¿Suma fija, bono o paritarias? Las herramientas que evalúa el Gobierno para mejorar el poder adquisitivo

Dentro de las filas del Frente de Todos hay al menos un acuerdo: que es necesario mejorar el carcomido poder adquisitivo de los trabajadores, pilar central de la promesa electoral que llevó a la coalición a la Casa Rosada en 2019. Sobre lo que no hay coincidencia todavía es sobre el cómo. 

El viernes, en un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner postuló un aumento salarial mediante suma fija, mecanismo que ya implementó el presidente Alberto Fernández apenas llegó a la Casa Rosada, en los primeros meses de 2020. Pero tanto el Presidente como el ministro de Economía, Sergio Massa, tienen una serie de objeciones frente a esta herramienta y ponderan, por ahora, el mecanismo de las paritarias para cumplir el objetivo. La ministra de Trabajo, por otra parte, sumó la posibilidad de un bono de fin de año como alternativa, algo que algunos municipios ya están encarando por su cuenta. 

Cada una de las herramientas –no necesariamente excluyentes– tiene sus pros y sus contras e impacta de manera diferente en los ingresos de trabajadoras y trabajadoras. Fuentes del Gobierno aseguraron que la discusión todavía no está resuelta, pero anticiparon que este viernes podría haber algún anuncio al respecto.  

Paritarias

Hasta este momento, y frente a una inflación que acumula 83% en los últimos 12 meses según el Indec, el Gobierno descansó en las paritarias como dinámica de ajuste salarial de los trabajadores registrados, habilitando aperturas anticipadas y revisiones. Las paritarias son la herramienta “natural” de discusión de los trabajadores bajo convenio, el territorio de negociación defendido por los sindicatos. 

Tienen la ventaja de ser discusiones enmarcadas en la realidad de cada sector, lo que le permite a las partes llegar a acuerdos consecuentes con sus propias posibilidades y explica la heterogeneidad de los resultados. Además, las mejoras alcanzadas se incorporan al salario (a menos que se acuerden explícitamente bonos o aumentos no remunerativos) y se puede sumar a la mesa tripartita un amplio abanico de cuestiones que hacen a la tarea diaria y las condiciones de trabajo. 

Como contracara, es un mecanismo que deja fuera a los trabajadores no sindicalizados. Y, además, tampoco garantiza una mejora del poder adquisitivo. “Es difícil ganarle a esta inflación incluso negociando bien”, resumió Julia Strada, directora de Banco Nación y economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en una entrevista con la Televisión Pública. 

Strada mencionó como ejemplo el salario del “oficial especializado múltiple” una categoría intermedia del convenio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que cobra $110.000 de básico que, con adicionales, puede rondar los $150.000. “Ese tipo hoy está peleando por que esos $150.000 le ganen a la inflación cuando termine la paritaria de la UOM en marzo. Si todo sale bien, va a ganar un valor equivalente dentro de cuatro meses, no va a ganar poder adquisitivo. Pero yo a esa persona le tengo que subir su piso para ir un poco más rápido, porque no vienen ganando poder adquisitivo ni en 2021, ni en 2022”. 

Suma fija

La suma fija es un monto de dinero que se incorpora a todos los salarios (aunque se puede establecer un tope) y que, al ser igual para todos, tiene un efecto progresivo: un impacto proporcional más fuerte en los salarios más bajos. Con la incorporación de este monto extra, se eleva un escalón el piso salarial de manera permanente. 

“Un aumento de suma fija es una herramienta adecuada en este contexto. La ventaja es que un aumento de este tipo puede complementar los aumentos de paritaria y no sustituirlo y contribuir a aumentar los salarios en términos nominales y sobre todo a que aumenten proporcionalmente más los salarios menores, en un marco en el que hay un porcentaje importante de trabajadores –incluso registrados– que están en situación de pobreza”, dijo a elDiarioAR Mariana González, economista del CIFRA de la CTA de los Trabajadores. . 

Para González, es una política que, de todas maneras, necesita estar acompañada por un control de la inflación para que el aumento no sea erosionado por los precios. 

Según los cálculos de CEPA, con un monto de $25.000 se podría mejorar el salario real en un 16,7% y se lograría superar en 7,1% el poder adquisitivo que dejó Macri en 2019. Si el monto se elevara a $46.500 se podría mejorar el salario real en un 31,1% y se equipararía el poder adquisitivo con los niveles de 2015. En los primeros meses de 2020, cuando Alberto Fernández aplicó una suma fija por decreto de $4.000, el poder de compra dio un salto del 7% en promedio, según este centro de estudios.  

“Una suma fija no compite con la paritaria; la refuerza. En el caso del convenio comercio, una suma fija de $25.000 pesos mejora, junto con el tramo de la paritaria de noviembre, en un 20% la situación de las categorías iniciales”, reforzó Strada. 

¿Cuáles son las objeciones del Presidente? Según dijo en una entrevista con radio Futurock, una es “dónde hacer el corte”. “Si lo hacés en alguien que cobra hasta $90.000 y le metes una suma fija de $30.000, esa persona pasa a cobrar $120.000 y el que gana $100.000 dice ¿yo dónde quedé? No es fácil”, apuntó. 

Por otra parte, es una medida “cara” para la parte empleadora, que le requiere un desembolso mayor al de un bono esporádico. En este punto Fernández retomó un argumento que ya había esbozado Massa y mencionó que gran parte de los salarios más bajos –pasibles de recibir la suma fija– son de empleados municipales. “Hay que ver si los municipios pueden hacerle frente. Es muy fácil plantearlo, pero es un poco más complejo concretarlo en los hechos”, dijo. 

El mismo argumento suele aparecer para las pymes, algunas de las cuales no estarían en condiciones de hacer ese esfuerzo salarial. En el cristinismo argumentan que si Alberto Fernández pudo aplicar la suma fija en 2020, luego de la retracción económica del macrismo, bien podría hacerlo ahora. 

“En otras oportunidades en que se dio aumento por decreto hubo diferenciación de tiempos o de montos para sector público y privado, por lo que existen formas de ir adelante con la medida teniendo en cuenta esto”, añadió González, para quien este argumento deja, además, a las claras que el sector público es parte responsable de los bajos niveles salariales.

No queda fuera de las posibilidades que algunos municipios decidan por su cuenta un refuerzo para sus empleados. Entre otros casos, en las últimas horas Mayra Mendoza anunció que dará en Quilmes un bono de $50.000 y un aumento del 5% a empleados municipales y distintas localidades santiagueñas replicaron la decisión que tomó el gobernador, Gerardo Zamora, a nivel provincial y adelantaron que habrá un refuerzo de $200.000 en tres cuotas y un incremento salarial del 95% sobre el básico en el mes de febrero. 

Bono

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, aseguró algunas semanas atrás que el Gobierno no estaba hablando internamente de la posibilidad de dar una suma fija sino de “un bono de fin de año”. En este caso se trataría de un monto de dinero entregado por única vez, que no eleva el nivel salarial y puede ser más fácilmente licuado por la inflación. 

Si bien también genera resistencia del sector empresario, es una medida más fácil de digerir por la parte empleadora. Además, tiene una plasticidad mayor al poder ser extendida a un universo más amplio que el de los trabajadores asalariados registrados. De hecho, el refuerzo anunciado para indigentes de $45.000 que se cobrará a partir de este 14 de noviembre y también en diciembre responde al formato de bono. 

DT