Daniel Noboa en campaña: busca el voto y el perdón popular por cuatro niños desaparecidos y muertos
Desde el 8 de diciembre ¿Dónde están los niños? fue la permanente y angustiosa pregunta que formulaba Ecuador. En la Costa pacífica y en la Sierra andina, en la Amazonía y en las islas Galápagos, voces de la sociedad civil clamaban por Josué, Ismael, Saúl y Steven. El último día que los vieron con vida, ‘Los cuatro niños de Guayaquil’ habían terminado de jugar al fútbol, como tantas otras veces más felices, en la canchita de Las Malvinas, población al sur de la ciudad puerto, capital económica y financiera del país sudamericano. Las calles de esa barriada popular, como cada calle en cada centro urbano de Ecuador, están militarizadas.
Un decreto del 9 de enero de 2024 del Poder Ejecutivo ecuatoriano declaró la “existencia de conflicto armado” vigente en toda la nación. Según el calendario electoral, 2025 es año electoral en Ecuador. Una investigación judicial en curso declaró manufactura militar los cuatro cadáveres infantiles hallados el 24 de diciembre. Hijo del hombre más rico del país —y barón de Guayaquil—, el joven presidente liberal Daniel Noboa lanzó oficialmente su campaña electoral personal.
El primer día de un mes buscando los votos que necesita para ganar un segundo mandato en las elecciones del 9 de febrero. Organizaciones de DDHH, intelectuales y activistas civiles concurren en señalar que una de las causas más eficientes en la génesis de los luctuosos hechos consumados en cuadruplicado es la militarización de la seguridad de la ciudadanía rural y urbana. Esa decisión que un puntual año atrás firmó el titular del Ejecutivo que ahora tiene un mes para convencer al electorado que decidirá su futuro de que los cuerpos calcinados encontrados en víspera de Navidad fueron una tragedia ajena a la voluntad, responsabilidad y control del jefe de Estado y comandante en jefe de las FFAA.
El decreto de “guerra interna” de Noboa supuso legitimar la militarización de la seguridad pública. Pero también habría habido cierta legitimación social de estas prácticas. Parte de la sociedad aceptó de algún modo una estrategia de guerra, bukelizada. Un punitivismo, de mano dura con una lógica de criminalización de la pobreza y de perfilamiento racial, que llegó a asociar el color de piel (aquel de tinte más oscuro) con la peligrosidad y la criminalidad.
Los cuatro niños nunca regresaron ni regresarán nunca jamás. Habían sido detenidos por militares que los torturaron, asesinaron. Sus cuerpos, calcinados, aparecieron el 24 de diciembre flotando en el río.
Desaparición forzada de personas y terror del Estado en el país que dolarizó
La Fiscalía confirmó el 31 de diciembre que los cuatro niños están muertos. Pidió prisión preventiva para 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), acusados de desaparición forzada, delito cuya sanción máxima son 26 años de prisión en el Código Penal del país. “Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada”, señaló el ente acusador a través de su cuenta en la red social X.
El anuncio llegó en momentos en que decenas de ciudadanos se manifestaban en las afueras del Complejo Judicial Guayaquil Sur para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido. “Escucha, escucha, escucha lo que pasa; los niños de Las Malvinas ya no están en su casa”, gritaban los manifestantes.
Grupos de DDHH reaccionaron de inmediato luego que la Fiscalía confirmara el hecho. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador aseguró que este caso se “inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. “Señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzada y el asesinato de los niños”, agregó la Alianza, que también responsabilizó a ciertos medios de comunicación por difundir mensajes que pretendían estigmatizar a los menores y a sus familias. Los mensajes de conmoción, solidaridad e indignación no dejaban de circular, en mayor número, desde un mayor número de cuentas, y con más intensidad, por las redes.
Los cuatro niños de Guayaquil
Ismael Arroyo, de 15 años, quería ser jugador profesional de fútbol. Era el goleador de su equipo que en 2024 obtuvo cuatro medallas. Josué, de 14 años, hermano menor de Ismael, era más dedicado a sus estudios que al deporte. Su madre mostraba con orgullo a los medios los impecables cuadernos del adolescente muerto. Es un lugar común evocarlo: cuando muere una madre muere su hija queda huérfana pero cuando los hijos mueren no hay palabras.
A pocas cuadras de la familia Arroyo vive la familia Arboleda. Aficionado a la música, Saúl Arboleda, asesinado a sus 15 años, era cantante. Participó en un video musical que hace oír la madre. Johana Arboleda cuenta que su hijo “canta en todas partes, solo vive cantando”.
A sus 11 años, Steven Medina formaba parte de la Fundación Nueva Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde tocaba instrumentos musicales, bailaba y cantaba. Según su tutora Elizabeth Rosero, Steven tenía una conexión muy cercana con Dios: en los almuerzos, él siempre quería dirigir la oración.
Los militares los aprehendieron cuando los cuatro iban caminando cerca de un centro comercial. Después de que la justicia Civil caratulara el caso que investigaba como “desaparición forzada”, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares de las afueras de Guayaquil. En la localidad de Taura: cercana a una base militar de la Aeronáutica ecuatoriana.
“En este caso no se aplicaron los procedimientos correspondientes y se configuró una grave violación de Derechos Humanos”, declaró Fernando Bastías, abogado del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Este organismo acompañó a las familias, que interpusieron el recurso de habeas corpus para que se reconozca la presunta responsabilidad del Estado en lugar de continuar la investigación bajo la figura del secuestro. “Jurídicamente aquí hay una desaparición forzada”, asegura. “Porque hay una detención ilegal y hay una incomunicación de cuatro niños por parte de agentes del Estado”, explica el letrado defensor.
“No fue un exceso aislado, presidente Noboa: es una práctica sistemática”
Este crimen no es el único que la Fiscalía investiga sobre presunta desaparición forzada, al igual que por otros delitos de abuso de fuerza pública. El CDH ha señalado que responde “a una práctica habitual de las Fuerzas Armadas: excederse más allá de lo que establece la ley y ese exceso se materializa en una grave violación de Derechos Humanos”. En el caso de Los Cuatro Niños de Guayaquil, la Justicia constitucional que tramitó el habeas corpus aclaró que no se aplicaron los procedimientos. El proceder que no es aislado sino sistemático muestra cómo las FFAA ponen en riesgo a toda la población civil ecuatoriana porque se desconoce —dicho por las mismas autoridades—, si están aplicando el procedimiento adecuado.
La mala práctica de la política de seguridad no se inició este pasado diciembre sino 12 meses antes. Es decir, inmediatamente desde la movilización presidencial de las FFAA. “Entre otros letales casos se encuentra el de Carlos Vega Ipanaque, ejecutado extrajudicialmente por un militar en Guayaquil”, declaró Bastías. El lunes 30 de diciembre, este mismo abogado presentó ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional de Ecuador más casos de desapariciones en los que hay indicios suficientes de la participación de agentes estatales. Muchos de ellos son investigados como desaparición involuntaria y no como desaparición forzada. Al menos, hay una docena de casos más. Particularmente en Esmeraldas, localidad de la costa ecuatoriana, donde la población tiene miedo de denunciar.
“En el Ecuador estamos en medio de un sálvese quien pueda”, grafica la politóloga y analista de seguridad Carolina Andrade, “La gente ya no cree en el Estado, porque ha sido desmantelado durante los últimos años, y lo último que queda es la fuerza pública”, afirma Andrade. En este marco, “no hay un control directo político-civil por parte de las autoridades sobre la fuerza pública, ni militar ni policial”, sostiene al correlacionar con el crimen de Los cuatro niños de Guayaquil.
Militarización de la seguridad ciudadana, o qué pasa cuando las tropas son tu única policía
En un comunicado difundido el 30 de diciembre, organizaciones sociales y de DDHH alertaron del perfilamiento y la criminalización racial: “Niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros afrontan el costo de una política securitista sostenida a partir del engranaje de la discriminación racial en barrios periféricos las ciudades de la costa ecuatoriana”.
La persistente declaratoria del Poder Ejecutivo de la existencia de un conflicto armado no internacional en el país, casus belli doméstico rechazado en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional de Ecuador, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Desvirtuada la misión institucional de las FFAA, un clima de terror cunde entre una ciudadanía ya suficientemente atemorizada por las violencias del crimen organizado.
Alumno aventajado de la generación Bukele va por un segundo mandato
La continuidad del “conflicto armado interno” con su consecuente militarización se pondrá a prueba en los comicios generales ecuatorianos que se celebrarán en el tan próximo 9 de febrero. Daniel Noboa busca la reelección: competirá contra 15 candidatos presidenciales. “En la campaña electoral se van a poner justamente en disputa dos tipos de modelos: uno que promueve el continuar con el conflicto armado interno, con la vulneración de derechos, con no invertir en lo social, y otros que proponen alternativas más integrales basadas en la construcción de paz”, precisa Andrade, integrante de la Red de Politólogas “No sin mujeres”.
Las elecciones presidenciales de febrero de 2025 serán un plebiscito sobre qué logró y qué malogró desde enero de 2024 el presidente ecuatoriano Daniel Novoa, representante aventajado en la región de la generación Bukele. La primera respuesta de su administración de mano dura frente al caso de los cuatro niños de Guayaquil fue sostener que la noticia de su secuestro, tortura y muerte era falsa.
En medios de comunicación y ruedas de prensa las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, arrojaron más dudas que certezas. Ante la denuncia de desaparición forzada, Lofreddo dijo: “le hacen el juego al crimen organizado y a las mafias” sin reconocer la participación de militares en este caso. Ante la fuerza de los testimonios obtenidos por la cámaras del lugar, tuvo que rectificar y aclarar que sí hubo dicha aprehensión, y que sí, que fueron militares los que los arrestaron. Pero no los mataron, no: la hipótesis del Gobierno es que fueron liberados durante la noche del día de la Festividad de la Inmaculada Concepción, en la zona aledaña a la base de Taura.
El Gobierno y las FFAA ratificaron el lunes 30 de diciembre que la detención de los menores de edad fue porque estaban delinquiendo. Una versión sobre la cual la Fiscalía dejó en claro que en este caso carece del apoyo de cualquier sea, más allá de la humana especulación oficialista.
Fue ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea, el Congreso unicameral ecuatoriano, que el ministro Loffredo aseguró que la aprehensión de los adolescentes “no fue parte de una operación, sino que se dio en circunstancias de un presunto acto flagrante”. Ante la fuerza de las pruebas, el Ministerio de Defensa difundió: “Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato”.
El sueño de los héroes, última intoxicación mítica
En consonancia con la tardía promesa del ministro de Defensa de su Gabinete, en declaraciones radiales el presidente Noboa afirmó: “Estamos del lado de la justicia. Haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie”. Adelantó una propuesta personal, sugerida a una comisión: “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”. Sin asumir responsabilidad alguna como Jefe de Estado y de Gobierno. Ni como presidente y candidato presidencial que busca su reelección.
Hasta ahora, el presidente, político y empresario Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, de 37 años, nacido en 1987 en Miami (Florida), hijo del empresario bananero y candidato presidencial cinco veces derrotado Álvaro Noboa, da por sentado que pasará a segunda vuelta en las elecciones del 9 de febrero. Aunque sabe que todos y cada uno de los días de campaña durante las cuatro semanas que lo separan de esa fecha deberá responder preguntas sobre los cuatro de Guayaquil. Por qué Josué, Ismael, Saúl y Steven murieron, por qué nunca más van a jugar al fútbol en la canchita de la barriada cuyo nombre “Las Malvinas” homenajea al irrendentismo nacionalista argentino.
AGB/JJD
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