetivo del lado argentino es someter a los Eskenazi a preguntas y contrastar documentos que permitan desmentir el argumento de la demanda de que el Estado argentino acorraló a Petersen, omitió comprarle su parte en YPF cuando expropió el 51% que estaba en manos de Repsol, y lo empujó a la bancarrota. Burford, por el contrario, aduce que no tiene ningún contacto con los dueños de Petersen, y enarbola el argumento de que los Eskenazi fueron víctimas de supuestas arbitrariedades del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los activos del Grupo Petersen, presidido por Enrique Eskenazi, se encuentran los bancos de Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz y San Juan, una constructora y una explotación vitivinícola y olivar en Cuyo, y otros negocios. Los Eskenazi llegaron a tener 25% de la propiedad de YPF cuando estaba controlada por Repsol, en un intento de Néstor Kirchner por dotar de “capital nacional” a la empresa como modo de revertir el declive de sus reservas y producción que evidenciaba bajo la conducción española. La particularidad del avance de Eskenazi sobre YPF se dio por el hecho de que compraron su porción con préstamos de Repsol y bancos que procuraban saldar con las utilidades de la petrolera, una estrategia considerada válida por el gobierno de Cristina hasta que se frustró.

Carátula

La pretensión de que los Eskenazi no tienen relación con el juicio parece, a simple vista, absurda, salvo por la singularidad de un sistema judicial como el estadounidense que permite a un fondo “comprar” el derecho a litigar. El expediente ante el juzgado de Preska se caratula “Petersen Energía Inversora y Petersen Energía contra la República Argentina e YPF SA”.

“Los Eskenazi consultaron con Burford sobre la estrategia de litigación en este caso y se encontraron con representantes de Burford en múltiples ocasiones”, firmó Preska el lunes. “Ellos (los representantes de Burford) no refutaron que los Eskenazi se verán beneficiados financieramente de la indemnización buscada”, aunque puede haber otros supuestos acreedores con prioridad de pago, agregó la jueza.

En su momento, los Eskenazi radicaron Petersen Inversora y Petersen Energía en España, sin empleados ni actividad, para el sólo efecto de canalizar sus pagos a Repsol por la compra de YPF. Consumada la expropiación a Repsol, Petersen reclamó que el Estado argentino debía haber lanzado la oferta de compra a los accionistas minoritarios. Los sellos españoles de los Eskenazi quebraron, Burford les compró los derechos de litigar por US$15 millones en 2014 y llevó la demanda a los tribunales de Estados Unidos, porque YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York. El Estado argentino argumentó —hasta ahora, sin éxito— que la expropiación de la petrolera fue un procedimiento establecido en las leyes argentinas y que Repsol cobró la indemnización correspondiente, por lo que no cabe la participación de tribunales extranjeros.

Si Eskenazi no responde a lo ordenado por la jueza de Manhattan, el caso en su totalidad podría estar “en peligro”, evaluó la agencia REDD. Por lo pronto, Preska consideró que el interés de los Eskenazi por el resultado del pleito “está fuera de discusión”, y que quedó probado que representantes de Petersen y Burford se reunieron “en múltiples ocasiones” y discutieron la estrategia legal, al menos al principio del litgio, de acuerdo a prueba aportada en la causa.

“Así no funciona”

Robert J. Giuffra, Jr., abogado del estudio Sullivan & Cromwell que representa a la República Argentina, dijo en la audiencia telefónica del 22 de diciembre que “ellos (por Burford) compraron la demanda … y deberían haber hecho los acuerdos necesarios para asegurarse la prueba, incluida la cooperación de los Eskenazi”, citó REDD. “Se quieren beneficiar de litigar en Estados Unidos, pero no se hacen cargo del ‘discovery’. No es así como funciona”, resumió el representante de YPF ante el tribunal.

La estrategia judicial de Sullivan & Cromwell y de la Procuración Argentina, a cargo de Carlos Zannini, se basa en el principio de que si el demandante no logra siquiera tener acceso a la prueba que sustenta su denuncia preliminar, la causa debe ser desestimada. El camino de YPF es el mismo, pero la petrolera acaba de cancelar el contrato con el estudio Cravath, contrató en su reemplazo a la firma legal Debevoise & Plimpton, y se trenzó en una disputa con Burford, que impugnó el nombramiento.

Zannini conoce bien a los Eskenazi desde que compraron la mayoría accionaria del Banco de Santa Cruz, en la década de 1990. A su vez, el hoy procurador del Tesoro era secretario Legal y Técnico de Presidencia cuando el gobierno de Cristina nacionalizó YPF, cuando la relación con los dueños de Petersen ya estaba rota.

Por su parte, Mark C. Hansen, del estudio Kellogg, que representa al demandante, adujo en la audiencia de la semana pasada que Burford no tiene ningún poder para obligar a los Eskenazi a declarar ni a aportar documentación. “Nos están poniendo en una posición de tener que hacer algo que no podemos hacer”, dijo Hansen, según REDD. Abogados de Burford tomaron contacto con Enrique Eskenazi, Sebastián Eskenazi, Matías Eskenazi Storey and Ezequiel Eskenazi Storey, y varias empresas bajo control de Petersen y les solicitaron que colaboren voluntariamente con la información solicitada, informó Hansen ante Preska. Para los letrados de Burford, Argentina está dilatando la causa y, si quisiera, podría acceder a la información requerida a los Eskenazi por sus propios medios.

Ante la deriva que tomó el expediente en los últimos meses, en YPF y en la Procuración valoran el “desarrollo favorable”, pero evitan explícitamente toda declaración de triunfalismo. El camino puede ser largo y saben que juegan de visitante en Manhattan, con la memoria en quien antecedió a Preska en el juzgado fue el fallecido Thomas Griesa, el juez que le dio la razón a los fondos buitre.

A favor de la postura argentina juega el hecho de que Burford Capital, que organizó este año su desembarco en la Bolsa de Nueva York, está muy expuesto al destino de la demanda contra YPF, según informes financieros que ocasionaron su desplome en la Bolsa de Londres en 2019. Esa dependencia lleva al fondo de las “finanzas judiciales” a sobreestimar en sus previsiones el valor del retorno que tendría en su apuesta contra la petrolera argentina.

Si Preska desestima el caso y tribunales superiores estadounidenses ratifican la decisión, los Eskenazi se quedarían sin cobrar y Burford podría entrar en zona de riesgo como fondo, tras haber gastado decenas de millones de dólares en abogados. Si ocurre lo contrario, YPF sumaría otra carga para una empresa que, en los últimos tres años, vio desplomarse sus expectativas de progreso en casi todos los frentes. 

SL