Techint se apoya en exministros de Macri para reclamar subsidios por cientos de millones de dólares

La organización Techint reclama al Estado argentino subsidios supuestamente impagos por cientos de millones de dólares derivados de un plan de promoción diseñado por Juan José Aranguren, exministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri. Según el cálculo de la Secretaría de Energía, que rechaza la demanda, Tecpetrol busca obtener US$ 642 millones mediante un supuesto ardid “oportunista”, cifra que se sumaría a los US$ 1.285 millones ya pagados entre 2018 y 2021, informó la agencia estadounidense REDD Intelligence.

La pugna entre la empresa y el Estado argentino derivó en una demanda judicial en mayo de 2019 ante el juzgado contencioso administrativo federal a cargo de Enrique Lavié Pico, poco antes de que Macri perdiera las elecciones presidenciales ante Alberto Fernández. La pelea suma voltaje en el expediente, con acusaciones cruzadas de ocultar información y proveer datos falsos con el fin de defraudarse mutuamente, pero fuera de él, las partes no se refieren al tema.

El hecho de que Techint intente participar de la construcción de un nuevo gasoducto desde Vaca Muerta y de que el Gobierno del Frente de Todos haya cumplido con el pago de los subsidios estipulados por la gestión Macri no derivó en que el reclamo cediera. Por el contrario, se aceleró en los últimos meses.

Subsidio fuera de control

El origen de la demanda radica en la resolución 46 firmada por Aranguren el 2 de marzo de 2017, que estableció un régimen de promoción de gas mediante el cual el Estado garantizaría un piso mínimo de US$ 7,50 por millón de BTU en 2018, que declinaría hasta US$ 6 por millón de BTU en 2021, último año de aplicación.

La estrategia del Gobierno de Macri salió bien para Tecpetrol y, en menor medida, CGC, la empresa hidrocarburífera de Corporación América (Eurnekián), que juntas congregaron 75% del subsidio pagado por el Estado vía la resolución 46, pero mal para el resto de la industria y los objetivos fiscales del país, según la coincidencia generalizada de analistas y de las competidoras que se quedaron afuera.

Aranguren se fijó el objetivo de dar un gran impulso a la producción de shale gas en Vaca Muerta. Hasta entonces, la formación no convencional había dado un paso decisivo con los proyectos de YPF y Chevron en el final del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero la explotación masiva estaba todavía en veremos.

Tecpetrol acudió al llamado de Aranguren y, en dos años (2018 y 2019), “enterró” más de US$ 1.700 millones en el proyecto de shale gas llamado Fortín de Piedra, acaso la mayor y una de las pocas inversiones a gran escala en los años de Cambiemos. El resto de la industria de gas no pudo, no supo o no quiso conseguir los dólares para una inversión de esa magnitud.

La respuesta de la “roca” de Vaca Muerta fue inmediata. Tecpetrol encontró gas y la producción no paró de crecer. En cuestión de meses, la empresa de Techint pasó a extraer 17,5 millones de metros cúbicos de gas por día, el doble de lo inicialmente estimado.

Una de las falencias de la resolución 46 fue que fomentó la producción de un proyecto específico, pero se desentendió de que hubiera mercado para el gas extraído y de la capacidad de transporte, coinciden fuentes de la industria.

Avanzaba 2018 y el gas brotaba de Fortín de Piedra, pero la economía colapsaba. En recesión, sobraba gas porque la industria y las centrales térmicas no lo demandaban, y, además, la capacidad de transporte desde Vaca Muerta estaba cerca de su límite, problema todavía vigente. Una de las falencias de la resolución 46 fue que fomentó la producción de un proyecto específico, pero se desentendió de que hubiera mercado para el gas extraído y de la capacidad de transporte, coinciden fuentes de la industria.

La consecuencia de la recesión y la sobreproducción subsidiada de Tecpetrol fue que el precio del gas a valores de mercado cayera por debajo de los US$ 2,50 por millón de BTU (métrica convencional para la comercialización). Como la firma de Techint tenía asegurado tres veces más por el plan de Aranguren, aceleró la extracción a fondo, mientras que la competencia (YPF, Total, Pampa Energía, Pan American Energy y eventuales nuevos jugadores) pisó el freno.

Así fue cómo el subsidio establecido en la resolución 46 se transformó en una bola de nieve con un beneficiario casi excluyente: Tecpetrol.

Emergencia y conflicto

Ya con el acuerdo con el FMI por US$ 57.000 millones en marcha, el expresidente de Shell en Argentina renunció al puesto de ministro en junio de 2018. Aranguren fue reemplazado por Javier Iguacel, otro hombre también proveniente de una petrolera, Pluspetrol.

Iguacel fue perdiendo peso con el correr de las semanas, su puesto fue degradado a secretaría, y a fin de año fue reemplazado por Gustavo Lopetegui, el ex LAN que había sido uno de los principales laderos de Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete.

Con la producción de gas en declive —excepto la de Tecpetrol y CGC—, el Gobierno de Macri se encontraba abocado a la tarea de aplicar recortes draconianos para llegar al déficit cero acordado con el FMI. El entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y Lopetegui sacaron cuentas y dispusieron que el subsidio garantizado por la resolución 46 debía pagarse sobre la estimación informada por la empresa en el momento de solicitar la adhesión al programa, y no sobre la producción real. Tecpetrol había previsto inicialmente que su proyecto en Fortín de Piedra generaría 8,5 millones de metros cúbicos, y rápidamente había escalado a 17,5 millones de metros cúbicos. En consecuencia, los subsidios a pagar debían reducirse a la mitad. Lopetegui ordenó además recalcular lo ya abonado durante 2018 y nació el conflicto.

Tecpetrol presentó una demanda contra el Estado nacional por una “reintepretación” “súbita, ilegítima y arbitraria” de las condiciones del subsidio, transcribió REDD Intelligence. En un primer cálculo, la firma reclamó US$ 56 millones por las diferencias correspondientes al período agosto-octubre de 2018, y se reservó el cálculo final de la demanda. Era el 13 de mayo de 2019; faltaban cinco días para que Cristina postulara a Alberto a la presidencia.

En su presentación, la empresa de Techint pidió citar como testigos a Aranguren e Iguacel. La visión de ambos ya había quedado plasmada en los medios o en sus comunicaciones personales.

La contestación judicial llegó el 10 de octubre de 2019, a días de la primera vuelta presidencial, firmada por la entonces subsecretaria de Legal y Técnica de la Secretaría de Energía, María Valeria Mogliani. La funcionaria de la secretaría que todavía dirigía Lopetegui acusó a Tecpetrol de llevar a cabo una “conducta oportunista y violatoria de la obligación de presentar información exacta y veraz ante las autoridades”, citó del expediente judicial la agencia estadounidense.

Tecpetrol elevó al Gobierno de Neuquén un plan de inversiones por US$ 1.723 millones con la meta de alcanzar los 8,5 millones de metros cúbicos de producción diaria, lo que supondría subsidios por US$ 642 millones.

La Secretaría argumentó que la adhesión a la resolución 46 se había hecho a través de proyectos presentados ante las provincias, que son las dueñas de los recursos hidrocarburíferos. En este caso, Tecpetrol elevó al Gobierno de Neuquén, en junio de 2017, un plan de inversiones por US$ 1.723 millones para desarrollar 121 pozos en Fortín de Piedra con la meta de alcanzar los 8,5 millones de metros cúbicos de producción diaria, lo que supondría un costo total en subsidios estatales, a lo largo de cuatro años, de US$ 642 millones.

El Estado citó declaraciones públicas del propio Paolo Rocca y de ejecutivos de Techint, antes y después de la carpeta presentada en Neuquén, que preveían una producción mayor, acelerada y con mejores resultados —como finalmente ocurrió— que la prevista. Aranguren aceptó la adhesión de Tecpetrol a la resolución 46 en noviembre de 2017. De allí que la Secretaría de Energía acusara a la empresa de Techint de haber subestimado sus objetivos de producción incluidos en su postulación formal para ser aceptada más fácilmente.

La representante estatal consideró “inadmisible” que Techint pretendiera recibir subsidios por US$ 1.300 millones para una inversión de US$ 1.723 millones, que además le generaría ingresos por la venta comercial del gas no subsidiada por al menos US$ 1.840 millones adicionales.

Testigos

Por su lado, Techint citó declaraciones de Iguacel al diario Río Negro el 13 de abril de 2019, un mes antes del inicio de la demanda judicial. El exministro —hoy intendente de Capitán Sarmiento y supuesto aspirante a la gobernación de Buenos Aires— alabó a Tecpetrol por “apostar, jugar a riesgo e invertir una fortuna, cuando otros, que tenían tradición petrolera, se reían de lo que estaba haciendo”, y acusó a su sucesor, Lopetegui, y a Dujovne de “no respetar las reglas de juego”. 

En cuanto a Aranguren, Tecpetrol solicitó un peritaje informático que corroborara sus argumentos en intercambios de mails. Los resultados ya están en el expediente y arrojan diálogos como el siguiente:

27 de marzo de 2017 (tres semanas después de firmada la resolución 46). Mail del entonces CEO de Tecpetrol, Carlos Ormaechea. “Juanjo: Va la presentación… Recordá que este es un caso acelerado (objetivo muy ambicioso) que requiere que todo funcione a la perfección para que se cumpla en estos plazos (permisos, piquetes, mapuches, etc). De cualquier manera, preferimos explicitarlo así para poner presión a todo el mundo y llegar con el pico de producción durante 2019…. Avisame si te llegó bien. Ánimo”.

Respuesta de Aranguren, el mismo día: “Gracias. Recaudos totalmente entendidos”.

También figura en el expediente un email de Patricio Pinnel, segundo de Lopetegui en la Secretaría de Energía, a Ormaechea, en el que le remite un proyecto de modificación del marco establecido en la resolución 46, enviado el 18 de enero de 2019. El borrador, finalmente, no se tradujo en una nueva resolución.

El objetivo de Tecpetrol al develar estos intercambios es demostrar que la firma, ya en marzo de 2017, antes de solicitar su adhesión formal, había informado a Aranguren que apuntaría a una producción en Vaca Muerta de 14 millones de metros cúbicos diarios, dato incluido en un archivo adjunto del mail con la firma de su CEO, Ormaechea, y que otras comunicaciones de funcionarios de segunda línea ratificarían que el subsidio abonaría la producción real y no la estimada.

La Secretaría de Energía trabó un tiempo la realización del peritaje informático, porque adujo que no tenía acceso a las casillas de exfuncionarios. En su réplica al peritaje presentada el 6 de junio, el Estado sostuvo que no puede acreditar la veracidad del informe del perito informático porque desconoce esas casillas. En cualquier caso, la cartera que dirige Darío Martínez, que mantiene los mismos abogados de línea que Lopetegui, argumentó que las declaraciones públicas o los mails personales de Aranguren, Iguacel u otros funcionarios no tienen ninguna relevancia, porque lo realmente válido son los documentos incluidos en expedientes oficiales, y allí se menciona una producción menor, de 8,5 millones de metros cúbicos, la mitad de la que resultó.

Los exministros de Macri y Marcos Peña son algunos de los testigos que Techint solicitó a Lavié Pico que fueran citados a declarar.

Últimos episodios

En los últimos meses, el demandante se mostró a la ofensiva, tras dos años con poco movimiento. Tecpetrol llegó a impugnar a la perito contadora, María Irma Regina Valeri, porque había hecho trabajos para el Ministerio de Salud, ergo, sería —a su entender— parcial. El juzgado denegó el reclamo el 2 de mayo pasado porque no vio incompatibilidad y Tecpetrol volvió a la carga esta semana, cuando solicitó la remoción de la experta porque todavía no había presentado el informe pericial. Valeri, por ahora, resiste: pidió un asistente por “la enorme complejidad de la tarea encomendada” y una ampliación para gastos.

Además de que le toca ejercer la defensa del Estado, el Gobierno del Frente de Todos no es ajeno a la controversia de fondo. Por un lado, porque pagó los subsidios establecidos por Macri en la resolución 46, ya que la vigencia del programa venció el 31 de diciembre pasado.

En 2018, el Estado pagó a Tecpetrol US$ 191 millones; en 2019, US$ 391,1 millones; en 2020 (ya con Fernández y en pandemia), US$ 435,4 millones, y en 2021, US$ 268,8 millones. Los US$ 1.286 millones representan el 55% de la totalidad de los subsidios pagados por el Estado a través de la resolución 46, seguido por CGC, con 21%, constató REDD Intelligence con información oficial suministrada por la Secretaría de Energía tomada al tipo de cambio promedio de cada año.

Dentro de la multiplicidad de visiones que atraviesa el área de energía desde que asumió Alberto Fernández, algunas voces pugnaron para que se exigiera a Techint el levantamiento de la demanda judicial si Tecpetrol aspiraba a participar del Plan Gas IV, un subsidio con otro formato y un precio garantizado equivalente a la mitad del fijado de Aranguren.

La postura sólo prosperó en una parte menor y la Secretaría de Energía aceptó que Techint mantuviera su demanda, pero que parara el contador de su reclamo en 2021. En el expediente, esa cláusula, que disminuiría el reclamo, no está mencionada.

De la estimación inicial de la Secretaría de Energía de que Tecpetrol se llevaría subsidios por US$ 642 millones, la cifra real abonada ya representa el doble, y si el juzgado diera la razón a la demanda, se transformaría en el triple.

Durante el año pasado, Tecpetrol sumó subsidios por dos ventanillas: los correspondientes a la resolución 46 y los del Plan Gas IV.

 

Con información de Sebastián Lacunza publicada en la agencia de noticias estadounidense REDD Intelligence