Donald Trump se declara “no culpable” ante el tribunal por el caso de los documentos clasificados

El mundo presenció este martes, por primera vez en la historia, como un exmandatario y candidato a la presidencia de Estados Unidos se declara “no culpable” ante un tribunal federal. Según anunció él mismo el jueves pasado, Donald Trump se entregó hoy a la corte de Miami que lo juzgará por llevarse, esconder y negarse a devolver cientos de documentos gubernamentales clasificados a su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

Junto a su abogado, le leyeron los 37 cargos que el fiscal especial Jack Smith le imputa -a él y a su asesor, Walt Nauta-, por los que podría llegar a pasar el resto de su vida en prisión. Concretamente, lo acusa de 31 cargos por retener información de defensa nacional, cuatro por ocultar la posesión de documentos clasificados, dos por hacer declaraciones falsas al FBI y uno por conspiración para obstruir la justicia.

La suma de los delitos, en caso de ser condenado, podría ascender a los 400 años de cárcel. Una pena que podría evitar si el gobierno estadounidense cambia de signo tras las elecciones presidenciales del próximo año, a las que él mismo se presenta, pues el indulto presidencial podría salvarle de prisión. Trump tratará de alargar el inicio del juicio hasta después de las elecciones, aunque ni la imputación ni una hipotética condena lo privarían de presentarse, según dicta la Constitución estadounidense.

Es la segunda ocasión en la que un presidente, en activo o retirado, se entrega a las autoridades para la lectura de cargos de su procesamiento y la primera ante un tribunal federal. Trump ya se declaró “no culpable” el 4 de abril ante un tribunal estatal, cuando un juez de Nueva York le leyó los 34 cargos de los que el fiscal de distrito, Alvin Bragg, le acusa por falsificar documentos comerciales para comprar el silencio de la actriz Stormy Saniels.

Seguidores reciben al expresidente en el tribunal

Al igual que en aquella ocasión, este martes no le tomaron ninguna fotografía policial a Trump ni lo esposaron, como sí suele ocurrir en los procesos judiciales de este tipo. Y como ocurrió en Nueva York, se congregaron a las puertas del tribunal manifestaciones a favor y en contra del expresidente, que enmarca esta imputación y sus demás investigaciones judiciales abiertas como un acto de guerra, una “persecución política propia de regímenes como Cuba o Venezuela”.

Para mitigar el riesgo de protestas violentas, y ante la presencia de grupos ultraderechistas como los Proud Boys, se desplegó un perímetro policial alrededor del tribunal federal, conformado por cuerpos policiales, los US Marshalls y el Servicio Secreto.

Tanto Trump como sus aliados dentro del Partido Republicano llamaron a la protesta en los últimos días, en ocasiones con una retórica violenta, contra lo que el mismo expresidente califica como “la mayor caza de brujas de todos los tiempos” perpetrada por las “fuerzas oscuras” de un supuesto “estado profundo”. Un lenguaje conspiranoico parecido al que precedió al asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.

“Tengo un mensaje para Merrick Garland, Jack Smith y Joe Biden, y para los medios de las fake news: si queréis acabar con el presidente Trump, tendréis que pasar por mí y por 75 millones de estadounidenses como yo. Y tengo que decir que la mayoría de nosotros somos miembros con carnet de la Asociación Nacional del Rifle”, amenazó este fin de semana la republicana de Arizona Kari Lake, una de las más fieles trumpistas, en la convención republicana de Georgia.

Las pruebas contra Trump vienen de su abogado

El documento de la imputación publicado el viernes pasado, de 49 páginas, detalla un gran número de evidencias que sirvieron para la acusación formal. Entre ellas, conversaciones grabadas y transcritas por uno de sus abogados, Evan Corcoran, en las que Trump presumía de tener en su poder documentos clasificados, incluso después de que el Departamento de Justicia se los requiriera y en las que le pedía que mintiera ante la justicia y le ayudara a ocultar los papeles.

A principios de este año, a pesar de las objeciones de Trump, el fiscal especial que supervisa la investigación, Jack Smith, pudo obtener dichas notas invocando la excepción de fraude criminal. Se trata de una disposición de la ley que permite a los fiscales eludir las protecciones habituales del privilegio abogado-cliente si tiene razones para creer que un cliente utilizó asesoramiento legal para promover un delito. Como así fue, según las pruebas aportadas.

Casualmente, las pruebas aportadas por un abogado de Trump, Michael D. Cohen, también fueron clave para su imputación ante un tribunal de Manhattan en abril por el caso del soborno a la actriz Stormy Daniels.

Según la imputación, Trump escondió los documentos gubernamentales por distintas estancias de su residencia de Mar-a-Lago, un lugar que acostumbra a utilizar para recibir a invitados. Concretamente, cuando el FBI registró la casa, se encontró decenas cajas de papeles almacenadas en un baño, un despacho, una habitación y una sala de baile, entre otros lugares de su residencia y club privado en Palm Beach. La acusación asegura que en el tiempo que pasó entre que Trump dejó la Casa Blanca (20 de enero del 2021) y el FBI encontró los documentos (9 de agosto del 2022), el expresidente celebró más de 150 eventos sociales, a los que asistieron “decenas de miles de invitados”.

El contenido de los documentos, que fue un misterio para el público durante toda la investigación, también fue revelado en el documento de la acusación. Trump guardaba en sus cajas “información relativa a las capacidades de defensa y armamento tanto de EEUU como de países extranjeros; programas nucleares de EEUU; vulnerabilidades potenciales de EEUU y sus aliados ante un ataque militar; y planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”. Además, el fiscal especial asegura que estos documentos clasificados procedían de la CIA, el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, entre otros.

La jueza que llevará el caso fue designada por Trump

El caso fue asignado aleatoriamente a la jueza Aileen M. Cannon, quien fue designada por el mismo Trump días después de perder las elecciones en noviembre del 2020. Cannon recibió críticas el año pasado por tomar una decisión favorable al expresidente en este mismo proceso judicial. Concretamente, fue esta misma jueza la que permitió en otoño que un fiscal especial revisara las pruebas incautadas en Mar-a-Lago, dilatando el proceso judicial. Finalmente, su fallo fue revisado por un tribunal de apelaciones.

Cannon será la persona encargada de dictar sentencia en base a las opiniones del gran jurado, que debe estar formado por ciudadanos sin experiencia jurídica del Distrito Sur de Florida. Aunque todavía está por determinar, es probable que el jurado provenga del condado de Palm Beach, donde fue presentado el caso y donde Trump perdió contra Biden por 13 puntos en las presidenciales del 2020. Pero es posible que finalmente el lugar elegido sea el condado de Miami-Dade, por sus mejores condiciones para alojar el que se espera que sea uno de los juicios de más alto perfil de la historia de EEUU. Ahí, Trump perdió contra Biden por tan solo 7 puntos en las últimas elecciones.